24 de April de 2010 00:00

La sanción a tres jueces nacionales desata una pugna Corte-Judicatura

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Redacción Judicial

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El enfrentamiento entre la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y el Consejo de la Judicatura (CJ) se avivó ayer.

El detonante fue una decisión que tiene lista desde anteayer la CJ, en relación con los tres jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte Nacional. Según Teleamazonas, Luis Abarca, Máximo Ortega y Edwin Salazar fueron destituidos de sus cargos por el CJ.

fakeFCKRemoveHasta ayer por la tarde, el CJ no notificó a los jueces sobre lo resuelto. Se aseguró que la resolución estaba redactada, pero que faltaba la firma de un vocal que se encontraba fuera de la ciudad.

Mientras no se cumpla con este trámite, los jueces siguen en funciones. Trascendió que la causal para destituir a los jueces fue su participación en el proceso que se seguía contra Jorge Hugo Reyes Torres. Él fue condenado a 25 años de prisión, por reincidir en el delito de narcotráfico.

Estuvo recluido desde el 2001. El año pasado, la Segunda Sala Penal de la Corte ordenó su excarcelación. Según el presidente de la Sala, Luis Abarca, la decisión se tomó porque se hallaron más de 50 irregularidades en el juicio. La Corte obligó al Estado a devolver las propiedades de Reyes Torres.

La Fiscalía cuestionó el fallo, pues recordó que el acusado lideraba una organización de tráfico de drogas conocida como Los Reyes Magos. Pidió a la Judicatura que revisara la actuación de los jueces y anteayer se concretó la sanción. La noticia de que los jueces serían destituidos se filtró a los pasillos de la Corte Nacional de Justicia.

El presidente de la CNJ, José Vicente Troya, y los jueces de la Segunda Sala Penal trataron de echar abajo la resolución de la Judicatura. Acudieron a la Corte Constitucional y pidieron al organismo que defina qué ente tiene la competencia de revisar las actuaciones de los jueces.

Troya aseguró que los actuales jueces no fueron nombrados por la Judicatura y que por tanto ese organismo no puede sancionarlos. “Nosotros mismos (la Corte) debemos ejercer esa función”.

Troya refirió que el pleno de la Corte, mediante una resolución aprobada el 3 de junio del 2009, “fundamentó con razones constitucionales y legales, que durante el período de transición de la Corte Nacional corresponde al Pleno resolver sobre las sanciones disciplinarias a los jueces nacionales”.

Con base en ello demandó a la Corte Constitucional que dirimiera la competencia entre la CNJ y la DJ. Además, pidió que se dispusiera, como medida cautelar, que “el Consejo de la Judicatura se inhiba del conocimiento de todas las investigaciones y su-marios administrativos que se hayan iniciado contra los jueces de la actual Corte”.

Así se espera que las resoluciones adoptadas por el Consejo de la Judicatura sean anuladas. Entre ellas la de destitución de los jueces que conocieron el caso Reyes Torres. Ayer, Abarca defendió su actuación en este proceso. Aseguró que “fue el mejor fallo que se ha dictado en el país, pues se aplicó el debido proceso que está contemplado en la nueva Constitución de Montecristi”.

En la Corte Constitucional se informó ayer que la demanda de la Corte Nacional de Justicia recién fue presentada el jueves y que será analizada en los próximos días. Aún no hay una fecha definida para emitir un fallo.

En la Judicatura, en cambio, se hizo pública la resolución N° 53-09, suscrita el 21 de septiembre del 2009, en Ibarra. Ahí se dice que “el Consejo de la Judicatura es el órgano único competente de la Función Judicial para juzgar y sancionar, de ser el caso, las infracciones administrativas y disciplinarias que hubiesen podido cometer las y los jueces”.

El lunes se espera que la resolución de destitución de los jueces sea oficializada.

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