12 de June de 2010 00:00

La tesis policial de que el líder de AVC murió en un tiroteo se debilita

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Redacción Judicial

Con una inyección en los glúteos, tres policías ecuatorianos sedaron a Arturo Jarrín para traerlo detenido desde Panamá. El ex líder del grupo Alfaro Vive Carajo (AVC), quien fue capturado en ese país el 24 de octubre de 1986, estuvo en manos de Pablo Quintero Reyes, entonces sargento de operaciones de Inteligencia panameña.

En marzo del 2009, el ahora agente en servicio pasivo relató a la Comisión de la Verdad (CV) que Jarrín fue entregado en buenas condiciones y que tras dormirlo, policías ecuatorianos lo esposaron de pies y manos y lo subieron a un carro de la Embajada de Ecuador hacia el aeropuerto.“Nosotros lo entregamos vivo, y de matarlo se hubiera matado ahí mismo ('); sí yo fui el que lo capturé, quién más hubiese podido' Claro, la orden de matar a una persona no me hubiesen dado nunca tampoco”, señaló Quintero Reyes a la Comisión.

Con base en esta investigación, el hermano de Jarrín, Miguel, sostuvo ayer que es falso que esta muerte se haya producido luego de un enfrentamiento armado, como lo difundió la Policía.

El parte que en ese entonces firmó el cabo segundo Carlos Olmedo Toapanta dijo que en un patrullaje de rutina en Carcelén (norte de Quito) vieron a tres personas que caminaban en forma sospechosa y que “a cierta distancia identificaron que uno de ellos era el delincuente terrorista Ricardo Arturo Jarrín Jarrín”. Luego narró que “a la voz de alto intentaban que se entreguen, pero comenzó el intercambio de balas”.

El cabo Toapanta indicó que tras terminar la balacera, “uno de ellos había caído, nos acercamos para recogerle, encontrándonos con la sorpresa que precisamente el herido era Arturo Jarrín”.

En ese parte oficial se relató que “el herido fue trasladado de inmediato al hospital, pero que falleció en el camino”. Era 25 de octubre.

La CV recogió este caso en 28 páginas del tercer tomo del informe y está catalogado como ejecución extrajudicial, tortura y privación ilegal de la libertad.

En la página 378 aparece la versión de una vecina que vivía en Carcelén, barrio en donde falleció Jarrín: Martha Eufemia Jijón Rodríguez. Ella testificó que a las 22:30 vio que un disparo impactó en la persona que se encontraba parada en la grada de acceso a unas casas y con los brazos hacia abajo. “En ese mismo instante la persona cayó y dos personas se acercaron a él, arrastraron el cuerpo y desaparecieron tras las paredes”.

En el relato, la señora indicó que al parar los disparos salió a la calle y que un grupo de jóvenes vio que “de una camioneta que se parqueó en el lugar bajaron a una persona y la obligaron a caminar, iniciándose por parte de los que manejaban la camioneta un tiroteo en contra del indefenso joven”.

Miguel Jarrín recordó ayer que la Policía de Ecuador siguió a su hermano hasta Panamá.

Pablo Quintero Reyes, quien en 1986 era sargento de operaciones de Inteligencia para el G2, es decir, para el Departamento de Inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Panamá, señaló que “la operación tuvo que ser producto de una coordinación de ambos gobiernos (Ecuador Panamá); incluso, a través de sus máximos representantes: los presidentes Manuel Antonio Noriega (Panamá) y León Febres Cordero (Ecuador)”.

Quintero Reyes aseguró: “Aquí, si Noriega dio la orden, nadie se iba a atrever a hacer esa vaina de entregarlo a él. Nadie iba (') a llevarlo para Ecuador, quién va a agarrar a un hombre y lo va a tirar para Ecuador, ¿a santo de qué? ¿Con qué coordinación?

Por eso, en el informe de la CV, el ex presidente de ese país Manuel Antonio Noriega, aparece como un presunto responsable de este hecho.

Otro comunicado que el entonces capitán de Policía Édgar Vaca Vinueza envió al mayor Nivaldo Madriñán, quien era director del Departamento de Investigación Fuerzas de Defensa de Panamá, indicó que María Dávila Andrade es Rosa Mireya Cárdenas Hernández (ex AVC) y que Gino Danilo Portes es Arturo Jarrín.

Jarrín permaneció en ese país hasta la primera semana de octubre de 1986. Tenía planificado viajar hacia Serbia, con escala en Ámsterdam y con un pasaporte que tenía el nombre de Milton Cervantes Suárez.

Así lo confirmó el pasaje aéreo de la compañía KLM, con destino final a Belgrado, previsto para el sábado 25 de octubre de 1986, que quedó entre sus pertenencias en Panamá.

En el informe de la Comisión de la Verdad se dice que mientras estuvo en Panamá, el líder de AVC contó con el apoyo de miembros del M-19 que operaban en dicho país. Estuvo acompañado de Carlos Pizarro y Antonio Navarro Wolf, dirigentes de ese grupo.

“Personas del M-19 estaban con él ese momento en Panamá, compartiendo la misma casa, compartiendo las mismas actividades”, testimonió Darío Villamizar, ex miembro del grupo.

Sus integrantes lo acompañaban siempre, pero la noche de ese 24 de octubre salió solo “a una cita”. Eso -dice el informe- alteró la seguridad planteada y “nunca más volvió con los compañeros”.

El GAO torturó a 339 personas

Un informe de la Comisión Ecuménica de los derechos humanos (Cedhu) revela que entre el 2000 y el 2009 se registraron 339 personas torturadas.

La directora de este organismo y presidenta de la Comisión de la Verdad (CV), Elsie Monge, adjudica estos hechos a los agentes del ahora desaparecido Grupo de Apoyo Operacional (GAO).

A ellos también se atribuyen 167 ejecuciones extrajudiciales entre el 2000 y el año pasado.

Según Monge, aquello ocurre porque “las estructuras policiales montadas en la Presidencia de León Febres Cordero continúan.

En escuetas declaraciones, ayer el comandante de la Policía, Freddy Martínez, negó aquello. Señaló que “la situación es diferente” y que respetan los DD.HH”.

Según el jefe policial, los elementos que operaban en el GAO están en otras unidades. Un ex jefe de ese grupo, por ejemplo, ahora es jefe policial en Los Ríos. “El grupo se desintegró. Ahora existe la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial”, dijo Martínez.

El Comandante prefirió no hacer mayores comentarios a la disposición del Ministerio de Gobierno de que se abran los expedientes que -por presunta violación a los derechos humanos- se cerraron “sin una adecuada investigación”. Martínez dijo que se actuará de acuerdo a derecho y que los casos se analizarán uno por uno para tomar decisiones.

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