19 de December de 2012 00:02

Veedores locales denunciaron falta de acceso a datos judiciales

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Las veedurías provinciales posesionadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) para observar la reforma judicial denunciaron ayer la falta de información desde el Consejo de la Judicatura (CJ).

Los coordinadores de Pichincha, Sucumbíos y Tungurahua aseguraron que la falta de datos hizo que sus informes no se entreguen el 30 de noviembre, como lo pidió el Cpccs. Mientras que el grupo de Esmeraldas sí remitió el documento, pero lo hizo parcialmente.

En Sucumbíos y Tungurahua, los coordinadores dijeron que, por ejemplo, los costos de las edificaciones lo conocieron apenas el día en que la Judicatura inauguraba las nuevas oficinas judiciales.

Carlos Jordán, representante en Lago Agrio, dijo que desde su posesión (hace seis meses) realizaron pedidos de información a la Judicatura provincial, pero que no hubo respuestas.

Estos requerimientos se relacionan con planos arquitectónicos, costos por metro cuadrado de las construcciones, adjudicación decontratos, etc. Pero explicó que se les negó todo y que la información debía pedirse a la Judicatura Nacional, en Quito.

Luis Naranjo, presidente del Consejo de la Judicatura en Sucumbíos, explicó que los seis ejes para reformar la justicia se han manejado desde la capital.

Es decir, toda la información relacionada con el área de Talento Humano, Modelo de Gestión, Infraestructura Civil y Tecnológica, Gestión Financiera Equitativa y Cooperación Interinstitucional no reposa en sus oficinas, sino en la sede central de la Judicatura.

Sin embargo, Naranjo indicó también que los datos relacionados con sumarios administrativos e ingreso de personal sí se han entregado a la veeduría local.

Desde Esmeraldas, en cambio, se dijo que también hubo problemas, pero que el caso deberá tratarse en una asamblea entre todos los observadores de esa provincia.

En Tungurahua, el coordinador Carlos Salcedo, solicitó datos sobre la creación de edificios en Baños, la adjudicación de los terrenos para los edificios en Ambato y Pelileo, pero indicó que hasta el momento no hay respuesta.

“Pedimos información desde que yo asumí la coordinación, hace seis meses. Hasta envié tres informes al ingeniero Paulo Rodríguez, luego de que no hubo respuesta en Tungurahua”, recordó.

Según Salcedo, el 4 de octubre, en una visita que hizo Rodríguez a Ambato, él le aseguró que la información debía solicitar a través de la Coordinación de la veeduría en esa provincia. Por estas dificultades, de las 50 personas que comenzaron el trabajo de vigilancia apenas quedan cuatro.

En el caso de Pichincha, Carlos Coloma, coordinador de la veeduría, explicó que la Judicatura sí ha respondido los pedidos de información, pero que lo ha hecho de forma lenta. Por este motivo -dijo- que aún no reciben todo el material para redactar el informe final. También aseguró que se le ha negado el acceso a la construcción del complejo judicial de El Pedregal, obra que hasta el momento está suspendida y que desde este mes debía convertirse en el área judicial más grande de Quito.

Las tareas se pararon luego de las denuncias que se hicieran por la falta de permisos municipales.

El vocal del Cpccs, David Rosero, señaló que la Judicatura también tuvo retrasos en la entrega de información a la veeduría internacional presidida por Baltasar Garzón.

El ex juez español presentó su informe la semana pasada y allí hizo revelaciones y cuestionamientos en torno a la independencia judicial, selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia.

Incluso dijo que los documentos sobre obras judiciales llegó tarde e incompleta.

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