16 de August de 2010 00:00

Vayas: El informe de la ONU es un pasquín

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Redacción Sierra Centro

Una mujer se detiene en la puerta de la Confederación de las Juntas de Defensa del Campesinado del Ecuador, en el centro del cantón Quero, en Tungurahua. El diálogo de dos hombres la obliga a esperar, en silencio.

Uno de ellos es Raúl Macario Vayas. Él es el presidente de la organización, a la que se le atribuye el papel de una justicia paralela en el área rural de 10 provincias. Norma S. (nombre protegido) lo sabe, por eso está allí. Vayas la observa y eso la anima a entrar de una vez en la oficina con techado de fibrocemento. La mano le tiembla al saludarlo. El hombre que acompaña a Vayas es el asesor jurídico de esa organización. Descansa en una silla metálica recubierta en cuero, detrás del escritorio grande de madera.

Norma S. es trigueña y gruesa, respira con dificultad y dice lo justo para presentar su caso: “Vendo en el mercado (de Ambato) desde hace más de 10 años. Susana M. (nombre protegido) no quiere pagarme 7 500 dólares que le entregué en mercadería en el 2008. Llevo seis meses gastando plata en un juicio y la justicia no me favorece a pesar de que tengo las pruebas del delito”.

De su chompa deportiva saca una carpeta de cartulina donde hay cheques protestados y escritos malogrados con firmas y sellos. Vayas, antes de leerlos, mira fijamente a la mujer. Pasa revista a cada hoja con lentitud.

Entonces, Norma S. se da cuenta del entorno. En las paredes de bloque blancas se exhiben cinco reproducciones de fotografías del guerrillero Ernesto ‘Che’ Guevara. También hay una imagen de Vayas, en la cual luce una boina negra con una estrella de cinco puntas y una pañoleta roja en el cuello. La leyenda que corona la foto, en letras mayúsculas, es su seudónimo: ‘El Justiciero’.

Luego de 10 minutos, Vayas se dirige a la mujer: “Presente la denuncia y una solicitud pidiendo la intervención de las Juntas del Campesinado. En estos casos no se aplica la fuerza. Nuestro asesor jurídico conversará con los involucrados para lograr un acuerdo amigable”. La mujer lo mira con impotencia, entonces él añade: “Si no hay respuesta, la retendremos por unas horas hasta que se solucione el problema. No es secuestro, como se dice, es una detención para que responda por sus actos. No es posible que haya injusticia en la propia justicia”.

Los procedimientos de las Juntas del Campesinado se preservan pese a que en julio fueron cuestionados en un informe por el relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston.

Según Alston, las juntas cumplen en la práctica con las funciones de la Policía y del sistema de justicia, “pero para ello se valen de la intimidación y de la violencia”.

El informe refiere que las Juntas de Defensa del Campesinado agrupan a 20 000 individuos en Ecuador. Vayas dice que más bien son 2,7 millones de hombres y mujeres. Ellos tienen la capacidad de movilizarse y autoconvocarse con rapidez. Hace 47 años se formaron para combatir el abigeato (robo de ganado) en el campo. Desde entonces, patrullan las comunas de 22:00 a 03:00.

Han ampliado sus competencias para erradicar otros delitos en el área rural, dice Vayas, “debido a la escasa presencia policial en los sectores marginales, a la lentitud y a la corrupción en la justicia”. Con esto último ganaron seguidores entre los comuneros, pero también detractores. Las normativas jurídicas de sus actividades no están claras.

En la sede de la Confederación se siguen coordinando las rondas nocturnas, se hacen careos y se atienden denuncias particulares para el cobro de deudas atrasadas y litigios de tierras. Vayas no huye de la prensa. Le agrada que le tomen fotos y que le pregunten de su estilo de vida, del ‘Che’. Es un hombre de campo, alto, delgado y mueve sus manos al hablar.

El controvertido personaje surgió de las comunas del cantón Quero. Desde el 2003 se mantiene como presidente de este conglomerado, presente en 700 comunas de Chimborazo, Bolívar, Tungurahua, Pichincha, Guayas, Los Ríos, Pastaza, etc.

Lo han tentado para intervenir en la política, incluso hay candidatos que utilizan su foto para promocionarse; él no se incomoda. Le disgusta que los califiquen como ‘paramilitares’ (fuerza que se toma la seguridad en nombre del Estado). “¿En qué parte del país nos han encontrado arsenales de armas, por lo menos una?”, reclama. “Se trata de satanizar nuestro trabajo transparente que realizamos desde 1963. No tenemos formación militar ni campos de entrenamiento. Tratan de hacer con nosotros una película de terror”, asegura Vayas.

En su informe, el relator de la ONU dice que “las juntas rurales desempeñan un papel clave en la ley y el orden rurales”, especialmente porque buscan “promover el desarrollo rural y prevenir el robo de ganado en zonas que cuentan con una presencia mínima de la seguridad del Estado”.

No obstante, Alston pone serios reparos a los excesos: “Cuando a un individuo se le acusa de un delito, las juntas pueden llegar a golpearlo, secuestrarlo, quitarle sus propiedades o sus tierras o, en algunos casos, a matarlo”.

“En general las víctimas son pobres o son personas cuyos intereses entran en conflicto con los de los miembros de las juntas locales, por ejemplo, en materia de tierras”. Hay “personas que habían sido secuestradas, golpeadas y forzadas a dejar sus pueblos o ciudades con amenaza de muerte, o cuyos familiares han sido asesinados”, dice el Relator.

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos ha registrado 47 acusaciones contra las Juntas, que incluyen a 87 víctimas por violación al derecho de privacidad, tortura, trato degradante, homicidios y desapariciones. Alston denuncia que quienes documentan abusos por parte de las juntas han recibido amenazas.

La Corte Provincial de Justicia de Tungurahua ha recibido más de 10 denuncias contra Vayas. Seis fueron archivadas por falta de evidencias y porque quienes las presentaron enviaron escritos de desistimiento.

Alston, en el informe, manifiesta su sorpresa porque en “este momento hay un gran número de casos contra miembros y líderes de las juntas en el sistema judicial, pero parece que no avanzan”.

En septiembre del 2006, Vayas estuvo preso por más de una semana por supuestamente participar en el plagio de varios miembros de una familia. Los líderes de las Juntas se organizaron en asambleas y lograron liberarlo.

En la Corte, los funcionarios tienen temor de buscar esos casos. Cuando escuchan el nombre de Raúl Vayas prefieren no hablar. Los jueces no dan entrevistas y en la Fiscalía ocurre algo similar.

Vayas califica al informe de Philip Alston como “un pasquín. Nos enjuician porque defendemos la legitimidad de las personas que tienen la razón en derecho. La lengua es peor que un misil. Puede hacer catástrofes”.

En Quero, él recomienda a Norma S. que vuelva en cuatro días para darle un resultado. La mujer sonríe por primera vez. Propina un largo apretón de manos, inclina la cabeza y después se aleja.

Qué dice la ONU

Philip Alston. Relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales

Posibles excesos

El 15 de julio, Alston dijo que, según víctimas, “cuando a un individuo se le acusa de un delito, las juntas pueden llegar a golpearlo, secuestrarlo, quitarle sus propiedades o sus tierras o, en algunos casos, a matarlo”. Recomendó aumentar el número de jueces y protegerlos en áreas remotas.

‘Justicia’ paralela

El Relator reseña que oficiales de la Policía indicaron que en ocasiones se había dado uniformes a las juntas, para la ‘seguridad rural’. Según Inteligencia, las juntas están bien organizadas y aplican su propia ‘justicia’ paralela e imparten sus propios castigos.

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