26 de November de 2012 00:03

En tres años, policías y militares han calificado el 36% de armas

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Los disparos retumban en el polígono de tiro del cuartel Eplicachima, en el sur de Quito. Dos militares del Departamento de Control de Armas de las Fuerzas Armadas prueban el funcionamiento de dos revólveres.

Los uniformados visten overoles azules, protectores para los oídos, chalecos antibalas, gafas de plástico y así analizan el estado del gatillo, tambor y armazón de los equipos. También verifican que, al disparar, las balas no presenten deformaciones, ni que exploten al salir por el cañón.

Este trabajo lo hacen desde el 6 de mayo del 2011, cuando el registro y control de armas para las personas naturales o empresas de seguridad privada pasaron de la Policía a las Fuerzas Armadas.

Esto ocurrió tras publicar el Decreto Ejecutivo 749. En ese documento se derogó el Acuerdo Interministerial 001 del 30 de junio del 2009 y sacó a la Policía de esos controles.

Con ello desapareció la Unidad Técnica de Control de Armas (UTCA) que fue creada por el Gobierno pero el Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS) continúa en manos de la Policía.

A través de este mecanismo, los uniformados receptan datos de las marcas que quedan en las balas y casquillos tras los disparos. Estas son similares a las huellas dactilares de una persona y son incorporadas a una base de datos que maneja Criminalística.

Las FF.AA. calculan que, a escala nacional, existen al menos 180 085 armas de fuego, pero 132 285 han sido registradas hasta el 22 de noviembre pasado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Comaco).

Desde la creación de la Unidad Técnica de Control de Armas, en junio del 2009, hasta el 22 de noviembre de este año, los militares calificaron (cuando el arma es apta para ser utilizada) 16 670 y la Policía 32 000, es decir, el 36% de todo el cargamento (132 285) reportado por las FF.AA.

No se fijó oficialmente un plazo para el registro total de las armas e ne l país. Pero la desaparecida UTCA tenía previsto completar el total de artefactos hasta este año.

Según el capitán del Ejército, Edmundo Mora, oficial de operaciones del Departamento de Control de Armas, con los equipos de registro se puede verificar de qué arma salió una bala usada en un delito.

Sin embargo, ¿qué ocurre cuando los datos de un artefacto no han sido ingresados a las FF.AA. o a Criminalística? En el Departamento de Control se dice que en esos casos simplemente no hay datos para realizar un rastreo.

Eso ocurrió en el crimen del sociólogo Marco Velasco, ocurrido en diciembre del 2011. Santiago, hijo de la víctima, manifestó que dos balas fueron encontradas tras el asesinato (una en el tablero del vehículo del fallecido y otra en el cadáver), pero la Policía no logró identificar la procedencia de estas porque “en el sistema IBIS no había sido reportada el arma de fuego usada en el asesinato”.

Velasco fue asesinado en el norte de Quito luego de que retirara una alta cantidad de dinero del banco. Dos hombres que iban en una motocicleta lo atacaron por la espalda mientras les entregaba una bolsa con los billetes. Hasta el momento, la Policía Judicial de Pichincha no ha reportado detenidos en este caso. Los dos proyectiles hallados en la escena del crimen se encuentran en manos de Criminalística.

El registro de armas en el Comaco, donde laboran más de 50 personas, consiste en estudiar sus características: piezas, calibre, país de fabricación, materiales, etc.

También se verifican los documentos y solicitudes de recalificación. Además, se realizan pruebas teóricas, psicológicas y de prácticas a los propietarios de los aparatos. Al día se revalúa en promedio unas 600, señalan los militares. La Ley de Armas indica que las licencias que permiten la tenencia de pistolas, carabinas, cartucheras, escopetas o revólveres se renuevan cada dos años.

Destrucción de balas

Mientras los soldados del Departamento de Control de Armas examinaban los dos revólveres en el cuartel Eplicachima, la semana pasada un grupo de militares llegaron desde Esmeraldas para entregar las municiones que fueron incautadas en operativos.

Los uniformados indican que otra función de esa dependencia, a más de evaluar las armas, es destruir las balas aprehendidas.

De hecho, los 18 000 cartuchos decomisados por el Ejército en Piedra Sellada ( San Lorenzo-Esmeraldas), el 12 de noviembre pasado, fueron trasladados a la base. Ese material será almacenado en una bodega y lo fundirán a mediados de diciembre.

Los equipos de la UTCA

En la época que funcionó la UTCA, de junio del 2009 a mayo del 2011, la Policía implementó 34 recuperadores balísticos. Con esos equipos, los agentes tenían previsto analizar las municiones involucradas en posibles hechos delictivos; 24 aparatos son de fabricación nacional y el resto son de EE.UU.

El personal del Departamento de Control de Armas sostiene que dos de esas máquinas son utilizadas actualmente por los militares. El resto de dispositivos son usados por Criminalística de la Policía.

Enrique Espinosa de los Monteros, ex jefe de la UTCA, señaló que esa entidad contaba con unidades móviles, compuestas por cuatro agentes, que se encargaban de receptar información de armas en otras provincias del país.

No obstante, los soldados dicen que desconocen de la existencia de las unidades que implementó la Unidad Técnica de Control de Armas.

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