16 de June de 2011 00:02

La violencia toca a extranjeros con asilo

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La pareja recibió 23 impactos de bala de dos desconocidos, mientras aguardaban en su auto el cambio de luces en un semáforo de las avenidas De la República y Eloy Alfaro. Se sospecha que se trató de un caso de sicariato.

Este no es el primer hecho que la Fiscalía investigue y en que personas con asilo han sido víctimas o presuntamente están involucradas en actos delictivos.

El fiscal de Pichincha, Marco Freire, reconoció que, si bien no dispone de cifras exactas, hay varios de estos casos que son investigados por las unidades de Homicidios y de Personas y Garantías; entre estos están robo, asaltos, estafa, homicidio y sicariato.

La Fiscalía 1 de la Unidad Especializada de Personas y Garantías, por ejemplo, impulsa casos como el de Óscar G., extranjero que fuera asesinado con un impacto de bala en la cabeza. El hecho ocurrió la madrugada del domingo 9 de mayo del 2010, en las afueras de una discoteca.

En las indagaciones se ha manejado la presunción de que se trató de sicariato, sobre todo tras las declaraciones de un testigo, en cuya copia de identificación aparece como refugiado. En su versión, incluida en un folio del caso que trata la Fiscalía 1, consta que a él le quisieron pagar USD 1 000 para que asesinara a Óscar G. y que él se negó al pedido.

Otro caso que investiga la Fiscalía 1 es el de Diego S., quien fue encontrado muerto en Lumbisí (oriente de Quito). Él presuntamente estaría implicado en el caso Píntag, relacionado con el hallazgo de un cargamento de droga camuflado en una plataforma. Y, ante el pedido de la Fiscalía, la Dirección Nacional de Refugio certificó que el hombre tenía refugio en el país.

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La Policía indaga si el doble crimen del sábado (murieron Ernesto P. y Jennifer G.) está vinculado al asesinato del policía Darwin Anrango, en el caso de Píntag. Según los agentes, Ernesto P. habría sido detenido en el pasado.

Asimismo, la Fiscalía investiga a Bolívar V., refugiado en Ecuador, del cual se desconoce su paradero. Él forma parte del proceso por el asesinato de un arquitecto, en un asalto ocurrido en el sector de la Real Audiencia (norte de la capital), el 9 de mayo del 2010.

La víctima recibió un disparo en la cabeza, mientras un desconocido le quitaba una maleta, en la que presuntamente llevaba dinero para pagar el salario semanal de obreros en una construcción.

Javier Bósquez, agente fiscal 5 de la Unidad de Personas y Garantías, dijo que de los tres casos que le fueran asignados entre el lunes y el martes, hay extranjeros sospechosos y uno de ellos es refugiado.

Un caso que el año anterior investigó este Fiscal fue el de una red de usura que operaba en Quito, con un capital de USD 1 581 775 y prestaba al 20% de interés. Según Bósquez, de 39 personas detenidas, 20 tenían documentos de refugiados y 15, visa de amparo.

El 25 de octubre del 2010, el Juzgado IX de lo Penal de Pichincha sentenció a prisión a uno de ellos. Además, 14 aceptaron su participación como emisarios, a cambio de comisiones y salarios. Se les impuso una suspensión condicional: presentación periódica ante el Juez, no cometer delitos y tratamiento psicológico.

En tanto, Vicente Reinoso, agente fiscal 1 de la Unidad de Personas y Garantías, aseguró que muchos testigos se niegan a acudir a la Fiscalía a dar sus versiones por temor ante las amenazas que reciben. Otros, en cambio, piden que no se incluyan direcciones domiciliarias y más datos personales para evitar riesgos.

El Director de Refugio reconoció que no se puede evitar que entre los refugiados haya quienes cometan actos ilícitos. Pero que el porcentaje es insignificante, aunque dijo que, a pedido de la Fiscalía, de enero a abril se emitieron al menos 20 certificaciones sobre refugiados que son indagados.

Josep Herreros, jefe de Unidad de Quito del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), dijo que “no se puede generalizar ni culpar a toda la población refugiada porque hayan algunos involucrados con actividades delictivas”.

Pero Bósquez cuestionó que “no hay suficiente rigurosidad en la entrega de los carnés de refugiados, sobre todo en las provincias fronterizas con Colombia”.

Al respecto, José Sandoval señaló que “esa afirmación no tiene sustento, ya que se trata de un proceso exhaustivo que empieza con una entrevista para que el solicitante argumenten el peligro para sus vida. Cada caso es analizado por una comisión integrada por delegados de Cancillería, Ministerio del Interior y otros”.

Según Herrero, “tampoco existe abuso sistemático del recurso refugio por redes y organizaciones delincuenciales. Lo último que quieren ellos es ser registrados con fotos y huellas dactilares”.

Bósquez aseguró que la Policía de Migración ha reportado casos de refugiados que dejaron Ecuador. Según Sandoval, hasta abril se detectó al menos dos personas que falsificaron los permisos de salida excepcional. “Estos perderán su condición y a su retorno serán rechazados”. Hasta hoy ningún refugiado ha sido deportado.

Según el funcionario, hay “casos de abuso de personas que vienen sin tener ningún riesgo, solo con fines económicos. No se da curso a su petición”. Quito y Bogotá pulen un plan para compartir las bases de datos del DAS (Colombia) y del Registro Civil.

Puntos de vista

Juan Villalobos / Servicio Jesuita
'No se debe meter a todos en un mismo saco'
El hecho de ser refugiados no implica que todos van a cometer delitos. Lo que haga la persona reconocida con ese estatus
(si comete un ilícito), debe ser penado por la Ley de igual forma como se lo hace con un ecuatoriano. Los refugiados no están exentos de cumplir con la Ley. El refugio no es una carta abierta para cometer delitos. El problema radica en que se trata de meter en un mismo saco a todos los refugiados.

José Ayala Lasso/ ex Canciller
'Algunos aprovechan la figura para delinquir'
Si hay personas que realmente necesitan el refugio y vienen al país a trabajar, pero otras que no lo necesitan logran vencer los controles existentes y vienen con otros propósitos. Yo creo que es necesario revisar el control que realiza la legislación ecuatoriana para ser más severos a la hora de calificar los requisitos para obtener la condición de refugiados. El problema es que algunas personas se aprovechan de esta figura para delinquir. Eso preocupa.

Sonia Andrade/ DD.HH.
'Se deberían configurar estrategias bilaterales'
El problema también radica en que no hay un control efectivo (en las fronteras). Se deberían configurar estrategias bilaterales para verificar si las personas que solicitan refugio tienen antecedentes en sus naciones de origen.Eso debería ser aplicado con todos los países, no solo con los vecinos. Ecuador y Colombia podrían tener una base de datos conjunta para verificar el pasado judicial de la gente.

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