El terreno en donde se construye El Pedregal, el segundo complejo judicial más grande del país (norte de Quito) está involucrado en un juicio por presunto lavado de activos.
Además del proceso por expropiación que sigue el Consejo de la Judicatura para legalizar la posesión del predio de 32 568 m², este forma parte de los bienes que el extranjero David Murcia Guzmán compró en el país, según una investigación de la Fiscalía.
En noviembre del 2008, Murcia, entonces presidente del Grupo DGM, fue detenido en Panamá y extraditado a EE.UU.
La DEA (oficina antidrogas de Estados Unidos) lo investigaba por el manejo de negocios ilegales que lavaban dinero del narcotráfico y esquemas piramidales para captar dinero. En el 2011, la justicia de ese país lo sentenció a 11 años de cárcel.
Con la detención en el 2008, en el país, la Fiscalía descubrió que Murcia cimentó más de 20 negocios como MarPublish DMG Marketing S.A., DMG Business S.A. y DMG Comp. Comercializadora S.A. Además, marcas asociadas como El Gran Trigal (supermercado), Farmasentry (farmacia), Productos Naturales DMG, DMG Construcciones, The Body Channel, con sucursales en Quito, Guayaquil, Cuenca y Sucumbíos. Estos datos constan en el expediente judicial.
Los bienes de Murcia, que según la Fiscalía mantenía a nombres de terceros, fueron incautados y avaluados en USD 60 200 incautados en cuentas bancarias y USD 6,2 millones en bienes.
Uno de estos es el terreno ubicado en la urbanización El Pedregal, en el sector de La Pulida.
En estos terrenos, la Judicatura levanta los juzgados de lo Penal, Civil, Niñez, de lo Laboral, etc.
El hallazgo de una serie de túneles subterráneos de hasta 1,50 de altura conectados ente sí intrigaron a los constructores.
El pasado 23 de octubre, el arquitecto Fabián Sánchez, al frente de la obra, comunicó a Érica Cobo, administradora del contrato como parte del grupo del Consejo de la Judicatura de Transición (CJT), que un trabajador encontró un boquete que funcionaba como entrada a las caletas.
Sánchez llamó también a la Policía. Agentes del Grupo Especializado Motorizado Antinarcóticos (GEMA) y del Grupo de Intervención y rescate (GOE) inspeccionaron el lugar.
Ayer, el presidente del CJT, Paulo Rodríguez, dijo que la existencia de esas estructuras subterráneas no compromete la estabilidad física de las obras. Dijo que “no significaba ninguna dificultad” y que si era necesario reforzar una parte se lo hará.
Durante la inauguración de un encuentro académico para mejorar la Escuela Judicial, Rodríguez dijo que los túneles existían hace decenios atrás. “Parece ser que eran una manera de entretenimiento de los moradores”.
Iván Escandón, director provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha, ofició el 30 de octubre pasado un pedido a los titulares de la Judicatura, para que -de forma urgente- dispongan efectuar un informe técnico que permita conocer el estado del suelo.
También su compactación y resistencia. Esto, porque los túneles “podrían generar complicaciones de filtración de agua y comprometer los cimientos ”.
Tras su declaración, Rodríguez entró al lugar donde se desarrolló el encuentro con el ex juez español Baltasar Garzón. Él coordina la veeduría a la reforma judicial.
Al ser consultado sobre los hallazgos en El Pedregal, aseguró que no tenía conocimiento sobre este caso, tampoco de la situación jurídica del terreno.
En una rueda de prensa que dio para anunciar la presentación del tercer informe preliminar al proceso de reestructuración a la justicia, Garzón anunció que el escrito tendrá observaciones sobre la formación de operadores de justicia, como jueces, fiscales.
También indicó que se analizará la situación de los centros de rehabilitación social en el país, la justicia militar, etc.
Mantendrá una agenda de siete días en las que se entrevistará con los coordinadores de las veedurías nacionales. El jueves, a las 11:00, entregará su tercer informe preliminar.