16 de July de 2011 00:01

Pesántez se va y critica plan de seguridad

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En uno de sus último actos públicos como fiscal general, Washington Pesántez criticó ayer al plan Más buscados, establecido por el Gobierno para capturar a 10 sospechosos, considerados por la Policía los más peligrosos del país.

Pesántez llegó a Carcelén, al norte de Quito, para la inauguración de la Casa de la Justicia. “Es necesario tener ciertos datos estadísticos que ilustren el porqué de la Casa de la Justicia”, manifestó el funcionario. “Por fin tenemos un centro de acopio y procesamiento de información, porque eso no se manejaba en el país y peor aún una política pública o muchas veces, como hoy parecen, limitarse a la lista de los Más buscados o polígrafos...”.

Sus palabras recibieron palmas de unas 500 personas, la mayoría funcionarios de la Fiscalía, quienes llegaron al patio central de la flamante edificación. Otro de los anfitriones, el alcalde de Quito Augusto Barrera, destacó que la Casa de la Justicia es un nuevo modelo de gestión para la descentralización y la eficiencia. Indicó que con la edificación se establece un nuevo punto de seguridad en el norte de la capital.

A la ceremonia llegaron el nuevo comandante del Distrito Metropolitano de Quito, Juan Carlos Rueda, y otros funcionarios del Consejo de la Judicatura, el Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana (OMSC), la Fiscalía, ciudadanos, etc.

En la Casa de la Justicia trabajarán alrededor de 200 profesionales: fiscales, jueces, abogados, psicólogos, trabajadores sociales, médicos, enfermeras, policías y administrativos. Según cálculos realizados por las autoridades, estos funcionarios atenderán a cerca de 200 000 personas por mes.

La inauguración de la instalación se produjo dos días después de que el Municipio de Quito anunciara la configuración de una política integral de seguridad para la ciudad. En esa empresa, que busca el involucramiento de todos los sectores vinculados a la seguridad y la ciudadanía, participarán la organización Marcha Blanca y la Secretaría Metropolitana de Seguridad.

La iniciativa fue planteada luego de que la Veeduría de Seguridad Ciudadana Marcha Blanca presentara esta semana un informe sobre el uso de los fondos recaudados por la Tasa de Seguridad entre el 2003 y el 2009 (USD 38,6 millones) en Quito.

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El documento de la veeduría contenía recomendaciones al Municipio de Quito, para enfrentar problemas de inseguridad y violencia de la capital.

En un primer encuentro entre la veeduría y el Municipio se determinó crear una comisión que se encargará de vigilar el cumplimiento de las recomendaciones del informe y coordinar acciones para diseñar la política pública de seguridad ciudadana.

En la inauguración de la Casa de Justicia, Pesántez criticó que no se hubiera construido la Casa de la Justicia del Sur de Quito. “Lo planteamos hace tres años y la hubiéramos inaugurado hoy, pero la insana competencia entre ministerios no lo permitió”.

En la construcción de la instalación de Carcelén la Empresa Metropolitana de Seguridad de Quito invirtió USD 1 455 093 con recursos de la Tasa de Seguridad. La Fiscalía aportó USD 640 000 para equipamiento y mobiliario.

El edificio prestará 24 horas de servicio ininterrumpido en atención integral a las personas. Habrá asesoría legal gratuita, asistencia psicológica médica y social para las víctimas de las infracciones penales, entre otros. En la ceremonia se informó que la Casa de la Justicia comenzará a operar el 25 de este mes.

En el edificio tendrán oficinas dependencias como la Defensoría Pública, Policía Comunitaria, Fiscalía de flagrancias y tribunales de garantías penales. Se informó que también habrá fiscalías especializadas en patrimonio ciudadano, personas, delincuencia transnacional, violencia sexual e intrafamiliar y adolescentes infractores.

En su intervención, que duró aproximadamente 25 minutos, Pesántez hizo una especie de rendición de cuentas de la labor de más de tres años en la Fiscalía. Mencionó que al llegar a la institución, el 2007, habían 863 611 causas represadas, mientras que en lo que va de este año suman 219 166. Añadió que ahora existen 4 886 víctimas protegidas.

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