El 7 de enero, Mauro Terán (c) compareció en la Unidad de Flagrancia de Quito. Foto: Fiscalía
La investigación contra Mauro Terán, detenido desde el 6 de enero por posible defraudación tributaria, se extiende a sus hermanos y a las personas que compraron 223 terrenos en una zona ubicada en Latacunga.
EL COMERCIO conoció esos detalles y accedió a los movimientos tributarios de Terán. Los datos recopilados señalan que el empresario canceló su RUC el 19 de marzo del 2012 y desde entonces no ha registrado actividades económicas ni ingresos por relación de dependencia o por su participación accionaria en alguna compañía.
La defensa del sospechoso ha dicho que el cierre de ese documento se dio porque su cliente ya no lo necesitaba.
Sin embargo, entre el 2014 y 2016 hay depósitos en sus cuentas bancarias por USD 5,5 millones, según la Unidad de Análisis Financiero.
El Servicio de Rentas Internas conoce que esas transferencias provienen de la venta de terrenos, que forman parte de un lote donado a Terán y a sus 11 hermanos por su padre, en el 2013.
Las investigaciones refieren que el procesado fue delegado por la familia para recibir en su cuenta los pagos por la venta de los predios, que iniciaron el 2014, cuando ya se legalizó la donación.
Además, existe un poder firmado por los 11 hermanos para que solo tres de ellos se encarguen, en cambio, de comercializar los lotes.
Hasta el momento, la familia ha entregado 223 terrenos por USD 5 millones, valor que coincide con los montos que Mauro Terán manejó en sus cuentas entre el 2014 y 2016.
Por eso, la Fiscalía y el SRI han descartado que la investigación al empresario esté relacionada con Odebrecht y el pago de sobornos a funcionarios ecuatorianos.
De la información a la que accedió este Diario, se conoce que la posible defraudación tributaria ocurrió porque la familia no declaró USD 1,3 millones en impuestos, generados por la comercialización de los 223 lotes.
Según la ley, las ganancias por la venta de bienes donados están exentas de cancelar impuesto a la renta; sin embargo, para las autoridades eso solo sucede cuando el negocio es “ocasional”.
“En este caso hablamos de 300 lotes que se vienen comercializando. Es obvio que no se trata de una actividad ocasional”, dijo Leonardo Orlando, director del SRI.
De allí que las investigaciones también se extenderán hacia las personas que compraron esos terrenos.
En estos días, un grupo de propietarios ya ha comparecido y no se han detectado irregularidades.
La idea es verificar si los pagos fueron por los valores que constan en las escrituras. Además, las autoridades indagan si todos los depósitos llegaron a la cuenta de Terán o si una parte recibieron sus hermanos.
El abogado del empresario apeló la prisión que pesa en contra de su cliente. Ese recurso se analizará este lunes 30, a las 14:30. Terán quiere defenderse en libertad.
El COIP sanciona la defraudación tributaria con cárcel de uno a siete años.