29 de diciembre de 2017 13:09

Supercom dice que respeta a Tribunal que falló a favor de EL COMERCIO, pero que recurrirá a todas las instancias para que su autoridad prevalezca

Carlos Ochoa fue entrevistado este miércoles 20 de diciembre del 2017 en  Teleamazonas. Foto: Archivo / EL COMERCIO

El Tribunal dejó sin efecto la sanción que el superintendente de la Información y Comunicación, Carlos Ochoa, impuso a Diario EL COMERCIO, en mayo del 2015. Foto: Archivo / EL OMERCIO

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Redacción Política

La Superintendencia de Comunicación (Supercom) emitió un comunicado sobre el fallo del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que el 22 de diciembre del 2017 dejó sin efecto la sanción que el superintendente de la Información y Comunicación, Carlos Ochoa, impuso a Diario EL COMERCIO, en mayo del 2015.

La respuesta de la Supercom se publicó en su página web, pocas horas después de que la noticia del fallo se hiciera pública. La Superintendencia “deja en claro que respeta dicho criterio legal, pero no lo comparte por lo que ha solicitado la respectiva aclaración, tal como permite la ley, lo que suspende la ejecución de la sentencia”, dice el comunicado.

Además, la Supercom menciona que la entidad “es respetuosa” del debido proceso y que, en el marco de la Constitución y las leyes, “recurrirá a todas las instancias que sean pertinentes a fin de que prevalezca la autoridad y los dictámenes, eminentemente legales, emitidos por esta institución”.

Comunicado Supercom

El 5 de abril de 2015, EL COMERCIO publicó un reportaje titulado: “El proyecto Coca-Codo tendrá un ajuste de USD 606 millones”. El reportaje reveló que la mayor hidroeléctrica del país tuvo un ajuste de precio de USD 606 millones, con respecto al costo anunciando inicialmente. Pasó de USD 2 245 millones a 2 851 millones, en menos de cuatro años.

El Ministro de Electricidad y Energía Renovable y el Gerente de la Empresa Pública Coca Codo Sinclair solicitaron una rectificación. Supuestamente porque la información era “inexacta” y faltaba a la verdad. EL COMERCIO contestó que contenía hechos basados en información presentada por el presidente de turno, Rafael Correa, correos electrónicos enviados a este Diario por el Gerente de Coca Codo Sinclair e información pública de los ministerios de Electricidad y de los Sectores Estratégicos. Tras la respuesta de este Diario, la Secom de la Presidencia intervino para solicitar que se publicara la rectificación. EL COMERCIO nuevamente presentó sus argumentos.

Entonces, el caso llegó a la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom). Ese ente consideró que el reportaje “distorsionó la verdad”, “sacó de contexto los datos” y emitió la Resolución No.021-2015-DNJRD-INPS de 12 de mayo del 2015.

Ahí se dispuso que se presente, por escrito, una disculpa pública al Ministro de Electricidad y Energía Renovable y al Gerente General Subrogante de Coca Codo Sinclair EP, así como la rectificación solicitada por las instituciones.

El Diario, en cumplimiento de la Resolución, publicó en la portada de la edición del 20 de mayo del 2015, una rectificación que llegó diagramada; con fotografía y bajo el título: “El Proyecto Coca Codo no tendrá un ajuste de USD 606 millones”. Y también fue difundida en el portal web.

Tras cumplir con la resolución, EL COMERCIO impugnó el caso ante la Justicia el 6 de julio del 2015. Tras dos años y cinco meses, el Tribunal Distrital falló a favor de este Diario, luego de analizar las evidencias presentadas.

Los jueces concluyeron que la Supercom impuso una sanción sin que existan los argumentos jurídicos. Según el Tribunal, el reportaje contó con todos los sustentos probatorios y estuvo debidamente contrastado.

En el fallo del Tribunal reza: “Se aprecia con claridad que en el caso no existió causal alguna para imponer la sanción al medio de comunicación, de la forma en que se lo ha hecho; vicio que afecta la validez del acto administrativo recurrido, el cual se agrava por cuanto la resolución recurrida (...) adolece del vicio de indebida motivación; pues en las consideraciones que expone prima una concepción profundamente subjetiva que desdice de la actividad encargada a la entidad emisora del acto administrativo, que por sus atribuciones de control, distribuidas en sus competencias de fiscalización y supervisión, tiene la obligación jurídica de generar objetividad en sus decisiones”.

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