El presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), José Vicente Troya, pidió ayer que se respete la independencia de la Función Judicial.
El pronunciamiento lo hizo tras conocer la posición del secretario jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera. Él señaló anteayer que el Consejo de la Judicatura (CJ) “tiene plena autoridad para regular a la Corte”.
El 22 de abril, el CJ destituyó a Luis Abarca, Máximo Ortega y Edwin Salazar, judiciales de la II Sala Penal de la CNJ, porque en el 2009 liberaron a Jorge Reyes Torres, acusado de narcotráfico.
Durante 24 minutos y sin referirse directamente a Mera, Troya dijo: “Esta Función no puede estar sujeta a influencias de ninguna especie, de ningún funcionario público (…) Las declaraciones que realice cualquier persona no son aceptables”.
Ante la interrogante ¿qué opina de que el Secretario Jurídico de la Presidencia inclinó la balanza a favor del CJ?, Troya dijo: “Por eso he convocado a esta rueda de prensa; para exigir independencia para los jueces”.
El pasado martes, Troya envió un comunicado al presidente del CJ, Benjamín Cevallos. En ese documento señaló que la Judicatura no tiene potestad para sancionar a magistrados de la Corte.
Sin embargo, ayer en la tarde, Cevallos replicó que la investigación no parará en este organismo. “Si hay casos en los que amerite una investigación o un sumario, lo haremos. De ser posible seguiremos sancionado”.
Actualmente, el CJ investiga al juez Hernán Ulloa, quien el 14 de abril redujo la sentencia de César Fernández, ex gobernador de Manabí, de 16 a 12 años.
Al respecto, el fiscal general subrogante, Alfredo Alvear, fue cauto: “No podemos hacer nada en la pugna entre el CJ y la CNJ. Allá que se peleen ellos”.
De su lado, el fiscal de Pichincha, Marco Freire, se pronunció a favor de lo resuelto por el Consejo de la Judicatura. “Actuaron en derecho, todo está enmarcado en la Ley”, dijo, al referirse a las destituciones en la II Sala Penal.
Según Freire, solo son especulaciones y coincidencias los fallos a favor de Fernández y del ex presidente de la desaparecida de la Corte Suprema de Justicia, Guillermo ‘Pichi’ Castro.
Troya pidió que ningún funcionario interrumpiera el fallo que prepara la Corte Constitucional, ente que deberá determinar cuál es el órgano legalmente facultado para establecer sanciones a los jueces de la CNJ.
Hasta entonces, la CNJ llamó a dos conjueces para reemplazar a los destituidos Luis Abarca y Máximo Ortega. Felipe Granda reemplazó al primero y Luis Pacheco al juez Ortega.
Los dos trabajan desde ayer. La II Sala Penal quedó completa con Luis Quiroz, quien ya laboraba como conjuez.
Troya dijo que el llamado de los nuevos conjueces se hizo para no paralizar el trabajo de la Sala. El funcionario también señaló que la prensa podría ser “más ecuánime” al tratar los temas de la Función Judicial, tanto por los fallos, como por la pugna con el CJ.