Desde mayo del 2013, Raúl Ortiz, espera que avance la demanda que planteó por la entrega de un cheque sin fondos.
El jueves, mientras dejaba un escrito en el Juzgado 21 de lo Civil de Pichincha, el hombre contó que su problema legal inició luego de que vendiera un terreno por USD 560 000. Concretaron que el comprador le entregara el dinero en tres partes. Pero el tercer montó llegó con un faltante de USD 3 500. Este valor pendiente, le fue entregado con un cheque que no tenía fondos.
Desde entonces, el proceso está paralizado en la primera etapa: presentar la prueba. En noviembre, el juez que lleva su trámite dispuso que un perito certifique si el cheque efectivamente es original y si la firma corresponde al demandado.
Este trámite podría tardar tres días, pero hasta ayer llevaba casi cinco meses sin que se realice la pericia.
“A este paso me va a salir más caro el juicio que lo que me debe”, dijo.
Esta realidad existe porque en las leyes vigentes se contemplan 80 procedimientos para tramitar las demandas civiles, de familia o laborales. Ahora, el Consejo de la Judicatura propone en el proyecto de Código General de Procesos, simplificar los juicios en las materias no penales. Se plantean solo cuatro mecanismos para gestionar los casos.
Néstor Arbito, vocal del Consejo de la Judicatura, explica que en la propuesta de ley un juicio ejecutivo, como el cobro de un cheque sin fondos, se resolvería en un máximo de seis meses en primera instancia y hasta cuatro en la segunda.
Arbito indica que para noviembre se prevé que la Asamblea apruebe el Código. La Comisión Legislativa mantiene reuniones diarias con expertos para analizar el proyecto.
El miércoles, el presidente de la Judicatura, Gustavo Jalkh, expuso ante la Comisión de Justicia de la Asamblea, la necesidad de que los juicios sean orales, cero papeles y con resoluciones en corto tiempo.
Jacinto Loor, otro usuario, presentó en el 2010 una demanda civil para que se le indemnice por perjuicios. En abril de ese año un poste de luz cayó sobre su casa. Su juicio lleva cuatro años sin resolverse. Actualmente está en etapa de casación en la Corte Nacional de Justicia. Aún no ha recibido los USD 12 000 de indemnización que pidió al Municipio de Baeza.
Este tipo de juicios, actualmente, duran en promedio tres años, por la cantidad de causas que deben resolver los jueces.
Mariela Armendáriz lleva dos años tratando de divorciarse y hacer valer el acuerdo prematrimonial que firmó con su expareja: en caso de traición no habrá repartición de bienes, sino que él le entregaría todo.
Hasta el jueves, a su expediente se sumaba una quinta convocatoria a una audiencia. Todas las anteriores fallaron.
Según el consejero Arbito, el nuevo esquema establece que los divorcios se resuelvan luego de una sola audiencia. Podría ser hasta en 30 días.
El funcionario explica que la clave para lograr una resolución judicial en el menor tiempo posible es implementar un modelo único, concentrar los procesos en la menor cantidad de diligencias, eliminar los formalismos y pasar al sistema de audiencias orales.
“El punto primordial de la oralidad es que toda audiencia debe concluir con una resolución judicial”, explica Arbito.
- Las experiencias similares
En América Latina, los países que implementaron modelos orales y unificaron los procesos no penales tienen los tiempos más cortos de resolución de un juicio, según el Centro de Estudios de las Américas (CEJA).
El estudio ‘La oralidad en materias no penales’ explica que en Perú los procesos laborales, por ejemplo, se realizan en dos audiencias. La primera es de conciliación y la otra de juzgamiento. En esa nación, una sentencia llega en 12 meses.
Santiago Pereira Campos, experto del Instituto Interamericano de Derecho Procesal y miembro del CEJA, señala que pasar a un sistema oral implica que los litigantes se conviertan en partes activas del proceso.
“La persona que tuvo un accidente y quiere que le reparen los daños causados presenta su demanda. Luego de un tiempo corto asiste a una diligencia en donde un juez le resuelve su problema. Esta es una tendencia en Latinoamérica”, dice.
De forma general, en Perú, Chile y Uruguay, en donde se aplica este modelo, un juicio empieza con una demanda escrita, luego el juez se reúne con las dos partes para que expongan los motivos del litigio, presenten o anuncien sus pruebas y para que el juez procure lograr algún acuerdo. Si el caso no se resolvió en ese momento, el juez fija la fecha para la audiencia de juzgamiento. Ese día, en presencia de las dos partes, indica su resolución.
“En el actual proceso escrito no hay participación ciudadana, porque el usuario no sabe quién es su juez. Tampoco hay transparencia porque la persona conoce su caso solo por lo que le informa su abogado”, indicó Pereira.
En contexto
Un juicio civil puede demorar en promedio 3 años. La reforma que propone el Consejo de la Judicatura tiene el objetivo de acortar los tiempos del proceso, eliminar los trámites, resolver los casos en audiencias orales. Este modelo ya se aplica en América Latina.
[[OBJECT]]