La Unicef, al referirse a Ecuador, ha apuntado que la violencia contra la niñez es un problema de salud pública, que requiere una asistencia íntegra del Estado.
Un dato alarmante: 116 niños murieron de forma violenta en Quito durante el 2013 (81 de forma accidental, 30 en siniestros de tránsito y 5 en homicidios). Corresponden al 14% de las 806 personas fallecidas, según el Observatorio Metropolitano de Seguridad.
Proteger la vida es un principio fundamental; al tratarse de la niñez, otras obligaciones del Estado son precautelar el desarrollo, salud mental y dignidad de los pequeños.
En Ecuador es maltrato a la niñez toda conducta que provoque o pueda provocar daño a su integridad, cualquiera sea el medio utilizado.
En ese marco, no es un asunto menor que el Estado prohíba la difusión de imágenes, nombres o referencias que permitan identificar a los niños víctimas de maltrato o a los menores infractores. Y, en casos permitidos por la ley, que también restrinja el uso público de fotos de niños sin la aprobación de sus padres; tal como ocurrió el fin de semana en las redes sociales con el hijo de un usuario de Twitter.
Si la protección no es integral, simplemente no sirve.