1 de septiembre de 2014 00:05

Sentenciados por el 30-S analizan probable indulto

Aurelio Garófalo

Aurelio Garófalo (segundo a la izquierda) se reunirá hoy con los familiares de su defendido para tomar una posición. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

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Reds. Política y Seguridad (I)

La insinuación del presidente Rafael Correa sobre un indulto a los seis condenados por supuesto magnicidio se está deliberando. Durante el último enlace semanal, el Mandatario sostuvo que “podríamos pensar” en esa posibilidad.

Sin embargo, impuso dos condiciones para que eso pueda ocurrir. Una de ellas es que los sentenciados a 12 años de prisión por el Tribunal Séptimo de Garantías Penales de Pichincha ofrezcan disculpas públicas. Y la otra es que los familiares de las víctimas durante la crisis del 30 de septiembre del 2010 las acepten. Para el Presidente, “se logró determinar quiénes dispararon a mansalva (...) y también ordenaron matar al Presidente de la República. Felizmente ya se han establecido las responsabilidades”.

Aurelio Garófalo, abogado de uno de los seis agentes sentenciados, dijo que hoy mantendrá reuniones para definir cómo actuar. También mostró su inconformidad ante el anuncio presidencial. Su razón parece simple: “No se puede pedir perdón por algo que no se ha cometido”.

Para el abogado, la “catastrófica sentencia” se dio sin haber tenido prueba alguna y que está dejando cuadros de dolor en la familia del uniformado.

“La sentencia es el resultado de la mano política y no de los elementos técnicos y jurídicos. No hay prueba alguna que inculpe a mi defendido”, añade.

El jurista considera que las pruebas de la Fiscalía se refieren a uniformados enmascarados. Sin embargo, su cliente “estuvo allí de civil”, sostiene.

Procesan a exdirector de PJ

La semana pasada también hubo otras diligencias judiciales por el 30-S. El exdirector de la Policía Judicial de Pichincha, Víctor C. fue procesado por una presunta responsabilidad en la alteración de evidencias donde se desarrolló la sublevación policial.

La investigación se inició el 7 de marzo del 2012. Ese día, durante una reunión de trabajo, el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, pidió que se indagara la “desaparición de evidencias físicas” de la zona donde se registró la crisis.

29 meses después de esa disposición, la Fiscalía formuló cargos contra el oficial. A Víctor C. se lo procesó bajo el artículo 620.20 del anterior Código Penal. Allí se establece entre tres y 12 meses de prisión para el “servidor policial que ponga en riesgo la conservación de evidencias”.

Un comunicado del Ministerio Público señala que se investiga “quiénes fueron los funcionarios públicos que no evitaron que los trabajadores de Emaseo limpien el lugar de los hechos sin que antes se haya levantado la evidencia”.

Durante la indagación, el fiscal Fabián Salazar receptó varios testimonios. Entre ellos el de Augusto Barrera, quien se desempeñaba como Alcalde de Quito. El exfuncionario relató que “jamás se dio una disposición, orden o instrucción de limpieza”, según consta en un documento judicial.

Por su parte, Germánico Pinto, exgerente de la Empresa Municipal de Obras Públicas (Epmmop), declaró que un equipo de emergencia “estuvo atento” en el parqueadero de la Epmmop para retirar los escombros tras la sublevación.

Por ahora, el único procesado por la presunta alteración de evidencias es Víctor C. La instrucción fiscal por estos hechos se prolongará por los próximos 90 días. Entonces, la Fiscalía emitirá el resultado final de sus investigaciones.

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