6 de February de 2012 00:01

La veeduría de la justicia, cuestionada

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[[OBJECT]]Las veedurías calificadas para observar el trabajo del Consejo de la Judicatura (CJ) dejan ver más vacíos.

Ahora, las denuncias surgen del mismo grupo. Carlos Coloma, uno de los 903 veedores inscritos a escala nacional, reveló al menos tres supuestas anomalías que -según él- equivalen a nulitar el nombramiento de sus representantes en Pichincha y en el país.

¿Cuáles son esos problemas? Con informes oficiales, Coloma muestra cómo unos 175 veedores fueron avalados pese a que registraron solo nueve de los 10 dígitos de su cédula de identidad.

En otros casos, los nombres que constan en ese documento no coinciden con los que aparecen en el registro oficial de las veedurías.

Además, advierte que la coordinadora de Pichincha, María Quishpe, está identificada con funcionarios de Gobierno. En una escueta declaración, la dirigente reconoció aquello y dijo que eso “es público”. De hecho, en el boletín número 858 de la Constituyente del 2008 se indicó que una delegación de mujeres llegó a Ciudad Alfaro para pedir que “se considere el fortalecimiento del Estado laico”. Allí se identificó a Quishpe como parte de la delegación, y se advirtió que al menos una asambleísta oficial estuvo en la mesa donde se dio la rueda de prensa.

Otros documentos públicos también revelan que Quishpe ha participado activamente en eventos organizados por funcionarios de Gobierno en temas como el de migrantes. Uno de esos actos se concretó el 9 de octubre del 2010 en un hotel del norte de Quito.

Pero este no es el único caso de veedores de la justicia identificados con el oficialismo. Hace 19 días, el dirigente campesino Rodrigo Collahuazo reconoció tener “excelente relación” con el presidente Rafael Correa. Pero aclaró: “No se trata de un apoyo a una persona, sino de un apoyo al proceso político que siempre impulsamos, como es la revolución ciudadana, revolución social, revolución comunitaria”.

Pese a que reconoce no estar calificado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) advierte ser veedor activo.

A mediados del mes pasado, en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en donde se desarrollaban las audiencias públicas para los entonces candidatos a jueces, Collahuazo incluso almorzó con los tres vocales del Consejo Transitorio.

Luego, la Judicatura envió fotografías del dirigente campesino posando con los funcionarios detrás de una mesa servida.

El presidente de la Judicatura, Paulo Rodríguez, sostuvo que no le ubica personalmente a Collahuazo y luego aseguró: “Son ciudadanos que solicitan información y nosotros la damos porque somos transparentes”.

Coloma es tajante en sus cuestionamientos: “Tal y como se están manejando las cosas, la veeduría no es nada transparente”.

En medio de estos cuestionamientos, el CJ nombró a los nuevos jueces nacionales. Por lo menos seis de los nuevos magistrados tendrían nexos con el oficialismo.

Pero el juez Álvaro Ojeda dice no tener vínculo alguno con el ministro del Interior José Serrano, quien en el 2007 fue su jefe en Andinatel. “Fui abogado de la gerencia de estudios jurídicos de la ex Andinatel, de abril del 2007 a agosto del 2007. Eso es, durante menos de cinco meses, tiempo en el cual el doctor José Serrano era vicepresidente jurídico y él renunció el 18 junio del 2007. Por lo que yo coincido (con Serrano) como un abogado más durante menos de tres meses”.

Luego dice: “Yo no tengo ni he tenido ningún tipo de relación personal con el doctor Serrano. Mi designación como juez nacional la debo únicamente a mis méritos profesionales y académicos de más de 21 años de correcto ejercicio profesional y a mis cinco títulos de mis cinco títulos académicos de cuarto nivel”.

Pese a que han transcurrido 11 días de la posesión de la Corte, veedurías como a la que pertenece Collahuazo aún no presentan el informe del proceso. Esto, pese a que dijo que lo haría la semana pasada. Ayer sostuvo que espera que la Judicatura le envíe mañana la información que le permita elaborar el documento final.

Los vocales de la Judicatura han defendido la selección de magistrados y el viernes de la semana pasada también nombraron a 91 jueces de la Niñez y Contravenciones para el país (ver cuadro).

¿Qué ocurre con la veeduría internacional? El juez español Baltasar Garzón, quien encabeza este grupo, llegó a Ecuador un día antes de que sean posesionados los nuevos jueces nacionales.

Allí adelantó que desde marzo visitará Ecuador con mayor frecuencia e hizo otros importantes anuncios: “La veeduría internacional está analizando todos y cada uno de los elementos que se han tenido en cuenta para hacer las evaluaciones”. Y aseguró que también observará las denuncias presentadas por los parlamentarios u otras personas.

Precisamente en ese día, Andrés Páez (ID) presentó dos acciones judiciales “tendientes a demostrar las irregularidades cometidas por la Judicatura en la conformación de una parte de la Corte Nacional de Justicia”.

La inversión

La  veeduría del proceso  de reforma de la justicia  se ejecuta con un presupuesto superior a los USD 500 000.

En  su última visita al   Ecuador, el   ex juez español  Baltasar   Garzón dijo  que el trabajo de la veeduría internacional   no es el de “ser vigilantes” del proceso de la justicia local, sino “dar una opinión sobre si lo que se está haciendo se acomoda al mandato constitucional y el mandato extraído del referendo”.

En  el acto de jura de los   nuevos jueces, el  presidente  de la República,     Rafael Correa,  anunció que el Estado invertirá el 15%  de su presupuesto en la transformación   ‘radical’  del sistema judicial a escala nacional.

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