La masiva concurrencia policial a la Corte Provincial de Justicia del Azuay fue inusual ayer. Cerca de 100 uniformados llegaron, unos al exterior del inmueble, otros a la Sala de Audiencias del quinto piso.
Allí, pasadas las 13:30, Efrén Paredes, Sonia Cárdenas y Arturo González, jueces del Tribunal Segundo de lo Penal, emitieron sentencia en el caso que indaga la muerte del estudiante Edwin Barros. Los tres hallaron culpable del hecho al cabo Juan A. e inocente a la subteniente Denise Y.
La madrugada del 2 de diciembre, policías ejecutaron una persecución contra un vehículo Chevrolet Blazer, de placas AFH-806. Los agentes consideraron sospechosos a los ocupantes del automotor. Era conducido por Edwin de Barros, de 21 años. Él estaba acompañado por cuatro amigos, y regresaban de Paute a Cuenca. El operativo policial terminó en disparos. Los jóvenes que sobrevivieron relataron que fueron bajados del vehículo a patadas y que fueron esposados. Una bala había segado la vida del universitario.
Los jueces escucharon testimonios por 13 horas y, tras 90 minutos de deliberación, concluyeron que un agente era responsable. Ayer, en la Sala se escucharon reclamos y llanto. La madre del joven, Rocío Vellín, gritaba: “Asesinos mataron a mi hijo”. Ella lloraba desconsoladamente.
El ambiente en el pasillo de la Corte era de tensión. Los policías no bajaban sus escudos de protección. Al salir de la audiencia, la fiscal del caso, Margarita Cordero, estaba molesta. Dijo que no compartía el dictamen porque no concuerda con las indagaciones.
Según ella, la madrugada del 2 de diciembre, la subteniente Denise Y. estuvo al mando de la patrulla Yanuncay y habría dado la orden para que se iniciara el operativo. Esa madrugada, según relatan los amigos, Barros no acató la orden de detenerse que dio la Policía en un retén de control en la vía Azogues-Cuenca.
La Fiscal dijo que los testimonios y las pruebas indicaron que el vehículo de Barros se golpeó contra la vereda, frente a Continental Tire Andina (llantera) y que allí hubo disparos. De acuerdo con las investigaciones, un proyectil de una pistola de 9 milímetros impactó en el cerebro del joven. Esa arma era del policía Juan A. La subteniente “fue la responsable de lo que aconteció porque dio las órdenes a sus inferiores”.
Cordero dijo que apelará el dictamen para que se sancione a Denise Y. El abogado de la familia Barros, Caupolicán Ochoa, no estaba sorprendido con la decisión del Tribunal. Según él, hay un espíritu de cuerpo para proteger a un oficial y no al cabo de Policía.
Ochoa esperará conocer cuál será la pena que le impongan a Juan A. para apelar (los jueces definirán la pena en los próximos días). En el juicio, él pidió una sanción por asesinato. “Durante los dos días de audiencia existió un ambiente hostil con la presencia de decenas de uniformados. La institución policial le debe cuentas a la sociedad”, dijo Ochoa.
En los exteriores de la Corte hubo carteles de apoyo a la familia Barros. Ochoa dijo que buscan que este caso sea un precedente para que no se vuelvan a cometer abusos desde la Policía.
La muerte de Barros hizo que familiares de la víctima, representantes de derechos humanos y el ex gobernador del Azuay, Leonardo Berrezueta (actual viceministro del Interior) solicitaran la destitución de los comandantes de Policía de Azuay de esa época.
En diciembre, Berrezueta dijo que hubo “negligencia en la actuación de los representantes, tanto del Comando Provincial de Policía del Azuay como del comandante del III Distrito, al evadir su responsabilidad de responder a la ciudadanía… y al no acoger la disposición emitida desde la Gobernación para mantener en estricta vigilancia a los policías que venían siendo investigados”.
Berrezueta se refería a que Juan A. recién estuvo preso seis días después del hecho. Entonces, el abogado del agente, Teodoro Galarza, argumentó que no llegó a la audiencia de formulación de cargos porque el 9 de diciembre había salido franco.
Ayer, los parientes de los policías salieron de inmediato, tras conocer el fallo del Tribunal. Gloria D., madre de Denise Y., no dejaba de agradecer a Dios. “Estos siete meses han sido de constante sufrimiento”, sostuvo.
Miguel Sarmiento, abogado de los policías investigados, manifestó que esperarán conocer la los años de sanción para Juan A., para apelar a la sentencia.