13 de March de 2010 00:00

La víctima de delito se desencanta en la PJ

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Geovanny Tipanluisa.

Aún temerosa, María S. llega a la Policía Judicial de Pichincha (PJ). Con voz entrecortada explica que detrás de ella viene un policía de Tránsito, quien cinco minutos antes detuvo a un joven que le arranchó el celular en el sector de El Tejar (centro occidente de Quito).

Mientras la señora de 72 años da más detalles de lo ocurrido esa mañana del miércoles, una persona delgada cubierta con capucha se sienta en el piso de baldosa. María S. mira al joven y dice: “Él me arranchó el celular mientras hablaba con mi hijo”.

El jefe de la PJ, Víctor Hugo Baquero, reconoce que diariamente al menos 20 personas son detenidas por delito flagrante, como el cometido por Jefferson T.

El Código Penal determina que delito flagrante es aquel que se comete en presencia de una o más personas o cuando se descubre al autor del hecho inmediatamente después de su cometimiento.

A las 08:45, María S. y dos de sus familiares ingresan a las congestionadas oficinas de la PJ. Esperan más de dos horas pero el parte todavía no está elaborado. La señora se niega a seguir allí y prefiere abandonar el trámite. “Mucho se demora esto y no sirve de nada. Ya mismo sale y vuelve a robar a la gente. No vamos a ganar nada”.

Según el Ministerio de Gobierno, 15 622 personas fueron detenidas en el 2009 en el país en delito flagrante, pero 6 737 fueron liberadas en la audiencia de formulación de cargos.

El informe de Gobierno revela que en Guayas y Pichincha se registra la mayor cantidad de detenidos en delito flagrante y también un alto número de liberaciones (ver cuadro adjunto).

Los fiscales y jueces especializados en estos delitos trabajan en el mismo edificio de la PJ de Pichincha. En una pequeña oficina, el juez vigésimo de Garantías Penales, con competencia en delitos flagrantes, Pablo Hernández, sostiene que los casos no se resuelven, porque los perjudicados no presentan las denuncias o porque, “cuando lo hacen, desaparecen y nunca más vuelven”.

El penalista Gilberto Carrasco reconoce el temor que las personas tienen a posibles represalias de los delincuentes; “pero no debería ser así, tienen todas las garantías para denunciar”.

Un familiar de María S., quien también es abogado, piensa igual y convence a la mujer para que espere y presente la denuncia. Luego de elaborar el parte, el policía a cargo del caso le dice que el proceso no irá a la Fiscalía, porque el celular que intentó robar el joven cuesta menos de USD 654.

El Código Penal determina que el robo por menos de esa cuantía es hurto. El caso de María S. pasó a la comisaría para ser juzgado como infracción flagrante.

Roxana P., quien está a dos metros de María S., desconfía del sistema. Recuerda que el año pasado, mientras miraba televisión a las 21:00, dos personas ingresaron a su domicilio en el barrio Calderón (norte de Quito).

Los desconocidos sacaron pistolas y amenazaron con matar a ella y a su esposo. Luego ataron de pies y manos a la pareja y se llevaron electrodomésticos, joyas, utensilios... “Vine y denuncié. Al siguiente día detuvieron a esas personas, pero luego los vimos por el barrio; salieron libres”.

Roxana P. vive cuatro años en Quito, aunque nació y creció en Guayaquil. Hace siete años en esa ciudad sufrió otro asalto y tampoco se condenó a los malhechores.

Si los afectados siguen la causa, esta pueden pasar a las salas respectivas, dice Carrasco. La jueza décima de Garantías Penales, Noemí Santillán, trabaja en el segundo piso del Palacio de Justicia y muestra cifras. “De todos los delitos flagrantes solo el 1% termina en sentencia”. En el resto de casos -dice- “los fiscales no muestran en derecho las responsabilidades”.

Eso sucedió con Roxana P. “Los policías detuvieron a los ladrones en una casa de Carapungo, con todas las cosas, pero no pasó nada”.

En la PJ, Iván Roon es el fiscal coordinador de la Unidad de Delitos Flagrantes de Pichincha. En robos como el ocurrido con Roxana P. él investiga y presenta las pruebas para que los jueces den una sentencia. Dice que no ve problemas, pues “de los siete u ocho casos que por delito de flagrancia se conocen cada día, los fiscales resuelven todos”.

María S. espera que eso ocurra con su denuncia. Mientras hace los trámites, el joven que intentó robar su celular permanece en las vacías y frías celdas de la PJ, en el subsuelo del edificio de la Juan León Mera y Roca. Cerca de las 11:00, un policía lo lleva a la pequeña y calurosa oficina de la Comisaría. Diez minutos después, el comisario de turno, Julián Tamayo, dictamina la sentencia: siete días de arresto en el Centro de Detención Provisional (CDP).

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