En medio de la expectativa de organizaciones de Derechos Humanos de Azuay y de la familia Peña Bonilla, la mañana de ayer se instaló la audiencia de juicio por la muerte del estudiante Damián Peña. Se lleva a cabo en una sala de audiencias de la Corte de Justicia de Azuay, en Cuenca.
El joven falleció el 12 de enero del 2002, a los 16 años, cuando cursaba el tercer año en el Colegio César Dávila en Cuenca. Él participaba de las jornadas de protestas estudiantiles en contra del gobierno de ese entonces, por el alza de pasajes.
Ese día, los estudiantes se habían concentrado en las inmediaciones de la Universidad de Cuenca. En ese lugar y durante la refriega entre la Policía y los estudiantes, una bala perdida impactó en el rostro del estudiante y lo mató.
Para César Zea, presidente de Derechos Humanos de Azuay, la investigación, identificación y juzgamiento de los responsables ha caminado lento, y es otra violación a los derechos humanos de una familia. “10 años demoró la indagación previa, tiempo récord”, dice.
En el 2011 se dictó instrucción fiscal en contra de dos de los más de 50 policías que ese día fueron enviados a controlar la protesta estudiantil: el capitán Pablo I. y el coronel en servicio pasivo Eduardo S., bajo la figura de homicidio inintencional.
Durante la apelación fue sobreseído el último y desde el año anterior la familia Peña Bonilla esperaba que se instale la audiencia de juicio en contra el otro presunto responsable. Ayer fue la tercera convocatoria. Las dos primeras se realizaron en marzo y septiembre y no se instalaron por la inasistencia de testigos y peritos.
Ayer, otra vez estuvo a punto de suspenderse la audiencia por falta de cinco testigos y peritos importantes para la Fiscalía, la acusación particular y la defensa. Fueron convocados 80 testigos, pero asistieron alrededor de 50. En el 2010, la Comisión de la Verdad judicializó este caso como ejecución extrajudicial.
Las partes procesales, incluida la Fiscalía, pidieron que se inicie la diligencia con los testigos presentes y que la Unidad de Notificación de Audiencias, tome las medidas necesarias para que comparezcan el resto. Gabriel Correa, abogado de la parte demandante, pidió incluso que se les extienda boletas de aprehensión.
El presidente del Tribunal, Cayo Cabrera, aceptó el pedido pero no la extensión de las boletas. Entre la mañana y tarde de ayer solo se tomaron las declaraciones de los testigos de la Fiscalía.
Este proceso tiene más de 30 cuerpos y seis videos que volverán a ser analizados. Uno de ellos, es el que supuestamente compromete a Pablo I. Pero ayer, su abogado Galo Ortega, dijo que esa filmación no corresponde al día de la muerte del estudiante, sino un día antes en protestas similares.
Por la cantidad de testigos, se calcula que la audiencia podría extenderse de tres a cinco días.