Este 30 de abril del 2014 se marcó un hito para la dignidad humana y la seguridad. El panóptico de San Roque, el llamado penal García Moreno de Quito, fue clausurado como cárcel para siempre.
Por mostrar la realidad de esa prisión, la prensa fue fustigada. Sus celdas confinaban a los detenidos a dormir en el piso, a alimentarse con cocinetas instaladas sobre los inodoros, hacinados, vulnerables a enfermedades. A inicios del 2012, la publicación de una serie periodística sobre esa condición fue objeto de un desmentido desde el Ministerio de Justicia. Reporteros fueron acusados de practicar “mal periodismo”, de “desinformar”, de “distorsión”, de dar “una idea equivocada” al publicar fotos “antiguas”.
¿Desinformar? ¿Mal periodismo? ¿Antiguas? El desmentido de entonces no guarda coherencia con lo que durante la última semana han dicho los actuales funcionarios a cargo del tema en el Gobierno. “Se cerraron las puertas de este complejo penitenciario que eran más bien bodegas de los privados de libertad, donde las mafias manejaban las bandas”, enfatizó el último 30 de abril la Ministra de Justicia.
El penal llegó a tener un nivel de hacinamiento de hasta el 400 por ciento, apuntó su Cartera de Estado. Hubo hasta “15 personas en una misma celda”, difundió un medio oficialista el viernes, la víspera del Día de la Libertad de Prensa.
En este caso, ¿la verdad oficial se derrumbó? Tal vez sirva recordar que, en periodismo, la cobertura responsable de la violencia tiene como premisa respetar los derechos humanos y supone contextualizar, identificar causalidades y perseguir no la desestabilización política de ningún actor, sino la sensibilización de la sociedad, para una toma de decisiones que -sustentada en varias fuentes y contextos- permita construir seguridad.
El traslado de 1 969 internos del panóptico al Centro de Rehabilitación Social Cotopaxi abona a esa meta. La prensa seguirá el proyecto de rehabilitación. Que el tiempo pruebe que no solo se trató de un nuevo edificio con viejas prácticas.