Las 28 jóvenes colombianas aseguraban que fueron traídas al país con ofertas de modelaje, pero una mafia las engañó, las obligó a prostituirse, las sometió a cirugías plásticas y las esclavizó, con drogas, en una casa.
El caso conmocionó a Quito en el 2008 y en la investigación policial hasta se estableció un posible nexo con un capo narco del extranjero. Pero este año la Justicia consideró que no había pruebas de delito penal y sobreseyó a los ocho inculpados, pese a que inicialmente Municipio, Gobierno y Fiscalía habían ofrecido perseguir el atropello.
Si bien judicialmente aún no se ha probado el presunto maltrato contra las jóvenes, el hecho evidenció un problema serio: la prostitución ilegal de extranjeras en Ecuador.
En marzo, el Departamento de Estado dio una alerta: la eliminación del visado turístico en el país podría convertir a los inmigrantes en víctimas de la trata de personas.
En el reporte, con datos del Gobierno de Ecuador, se dice que este es un país de destino para la trata de mujeres colombianas y peruanas y de niñas para explotación sexual.
Refiere, además, que Ecuador es el puerto de entrada al Hemisferio Occidental para víctimas de trata que provienen de Asia. Y que mujeres ecuatorianas son llevadas a Colombia, Perú, Venezuela y cuatro países de Europa.
174 denuncias conoció la Fiscalía en el 2009; otras 62 se sumaron de enero a abril. 72 de esos abusos se registraron en Quito, 36 en Santo Domingo, seis en Guayaquil.
Ecuador impulsa medidas policiales y apoya a víctimas, pero hay impunidad. Las miles de mujeres y niños explotados merecen que las mafias sean desarticuladas. La asistencia internacional también es útil en estos casos. Un inicio sería incluir un acápite en el pedido de ayuda que por estos días, a propósito del espionaje, se remitirá a Colombia.
Pero una medida de fondo sería regular el uso de suelo para casas de tolerancia y ejercer un control tal que incluya sanciones a funcionarios que se hacen de la vista gorda.