6 de June de 2011 00:03

El presupuesto para proteger a víctimas es bajo

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Gabriel falleció apuñalado. La madruga del 29 de febrero del 2009, su cadáver apareció en un barrio del norte de Quito y sus padres solamente lo vieron cuando agentes de Criminalística lo subían a uno de sus vehículos para llevarlo a la morgue.

El crimen afectó a la familia y luego del entierro su madre, Rocío Arévalo, sufrió una trombosis.

Estuvo internada ocho días en un hospital y su esposo, Eduardo Caicedo, recuerda que ninguna entidad los ha apoyado.

Ahora Caicedo lidera la Asociación de víctimas de la delincuencia. Como tal, ayer planteó que el Estado automáticamente proteja a todos los afectados por la delincuencia y la inseguridad, sin que se necesite pedir formalmente la asistencia, como ocurre ahora.

En la Fiscalía opera el Sistema de Protección a Víctimas y Testigos, pero solo registran 4 187 beneficiarios. Esto ocurre, pese a que -según este mismo organismo el año pasado se registraron 250 000 denuncias en el país.

En este grupo de protegidos por la Fiscalía se halla Fredy L., el ecuatoriano que sobrevivió a la masacre de Tamaulipas, México. También están su hija y su esposa, pero otros 10 familiares fueron separados desde el 29 de mayo.

El jefe nacional del Sistema de Protección de la Fiscalía, Cristian Lombeida, dice que hasta el 2009 el presupuesto para cubrir a los afectados era de apenas USD 90 000 y por eso tampoco se hizo una difusión masiva de los servicios. “Sería una irresponsabilidad decir que venga la mayor cantidad de víctimas y no poder atender”.

Para el Sistema de Protección a Víctimas, en el 2009 se pidió la asignación de USD 5 millones, pero se entregó apenas USD 1 millón. En este año se solicitó un monto similar y se dio USD 1,5 millones. “El presupuesto siempre va a ser bajo. Se necesita aumentarlo, por supuesto”, sostuvo Lombeida. En un estudio hecho por este funcionario se conoció que para atender a cada víctima se requieren aproximadamente USD 11 000 por año, pero a la fecha se destinan apenas USD 358 por persona protegida.

Por casos como este, no todas las víctimas asistidas tienen, por ejemplo, bonos de alimentación. “No a todos podemos dar ese bono e insertarles laboralmente, pero sí entregamos asistencia psicológica y cobertura policial. Ahora, no todas las víctimas necesitan todo”, comentó Lombeida. Según el funcionario, este Gobierno ha apoyado “los esfuerzos” en esta materia. En el caso de Fredy L. y su familia -según la Fiscalía- recibieron beneficios por USD 70 000. Datos de ese organismo señalan que en alimentos se han invertido USD 9 752, vestimenta 5 665, asistencia psicológica 300, etc.

Pero el pasado viernes, en Teleamazonas, Fredy L. dijo que el Gobierno incumplió los ofrecimientos y que no ha entregado, por ejemplo, una casa de dos pisos. El presidente Rafael Correa dijo que el sobreviviente ha recibido toda la ayuda y criticó la exposición del joven en televisión.

William Murillo, quien fue criticado por el Jefe de Estado, porque supuestamente habría manipulado al joven, reconoció que él contactó a la televisora que entrevistó a Fredy L. Murillo fue titular de la Secretaría del Migrante y ayer dijo que lo expusieron en TV, con la autorización de la familia.

Pero especialistas observaron este procedimiento mediático (ver puntos de vista).

Caicedo dice que la cobertura y protección debería regir hasta que se termine el proceso judicial. A decir de Lombeida, en las fiscalías provinciales sí hay psicólogos y trabajadores sociales, que ayudan a la víctima para que “denuncie tranquilamente”.

Tras la muerte de su hijo y la trombosis de su esposa, Caicedo se vio obligado a vender un carro y un terreno de 150 metros en Chillogallo (sur de Quito). “Ese dinero nos ayudó mucho y hasta el momento no hemos recibido ayuda psicológica ni legal de ninguna institución del Estado”.

Puntos de vista

José Laso / Docente de la Universidad Andina

'Tener cuidado por más autorización que haya'

Creo que la información de ese tipo (caso de Fredy L. y la masacre en México) es peligrosa para las víctimas. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado por más autorización que haya (para publicar).

A veces los familiares no sobredimensionan la gravedad de aparecer en los medios y el problema de la violencia que existe. Allí viene la ética periodística: ver el contexto de todo el asunto y las implicaciones que un tema de esa naturaleza pueda tener. (Por último queda a buen criterio de los periodistas de cómo tratar el tema) y a su profesionalismo. Eso le hace ver todo el contexto de los acontecimientos como los que ocurrieron. Mientras más complicadas son las realidades sociales, más profesionalismo se requiere para tratarlas debidamente.

Paúl Mena / Comunicador y docente

'La información tiene que ser transmitida con ética'

Ahora tenemos un caso en que un medio publica esa información (caso Fredy L.). Yo creo que hay que balancear el tema. Es importante publicar la información de alguien con quien no se están cumpliendo los ofrecimientos realizados. No se puede callar. Por otro lado, esa información tiene que ser transmitida con los mayores niveles de ética periodística y responsabilidad social.

Eso, justamente, para no contribuir con el estado de inseguridad de esta víctima. De todas maneras, el punto principal es que el Estado debe garantizar la seguridad de Fredy L. y su familia. Los medios de comunicación deben aplicar los mejores estándares de calidad.

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