Alicia E. (nombre protegido) quiere ser doctora. Su madre padece de retardo mental severo y su padre es alcohólico. Tiene 11 años, pero desde pequeña estuvo forzada a pasar en la calle. Su familia no le daba alimentación, educación ni los cuidados necesarios.
Comía lo que los vecinos de su barrio, en el suroriente de Quito, le regalaban y llegada la noche pasaba a la intemperie. Allí se reunía con jóvenes del sector para jugar a ‘la mamá y al papá’.
La niña fue violada en repetidas ocasiones. Poco a poco se convirtió en víctima de explotación sexual. Recibía dinero y se lo entregaba a su madre, a quien no le importaba la procedencia de este.
Martha Safla, psicóloga de la de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), manifiesta que la principal razón para que los niños estén callejizados es la violencia de la que son víctimas en su hogar. Esto los vuelve vulnerables y al encontrar en la calle la única salida, los niños y adolescentes son propensos a que redes de adultos los utilicen para prostituirse, vender droga, etc.
“Hay redes que utilizan a niños que están deambulando en la calle, otros utilizan a sus propios hijos”, afirma la especialista.
Para Miguel Pérez, coordinador del proyecto salesiano Mi Caleta, la niñez callejizada es vulnerable a la violencia. “Los niños son víctimas de la delincuencia por una cuestión de extrema pobreza. Un adolescente puede cometer un crimen, pero no es lo mismo que un adulto, porque el adolescente está arrastrado, primero, por su historia familiar y, después, por el ambiente de violencia”.
Isabel S. (nombre protegido) sueña con estudiar, ser profesional y ayudar a sus hermanos menores que viven con su abuela.
La pequeña de 7 años ingresó en el 2009 a una casa hogar en el Centro Histórico de Quito. Robó una salchicha de una tienda, porque tenía hambre, pero por temor a represalias huyó de casa.
Luego fue retenida por un grupo de policías de la Dinapen.
Raúl Guevara, jefe de la Unidad Antitrata de ese organismo policial, sostiene que los niños forzados a cometer ilícitos terminan reclutados por mafias.
La Policía ha detectado que estas operan especialmente en cuatro sectores de Quito: el Centro Histórico, La Alameda, El Ejido y La Marín. “Los adultos les indican cómo y en qué momento actuar”, asevera Guevara.
Isabel vivía en una casa de precaria estructura, en uno de los valles de Quito, sin servicios básicos y con escasa comida. Su abuela, el esposo de esta y su madre compartían una relación sentimental; Isabel no solamente crecía en ese ambiente, sino en medio de golpes y de maltrato psicológico.
Los niños y adolescentes se convierten en víctimas de las redes delictivas porque no son imputables ante la Ley, dice Safla. Daniela Pacheco, funcionaria del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CNNA), manifiesta que, a través de investigaciones, se encuentra a las víctimas (niños obligados a delinquir), pero no a los explotadores. “Estas redes mueven mucho dinero. Hay casos en los que la víctima ha sido sancionada y no se investiga quién estuvo detrás del hecho”.
Guevara refiere que “en caso de que existan niños que están siendo utilizados por adultos con fines delictivos, el Código de la Niñez y Adolescencia indica que hay que entregarlos a casas hogar”. En ese contexto, la Asamblea Nacional discute en el momento las reformas en la edad de criminalización de este grupo vulnerable: para que los jóvenes respondan por delitos desde los 16 años (ahora es a partir de los 18).
“En la Asamblea se habla mucho del tema de los menores de 18 años como personas que cometen delitos, pero esa es la punta del iceberg. Hablar de un endurecimiento de penas a los adolescentes o la posibilidad de que se disminuya la edad de imputabilidad para contrarrestar los delitos es solamente tomar la superficie del problema”, dice Daniel Gallegos, de la Unidad de Vigilancia, Exigibilidad y Denuncia del CNNA. “Como Consejo ya hemos mandado algunas observaciones a la Asamblea. El problema verdadero es que esto es producto de una investigación fallida en la que no se indaga a las redes”.
Él y Pérez coinciden en que la salida al problema es no criminalizar al menor. Según la Dinapen, de enero a junio fueron detenidos 2 170 menores de 18 años en el país. En el mismo período del 2009 fueron 3 342. El CNNA dice que esta no es una cifra significativa en relación con los 1,9 millones de jóvenes que viven en el país.
En el primer semestre de este año, la Dinapen también conoció 24 casos de explotación sexual y 66 de explotación laboral. Isabel no ha podido ser reinsertada a su familia, tampoco quiere irse de la casa hogar. La trabajadora social dice que con su abuela no encontrará estabilidad emocional ni económica y que puede ser vulnerable a la explotación.
SANTO DOMINGO
‘Para evitar robos puse alarmas’El martes 14 de diciembre del 2009 a las 03:00, tres delincuentes ingresaron a mi joyería. Los desconocidos forzaron la puerta enrollable y destruyeron las vitrinas de vidrio. En una maleta muy grande empacaron relojes, anillos,
pulseras, entre otro tipo de joyas. Lamentablemente, la alarma no sonó porque la puerta metálica estaba dañada.
Pero cuando los ladrones trataron de salir, la puerta corrediza se atascó. Uno de los desconocidos, por su exceso de peso, no pudo salir del local comercial.
En ese momento transitaban dos policías vestidos de civil por la calle Latacunga y se dieron cuenta del robo. Dos hombres lograron huir y el que tenía sobrepeso fue detenido. No se llevaron la maleta de joyas con USD 10 000 en mercadería. A menos de 48 horas del robo frustrado recibí la visita de familiares del detenido. Me pidieron que no ponga la denuncia o acusación particular, aunque no me amenazaron.
Por este motivo opté por no seguir el proceso judicial. De esta forma cuido mi integridad personal, la de mi familia y mi negocio. Para evitar nuevos robos instalé una nueva alarma, puse mejores candados y pago un guardia que cobra USD 50 por mes. Espero que esto ayude a que no entren más desconocidos y así evitar que hurten mi local comercial.
La propuesta
Diego Salazar
Ex presidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha
‘La infraestructura es vital’
Todos sabemos que el problema de fondo de la inseguridad se deriva de las desigualdades sociales. Pero la ciudadanía y las autoridades podemos realizar acciones concretas para combatir a la delincuencia.
Por ejemplo, una de ellas es la rehabilitación de los espacios públicos. De esta manera los vecinos se apropian de las áreas de recreación evitando que los desconocidos hagan uso de estos lugares. Cuando un parque es más atractivo, los moradores ocupan estos lugares y se reencuentran con sus vecinos.
La iluminación de los sitios considerados peligrosos también es una opción para disminuir la percepción de inseguridad que tienen algunos sectores de la capital.
Los barrios del sur y del norte, así como los valles deben contar con la misma atención en infraestructura para disminuir los sitios peligrosos. Hay que reducir espacio que tienen los delincuentes para reunirse.