27 de December de 2010 00:00

La Policía halla nexos entre secuestro exprés y cachinerías en Guayaquil

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Redacción Guayaquil

Tuberías, cables, radiograbadoras, licuadoras, televisores, ropa, zapatos y cartuchos para Nintendo, son parte de la oferta de “segunda mano” en el mercado de las cuatro manzanas, en el sur de la ciudad.

Los vendedores del lugar fueron reubicados en este espacio habilitado por el Municipio de Guayaquil, hace siete años, por disposición del alcalde Jaime Nebot. Antes, los comerciantes se tomaban las vías públicas como la calle Pedro Pablo Gómez (PPG) y Pedro Moncayo.

Simón Estrella de 50 años, quien fue reubicado en el mercado, exhibe en su puesto palas que –asegura- fueron vendidas por obreros que no habían recibido su pago semanal. Su vecino Rafael Ramírez, de 32 años, tiene sobre una mesa de madera trozos de caucho con diversas formas. “Son artesanías”, dice el vendedor.

Sostiene que él compra llantas que no sirven y que las corta para crear objetos que podrían ser útiles para proteger los aros de los autos. “Aquí todo es trabajo, pero una factura ¿de dónde la voy a sacar si son llantas viejas? Yo no tengo una persona fija que me vende. Los que me venden son dueños de montacargas, de canteras'”.

Ambos se mostraron preocupados por la visita del presidente Rafael Correa el pasado martes, ya que, en tono paternal, alertó que la venta de objetos robados es ilegal. Y luego anunció que hasta enero el Gobierno se ha planteado terminar con las cachinerías.

Este mes han sido continuas las visitas de la Policía para incautar productos por ser “de dudosa procedencia”, ya que los comerciantes no tienen los papeles que avalen la compra. Aunque los vendedores piden a la Policía que realice indagaciones que indiquen cómo obtienen su mercancía.

“Es que la gente pelucona bota sus cosas, los pobres los intentamos arreglar”, dice Johnny Balda. Cuestiona al Mandatario. “Por hacerse famoso (viene). Basura es que se llevaron. Él mismo, como Presidente, ha de botar cosas por la ‘limpieza de año nuevo’, para la energía positiva, y luego los basureros vienen donde nosotros y nos la venden”, menciona.

Johnny se dedica a arreglar parlantes, teléfonos, Nintendo, PlayStation' Asegura que debido a la incautación de todos sus objetos, tuvo que pedir USD 500 a chulqueros. Y que dos radios de autos que se le llevaron los policías eran de militares que le habían dejado para que los chequeara.

A pesar de las opiniones de los vendedores, el gobernador del Guayas, Roberto Cuero, reitera que se terminará con las cachinerías, que no se permitirá la venta de objetos robados. “Vamos a eliminar las cachinerías en Guayas y todo el país”, dijo Cuero, quien también puso como plazo enero.

Mario Acosta, jefe de la Policía Judicial del Guayas, asegura que, dentro de esa estrategia, dos sospechosos fueron detenidos la última semana por estar implicados en el negocio de la compra y venta de objetos robados en cachinerías. Afuera de la casa de la pareja, en Fertisa, se parquearon tres autos, cuyos ocupantes estarían involucrados en casos denunciados de secuestro exprés, dice Acosta. La mujer tiene un puesto de venta de celulares en el sector de la Bahía, en el centro de Guayaquil.

Acosta aconseja no comprar objetos robados. Habla de un círculo vicioso: si el ladrón tiene a quién vender no se detendrán delitos como el secuestro exprés. Argumenta que en esta modalidad de delito los delincuentes no solo roban las tarjetas de débito y de crédito, sino teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos , los cuales terminan en cachinerías.

La presidenta de la Corte de Justicia del Guayas, María Leonor Jiménez, sostiene que la cachinería es un delito de receptación, tipificado en el artículo 569 del Código Penal, penado con prisión, del que se puede acceder a la libertad mediante fianza.

Jiménez critica la penúltima reforma penal hecha por la Asamblea, en la cual hicieron de este un delito de acción privada. “Por lo que este año tuvieron que reconocerlo como de acción pública”.

Desde una cachinería en el Suburbio de la urbe, Roberto T., quien vende celulares “pero de los chinos”, aclara que “los manes duros están en la Bahía. Ellos tienen plata, nosotros no. No nos haga la ca..., tenemos que comer'”.

Él dice que tiene los documentos de los cuatro celulares que expone en una mesa improvisada en la calle, mientras bebe cerveza. Pero no muestra los papeles.

Menciona que desde hace un mes varios policías lo subieron a un patrullero y lo llevaron a dar vueltas mientras lo extorsionaban. Según él, le quitaron tres celulares y USD 100, por lo que hoy debe USD 500 a chulqueros; les paga 20 diarios. Pero esto, Roberto no denunció el presunto caso de “abuso” policial.

En Quito se inician los operativos

 

A  Édison D. le molesta que los uniformados se lleven por la fuerza la mercancía del Centro Comercial Montúfar. El último operativo en esa instalación del centro de Quito movilizó a 150 militares y  similar número de policías, el viernes,  al mediodía. 

 

La disposición de las autoridades fue requisar los objetos que se ofertaban sin documentos de respaldo. Además, grupos de 17 militares se ubicaron en las tres puertas y realizaron un cacheo  a las personas que  salían,  para verificar si  habían comprado objetos supuestamente robados. Por 30 minutos, impidieron el ingreso de clientes, la víspera de Navidad.

“Me molesta porque se llevan los   artículos y luego, cuando se va a reclamar con los papeles en regla, estos   no aparecen. Incluso hay compañeros que van con facturas y  no recuperan nada. Les hacen pasar  hasta cuatro meses y gastar en abogados”, dice Édison.

Édgar Martínez, jefe del Regimiento Quito 2, dice que la orden superior es  evitar la venta de objetos de dudosa procedencia. Para ello, agrega, se utilizará una alta cantidad de uniformados. “Cuando trabajamos   en menor número hay  problemas. La gente nos ha agredido con golpes e insultos.  A veces también nos ha escupido”.

 

En ese esquema, un primer operativo conjunto se realizó el miércoles  en la Plaza Arenas  (San Blas, centro). Allí intervinieron  70 policías y 50 militares. En las dos incursiones hubo el sobrevuelo de un helicóptero del Ejército, para monitorear si alguien sacaba  objetos de forma camuflada y la salida de los vendedores.

 

En la Plaza Arenas, los propietarios de algunos quioscos no justificaron la tenencia de juguetes, electrodomésticos y otros enseres. Los fiscales  Jorge Nogales, Luis Sánchez y Pablo Santos, ordenaron el decomiso. Electrodomésticos  y computadoras fueron llevados a un camión de la Policía. “La mayoría de estos lugares, lamentablemente,  funciona al margen de la Ley”, dijo Santos.

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