26 de febrero de 2015 18:19

Supercom remitió a la Fiscalía el expediente del caso Bonil

La Superintendencia de Comunicación (Supercom) envió a la Fiscalía el expediente de la última sanción al caricaturista Xavier Bonilla. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO.

La Superintendencia de Comunicación (Supercom) envió a la Fiscalía el expediente de la última sanción al caricaturista Xavier Bonilla. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO.

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Estefanía Celi R.

La Superintendencia de Comunicación (Supercom) envió este 26 de febrero de 2015 a la Fiscalía el expediente de la última sanción al caricaturista de El Universo, Xavier Bonilla, mejor conocido como Bonil. Esta entidad deberá investigar el cometimiento del presunto delito de discriminación.

El 13 de febrero del 2015, la Supercom sancionó al caricaturista y al rotativo por haber infringido la Ley de Comunicación en lo referente a publicación de contenido discriminatorio, en este caso de tipo 'socioeconómica'.

La notificación fue entregada hoy, 26 de febrero del 2015, por la tarde. Allí señala que la difusión de contenidos discriminatorios se realizó en contra el asambleísta Agustín Delgado y los colectivos afroecuatorianos, a pesar de que el legislador no participó en el proceso en la Supercom.

La causa se inició luego de la publicación, el 5 de agosto del 2014, de una caricatura que hacía referencia a los problemas de lectura del asambleísta Delgado, luego de que circulara por las redes sociales un video en el que se observaba al legislador en el Pleno de la Asamblea.

Con esto, la Fiscalía deberá iniciar una indagación previa para determinar si efectivamente se cometió o no un delito. El artículo 176 del Código Integral Penal (COIP) sanciona a quien propague, practique o incite a toda distinción, restricción, exclusión o preferencia en razón de nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad o estado de salud con el objetivo de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos en condiciones de igualdad, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

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