24 de junio de 2016 17:33

La Supercom envió un llamado de atención a Ecuavisa por 'interrumpir' al ministro José Serrano

La Superintendencia de Comunicación e Información (Supercom) envió un llamado de atención al canal Ecuavisa. Foto: Archivo / EL COMERCIO

La Superintendencia de Comunicación e Información (Supercom) envió un llamado de atención al canal Ecuavisa. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Ana María Carvajal

Por una supuesta "interrupción" constante durante una entrevista al ministro del Interior, José Serrano, en el espacio de entrevistas matinal de Ecuavisa, la Superintendencia de Comunicación e Información (Supercom) envió un llamado de atención al canal.

En la carta, dirigida a Deborah Chiriboga, gerente de Contenidos Periodísticos del canal y firmada por Carlos Ochoa, superintendente, se argumenta que durante la conversación, en la que Alfredo Pinoargote era el entrevistador, no se permitió "concluir los argumentos expuestos por el funcionario".

En la carta también se señala que, además de varias interrupciones, al final de la entrevista se sobrepuso "incluso videos mientras el entrevistado hacía uso de la palabra".
Ochoa señala que el entrevistador se puso en una "posición privilegiada" y que usa "un método inadecuado, cuyo objetivo es imponer su criterio, propendiendo incluso a desprestigiar a su entrevistado.

La entrevista de la que habla la carta del Superintendente fue transmitida por el canal de televisión abierta el jueves 23 de junio del 2016. El documento, que fue firmado el mismo día, fue difundido el viernes 24 y se emitió con copia a Xavier Alvarado Roca, Alfonso Espinosa de los Monteros y Ricardo Vásquez.

Según Ochoa, entrevistas como la que cita en la carta "se alejan a los objetivos del reconocimiento de los derechos de la información y comunicación" y recalca que los medios son prestadores de un servicio público.

Además, Ochoa afirma que un entrevistador tiene la función de "guía hacia su entrevistado y conducción de los temas sin obstruir el derecho de este a opinar o informar, lo cual también vulnera el derecho de la ciudadanía informada".

El llamado de atención, finaliza la misiva, se respalda en el artículo 57 de la Ley Orgánica de Comunicación, que este 25 de junio cumplirá tres años de vigencia. Dicho artículo establece los procedimientos mediante los cuales tanto los ciudadanos como las instituciones oficiales pueden exigir el cumplimiento de obligaciones determinadas en la ley.

Allí se dice que la Superintendencia de la Información y Comunicación "podrá realizar comunicaciones y amonestaciones escritas a los administrados para llamar su atención sobre prácticas que deben ser mejoradas o corregidas porque ponen o pueden poner en riesgo el ejercicio de los derechos a la comunicación".

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