22 de February de 2012 00:00

Las víctimas padecen en la Policía Judicial

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La sangre manchó el adoquín y las paredes. Esas huellas del ataque armado a Ernesto quedaron impresas en 25 fotografías. Pero estas no fueron tomadas por los policías que ese lunes de carnaval (2009) levantaron el cadáver del adolescente, sino por su hermano.

Tres años después, la sentencia para el único detenido por el crimen no llega y José A. (nombre protegido del padre) recuerda que esas fotos fueron claves en el momento de investigar el asesinato de su hijo, quien murió con un puñal en el corazón. “Cuando llevaban el cuerpo en la camioneta de Criminalística llamé a mi segundo hijo y pedí que saliera con la cámara y que tome todo lo que quedó como evidencia”.

¿Por qué lo hizo? “Porque me dijeron que ese día hubo como 11 muertos en la ciudad y los policías estaban apurados. Cogieron a mi hijo y se fueron”. ¿Por qué son claves esas fotos? “Porque con eso descubrimos que la primera huella de sangre salió de una casa y ahora sabemos que el detenido estaba en ese lugar”. ¿Si no había esas pruebas? “Talvez el caso hubiese quedado ahí”, dice José.

En la Policía Judicial (PJ), las explicaciones sobre la investigación de los delito son casi escuetas.

El jefe de Pichincha, Carlos Alulema, está molesto. Aclara que han logrado esclarecer la mayoría de hechos. Precisamente la semana pasada se reveló el caso del sociólogo Marco Velasco. Él fue asesinado en Quito, el pasado 23 de diciembre y sus familiares cuestionan la investigación policial. Según los deudos, el proyectil que tras el ataque armado se metió en el tablero del vehículo en el que se trasladaba el ahora fallecido lo halló un mecánico y no los investigadores de la PJ.

De hecho, en el informe de inspección ocular técnica número 606-2011 los agentes señalan que solo encontraron “un orificio de similares características al producido por el paso de un proyectil de arma de fuego”. La semana pasada, el hijo de Velasco, Santiago, hizo más revelaciones: “Pregunté si se recuperó la bala que mató a mi papá, ni siquiera el agente que lleva el caso supo responderme (...). En el protocolo de autopsia se indica que se encuentra un proyectil de arma de fuego en la cara posterior tercio externo de la clavícula izquierda del cuerpo de mi padre. Yo entendería que eso significa que Medicina Legal halló la bala. A casi dos meses del crimen, ni siquiera eso tienen claro los policías”. Santiago Velasco sostiene que esto es negligencia.

José A. cree que en su caso ocurrió lo mismo, pues advierte que tras el crimen de su hijo los agentes no cercaron el lugar del hecho y las evidencias estaban por desaparecer. “Cuando vieron que había sangre en la calle, unas señoras estaban a punto de limpiarla con agua. Mi hijo lo impidió”.

La crítica internacional

Las observaciones al trabajo de la Policía no son de ahora. El 15 de julio del 2010, el relator especial para las ejecuciones extrajudiciales de las Naciones Unidas, Philip Alston, sostuvo que el sistema judicial de Ecuador “consiste en un servicio policial que en escasas ocasiones realiza una investigación seria y sustanciada de los homicidios”. Y que “las estimaciones proporcionadas por las autoridades gubernamentales indican que sólo el 1,3% de las muertes denunciadas a la Policía terminó efectivamente en sentencia condenatoria”. Pero Alulema aclaró que la PJ de Pichincha “está bien” y que Alston es un “extranjero que hace un par de averiguaciones y elabora un informe para justificar su alto salario”.

En un informe que la Fundación Marcha Blanca publicó el 24 de mayo del 2011 se advierte que “si bien los hechos delictivos y de violencia se han incrementado, no existe una relación directa con las denuncias ante la Fiscalía y la Policía debido a la percepción ciudadana de que en estas instancias prima la corrupción”.

Esta afirmación se confirma en la Encuesta de victimización 2011 (Quito). En ese documento se asegura que el año pasado el 82,9% de las víctimas no denunció el hecho y que no lo hizo, entre otros aspectos, por falta de confianza en los uniformados.

Marlene E. (nombre protegido) cuenta que sintió aquello. Tras el asesinato de su madre en el norte de Quito comenzó las investigaciones en la PJ, pero recuerda que estas no avanzaron y que eso la obligó a contratar un detective privado por USD 6 000.

Justamente fue él quien accedió a los microfilms de un banco privado en donde los desconocidos cobraron USD 9 000 en tres cheques que le robaron tras asesinar a la mujer de 84 años.

José A., en cambio, por su cuenta inició la búsqueda de los sospechosos. Viajó por provincias y como mendigo se metió en zonas peligrosas, en donde creyó que estarían los supuestos culpables.

Uno de ellos fue detenido recién el 11 de enero pasado.

Marlene E. es categórica: “Si no se tiene palancas, si la familia no está detrás (del agente) no hacen nada y todo puede quedar allí”.

Aunque no hay estudios recientes, en uno realizado en el 2009 por la misma Policía se indica que ese año cada investigador de la Policía Judicial recibió un promedio de 32 causas, pero apenas resolvió cinco. ¿Por qué ocurre aquello? El experto en derecho internacional humanitario, Ricardo Camacho, explica que esto sucede por una “falta de acuerdo con la Fiscalía y por el personal deficientemente capacitado”.

Además, dice que la Policía “solo resuelve los casos mediáticos, los que sale en la prensa”.

El presupuesto de la PJ

Otra persona que conoce por dentro a la PJ es Mario Segovia. Por cuatro años y medio fue director por del departamento de Política Criminal de la Fiscalía y hace cinco meses dejó el cargo.

Según este ex funcionario, a los agentes les es difícil resolver las denuncias porque carecen de “laboratorios, insumos y medios logísticos adecuados”.

En el Plan estratégico de la PJ 2010-2014, en el que participó Camacho, se dice que en el país este ente tiene dos laboratorios de criminalística, 17 unidades de apoyo para esa área, dos departamentos médico-legales y dos unidades de inspección ocular.

Pese a las carencias, el presupuesto de la Dirección Nacional de la PJ bordea los USD 12 millones. Según Segovia, ese monto es insuficiente y alcanza solo para gasto de servicios básicos, como el pago de luz, agua y teléfono.

Pero hasta el 2010, la Policía Judicial no tenía ingresos sostenidos y se financiaba con el remate de objetos recuperados y especies para récords policiales. Eso equivalía a un promedio de USD 8 millones al año.

¿Cuál es la respuesta de la Policía? El director nacional de la PJ, coronel Fabián Solano de la Sala, citó a este Diario a su oficina el viernes, pero luego dijo que estaba en reuniones. El coronel Alulema, en cambio, es escueto en su explicación. Sin especificar detalles asegura que ahora sus hombres tienen celulares, cámaras de fotos y de video para ir a las escenas del delito y recoger las evidencias. Pero reconoció que los equipos “nunca son suficientes” y que “ninguna Policía del mundo tiene lo suficiente para investigar”.

Una Ley para agentes

El jefe de la PJ de Pichincha, coronel Carlos Alulema, dice que solo el 10% de los agentes que operan en esta provincia tiene cámaras fotográficas.

Estas sirven para recoger evidencias en el lugar de los hechos.

En la Asamblea reposa el proyecto de Ley del Código Orgánico de entidades de seguridad. Allí se plantea la creación del servicio civil de investigación.

El experto Ricardo Camacho dice que es acertado el pago por información (Más buscados), pero que ahora se captura a personas y no a bandas organizadas.

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