En Puerto Rico se calcula que por lo menos dos de cada tres asesinatos y otros delitos graves se relacionan al uso de drogas. A pesar de ello, el debate sobre la despenalización de las drogas -en un país en el que cerca del 4% de su población entre 15 y 74 años, 110 000 personas, son adictas a las drogas- es casi un “tabú político”.
“Hay mucha demagogia. Se confunde la medicación, la legalización y la reglamentación”, dice el profesor de Derecho Criminal, Julio Fontanet. Una de las pocas autoridades que ha sido consecuente en advertir la necesidad de experimentar con la legalización de la marihuana, el juez Juan Torruella, el único puertorriqueño en el I Circuito de Apelaciones del sistema judicial estadounidense, volvió a avivar el debate, convencido de que “la guerra contra las drogas” ha dejado demasiados muertos.
En un país en que han sido asesinadas 20 000 personas durante las dos últimas décadas, el número es estremecedor. “La guerra contra las drogas no solo se perdió hace tiempo, sino que por algún tiempo esa derrota ha tenido un alto costo humano y material”, indica Torruella.
Por ser un territorio de EE.UU., Puerto Rico está sujeto a sus normas. Pero, las autoridades puertorriqueñas no han aprovechado la intención del gobierno de Obama de tolerar que los estados adopten medidas dirigidas a la medicación de la marihuana, según Fontanet.