10 de December de 2010 00:00

Sanciones más duras en la reforma penal

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Redacción Política

La utilización de niños, niñas y adolescentes para cometer delitos se convertiría en un agravante de la infracción, según el ajuste realizado al art. 30 del Código Penal.

Es uno de los 31 cambios propuestos en el informe para primer debate de la ley reformatoria a los códigos Penal, de Procedimiento Penal, Ejecución de Penas y de la Niñez y Adolescencia.

Actualmente, el adulto puede ser procesado como autor intelectual de la infracción. La figura ya consta en el Código Penal vigente. Pero la Comisión de Justicia incorporó esta circunstancia como un agravante.

Además en el art. 162, que trata sobre el delito de portar armas de uso militar o policial sin permiso, se colocó un inciso para sancionar con severidad a quien proporcione, venda o facilite un arma de fuego a menores de edad.

La instigación para delinquir fue modificada también. Así, quien incite a un menor de edad a cometer un ilícito sería sancionado con una pena de tres a seis años de reclusión menor ordinaria, según el tipo de delito.

Sectores como Madera de Guerrero y PSC, así como Sociedad Patriótica, con representantes en la mesa de Justicia de la Asamblea, solicitaban medidas más duras para los adolescentes involucrados en crímenes. Pero la posición no fue aceptada.

Voceros del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia mostraron que la Dinapen contabilizó 606 adolescentes detenidos en el primer semestre de este año. El número no les parece significativo en relación al 1,9 millones de jóvenes que viven el país.

De los 606 infractores solo dos fueron procesados por asesinato (el 0,33% del total), 102 por robo de vehículos, 102 por tentativa de violación y 115 por robos.

Sin embargo, la mesa de Justicia recomienda sancionar de modo más severo a los adolescentes infractores que cometan delitos graves. Esta población, por mandato constitucional, debe ser tratada de forma diferente a los adultos. Pero se reformó el Código de la Niñez para que sean sancionados con seis años y no con cuatro años en centros de corrección.

En la propuesta, además, se dispone que quienes cumplan 21 años en los centros de internamiento, deberán ser trasladados de forma inmediata, para que finalicen con el cumplimiento del tiempo de la medida en los centros de rehabilitación social.

Luis Almeida (PSP) asegura que es una reforma “parche, pro delincuencial. La ciudadanía quería más dureza, es la única forma. Incluso el Jefe de Estado coincidió en que se endurecieran las penas”. El legislador sostiene que lo ideal habría sido proponer una acumulación de penas de hasta 50 años y no hasta 35, como dice el informe de la Comisión.

La oficialista María Paula Romo, presidenta de la mesa, señaló que “no es el anuncio de que se acaba la delincuencia. Sería demagógico, estamos haciendo lo que creemos que puede ayudar, para que el procedimiento mejore, que las sentencias se alcancen más rápido y se pongan sanciones. Pero esto debe ir acompañado de más trabajo de los jueces”.

Romo adelantó que espera que el Presidente de la Asamblea permita que el primer debate de estas reformas se realice la próxima semana y que el informe para segundo debate se apruebe a fines de diciembre o en enero.

FF.AA. podrán patrullar el país

El proyecto de  Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, enviada por el Ejecutivo, el martes 7, consta de dos artículos.

En el primero  se pide agregar en el literal b del artículo 11,  como tercer inciso, la posibilidad  de que las Fuerzas Armadas intervengan, por disposición del Presidente de la República y conforme  las condiciones establecidas en la  Ley, para  la protección interna y el  control del orden público  y restricción del delito.

En el punto dos se  propone  como continuación del art. 23 que  los Ministros del ramo,

mediante acuerdo ministerial, puedan disponer que las Fuerzas Armadas participen en acciones destinadas al control de armas, inteligencia antidelictiva y demás operativos .

 Paco Moncayo (A. Libertad) está de acuerdo con la reforma. Recuerda  que en  la Ley de Seguridad Democrática, que regía desde la época de Rodrigo Borja, constaba la posibilidad de usar a las FF.AA., cuando la  Policía esté sobrepasada en su capacidad de respuesta. 

 “Ahora se corrige el gravísimo error que por obsesiones ideológicas  causó la anterior    reforma. En México, el Ejército, la Marina, la  Aviación y la Policía actúan en esa lucha”. 

10 de las 31 reformas propuestas

Usura. La sanción será para quien, aunque por primera ocasión, otorgue crédito con intereses superiores a los legalmente permitidos.

Incesto. Si la víctima fuera pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el agresor será un agravante.

Tráfico de combustibles. La comercialización indebida de derivados de hidrocarburos implica una reclusión de tres a seis años.

Sobre el sicariato. Este delito tendrá una pena que va desdes los 25 hasta los 28 años de reclusión, sin lugar a rebajas de penas.

Acumulación de penas. De hasta 35 años, para delitos penados con reclusión.

Uso de escopolamina. Los delitos que se cometan con el uso de esta sustancia, que puede causar la muerte de la víctima, tendrán una pena de seis a nueve años.

Cero condiciones. Se prohíbe toda suspensión condicional del proceso a delitos reprimidos con reclusión y se exigirá el consentimiento de la víctima.

Los extranjeros. Se posibilita la detención de personas que vienen al país y que tienen orden de captura de la Interpol para que la Policía los capture y los jueces legalicen su detención.

Uso de tecnología. Será para los beneficiarios de la caducidad de la prisión preventiva. Se usarán dispositivos de ubicación satelital.

No a la rebaja de penas. A delitos de plagio, asesinato, delitos sexuales, trata de personas, contra la administración pública o genocidio y lesa humanidad.

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