El servidor público cambió de hábito en las horas de almuerzo

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Santiago Ayala S. y Andreína Laínes 

Desde el 1 de enero, la mayoría de los servidores públicos dejó de recibir el valor correspondiente a alimentación diaria, aunque algunas entidades aún mantienen los contratos con las empresas de catering hasta mayo o junio.

La decisión había sido tomada por el Gobierno, en agosto del año pasado. En la circular emitida por el Ministerio de Relaciones Laborales a las entidades públicas en esa fecha se señaló: "los contratos celebrados (por servicio de alimentación) con anterioridad a la vigencia de esta norma continuarán con su ejecución hasta que se cumpla el plazo inicialmente estipulado, sin que pueda ser renovado bajo ningún concepto. (...) Posterior a esta fecha se procederá a la cancelación directa de USD 4 diarios, por los días efectivamente laborados, hasta el mes de diciembre del 2013, lo cual se reflejará en el rol de pagos por concepto de alimentación".

Desde este mes los burócratas dejaron de percibir el valor del almuerzo, lo cual ha sido rechazado por el representante de los servidores públicos, Miguel García. Él aseguró en su momento que el Estado pagaba USD 800 millones al año por la alimentación de los alrededor de 560 000 funcionarios públicos en el país. Sin embargo, el Ministerio de Finanzas rechazó esta aseveración y dijo que para este concepto se destina aproximadamente USD 21 millones anuales.

Pero amén del cálculo presupuestario, los burócratas han tenido que adaptarse desde este mes a no recibir el valor del almuerzo. Las estrategias adoptadas han sido diversas: desde llevar su propia alimentación desde la casa al trabajo hasta desayunar "sostenidamente" en casa y "aguantarse" para almorzar y cenar en una sola comida al final de la jornada.

A los del primer grupo pertenece Gabriel, burócrata desde hace 10 años. Durante estos últimos años de su carrera en el servicio público recibió mensualmente unos USD 70 por concepto de 20 almuerzos, por los días trabajados. Desde este mes dejó de disponer de este valor, por lo que decidió comprar los recipientes característicos para llevar el almuerzo al hombro.

Él dice que no le gusta, pero al hacer los cálculos vio que podría gastar unos USD 50 al mes llevando su propia comida en lugar de pagar los USD 3,50 que cuesta comer en un restaurante cercano a su trabajo. "He tenido que ajustarme un poco. Ojalá no nos hubieran retirado ese beneficio, pero ya está, toca ingeniarse para poder seguir adelante".

Eso contrasta con burócratas más jóvenes, como Diana, quien desde hace dos años trabaja en una de las dependencias estatales en Quito. Ella ha tenido que destinar una parte de su salario para la alimentación. Almuerza regularmente cerca de su oficina y paga USD 4,50 diarios. Los USD 90 al mes que gasta, si bien le han impactado en sus cuentas, no ha sido tan dramático. "La mayor parte de quienes vamos a almorzar son jóvenes funcionarios, con pocas cargas o responsabilidades familiares. Tenemos compañeros, en cambio, que sí les ha afectado y han tenido que ajustarse".

Entre ellos se incluye Raquel, quien se ha visto obligada a cambiar sus rutinas de alimentación, de tres a dos comidas al día. "Tengo dos hijas y debo pensar en ellas. Así que decidí llevar un sánduche o, a veces nada, hasta terminar la jornada. En la mañana desayuno bien en la casa y en la tarde y noche, después del trabajo hago una sola comida. No es lo ideal, pero no me queda otra opción, al menos hasta que mi situación económica mejore".

Entre los restaurantes, la situación es variopinta. Hay quienes han visto aumentar su negocio considerablemente, pero muchos, al contrario, registran menos ventas. Eso ocurre tanto en Quito, como en Guayaquil. Así, en un restaurante ubicado en el centro del Puerto, su propietaria cuenta que mantiene tres contratos con tres entidades del Estado, que suman unas 200 personas, pero finalizan entre mayo y junio.

Aún a diario llegan los servidores públicos, almuerzan y luego firman una hoja en la que se detalla el nombre y el logo de la institución. En agosto del año pasado, este local finalizó dos contratos; uno de ellos fue con la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Investigación (Senescyt). Perder estos contratos significó servir 200 platos menos. Este lugar presta servicios a instituciones públicas haces tres años.

La propietaria calcula una caída del 30% en sus ventas. Comenta que los burócratas tienen mayor poder adquisitivo que los privados y prefieren ir a otros lugares. El almuerzo cuesta USD 2,50.

En cambio, para Ángel Guzñay, propietario del restaurante Lian, ubicado a una cuadra del edificio del Ministerio de Relaciones Laborales, en Guayaquil, la medida le favorece. Él sirve desde inicios de enero unos 30 platos más, y comentó que su clientela se incrementó un 40%. Hasta allí llegan funcionarios, quienes por USD 2 acceden a una sopa, un 'segundo' y un vaso de jugo. Por ese precio el postre está descartado.

En Quito, la situación es similar. Los restaurantes cercanos a los edificios públicos registran menos comensales en estos días, debido a la falta de clientes.

la situación en varios locales Tatiana Mejía, propietaria del restaurante Greenólive, en el norte de Quito, con capacidad para 40 personas, no ha sentido el efecto de la medida. Según ella, al ser un local pequeño, el flujo de burócratas no se distingue tan fácil.

En el Tenedor Express, en Quito, tampoco ha habido un aumento de la demanda. La venta de almuerzos se ha mantenido durante estas semanas.

En el local Camila, en el norte de la capital, este mes la demanda de tarjetas de almuerzo se duplicó. Sin embargo, ya no se renovaron, lo que ha significado una caída con relación a los primeros días.

Los patios de comida de los centros comerciales se han constituido en los centros de almuerzo de los servidores públicos más jóvenes. Ellos acuden al menos dos veces por semana a estos lugares.

En el centro de Quito, donde están otras dependencias estatales, varios restaurantes que ofrecen almuerzos también han visto caer sus ventas.

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