19 de June de 2011 00:01

ONU critica la desprotección de víctimas

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El hombre se encontraba sin protección policial. El día en que sicarios asesinaron a tiros a Luis J., únicamente lo acompañaban su hijo y un amigo. El resguardo de los agentes no se concretó, pese a que un día antes (lunes 13) desconocidos dinamitaron su casa en Manta y el ahora fallecido sobrevivió a ese ataque.

¿Por qué la Fiscalía y la Policía no lo cuidaron? Miguel Cisneros, jefe del Comando Policial de Manta, dice que para entrar al Sistema de Protección a Víctimas y Testigos (SPVT) de la Fiscalía, el hombre debió denunciar sobre amenazas y no lo hizo.

Pero el fiscal de esa ciudad, César Ponce, dice que Luis J. sí presentó la queja por atentado a la vivienda, pero que recién se sorteó la mañana del martes, es decir, horas antes de que fuera asesinado por sicarios, que en motos llegaron hasta su casa destruida.

Precisamente el relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, criticó que para recibir protección, las víctimas o testigos primero deben presentar una denuncia ante el fiscal.

Bajo esas mismas consideraciones, la Fiscalía tampoco da protección a tres de las cinco familias afectadas por la masacre que en agosto del 2010 perpetraron narcos del cartel de Los Zetas, en Tamaulipas, México. El jefe nacional del SPVT, Cristian Lombeida, dice que las tres familias no formalizaron acusación alguna y que por eso no tienen cobertura.

Los parientes de Freddy L. son una de las dos familias que sí se benefician de la asistencia estatal, aunque a inicios de este mes el joven denunció la falta de atención.

El programa incluso retiró la protección a 10 de los 13 beneficiarios, aunque esa medida fue revisada. El informe de Alston se presentó esta semana en el 17º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. En el documento de 31 páginas, el Relator sostiene que “muchos testigos no llegan a beneficiarse del programa (de protección). La mayoría no lo conocían o no confiaban en él”. De hecho, estadísticas de la Fiscalía revelan que a esta fecha en el SPTV están apenas 4 187 beneficiarios a escala nacional. Esto ocurre, pese a que -según este mismo organismo- el año pasado se registraron 250 000 denuncias en el país.

Alston hace otras revelaciones: “En muchos casos los testigos consideran que los fiscales son parte del problema. Tienen la impresión de que son fáciles de corromper, están demasiado conectados con los autores de los delitos o simplemente son ineficaces”. El fiscal de Pichincha, Marco Freire, dice no entender por qué habla de corrupción y que se da toda la cobertura a los afectados.

Sin embargo, en la Fiscalía que maneja este funcionario hay una unidad para atender a víctimas, pero solo cubre a personas afectadas por delitos sexuales. Eso lo confirmó la coordinadora del Departamento, Elena Carrión.

En la Unidad de Flagrancia, los afectados por la inseguridad también están desprotegidos. Ellos y sus presuntos agresores están separados por una distancia de solo dos metros y la jueza Tania Molina reconoce que “no tienen ningún apoyo psicológico” ni de trabajo social. Carrión sostiene que ahora se trabaja en esos servicios y que estarían disponibles en seis meses. Mientras aquello se concreta, la única asistencia a los usuarios de esa unidad es a través de exámenes médicos legales.

En el Juzgado de Contravenciones de La Mariscal (norte de Quito) ocurre algo similar. El jueves, Marcelo B. denunció allí el ataque que un día antes perpetraran dos desconocidos. Con arma en mano, los hombres detuvieron la moto en la que iba y le robaron USD 100. Cuando entró al lugar el único que le atendió fue un policía, quien le recomendó tomar una hoja para denuncias y explicar detalladamente” el hecho. “Nadie nos explica ni cómo hacer una denuncia, peor darnos asistencia psicológica. Estoy superasustado y hasta me enfermé, pero nadie pregunta esas cosas”.

Mientras Marcelo B. reclamaba los servicios, otras personas comenzaron a hablar de lo mismo. “Aquí lo que menos hay es apoyo”, dijo una mujer, quien denunció el robo de documentos. “Esos papeles se pueden sacar sin problemas, pero lo que más nos asusta es que los delincuentes no miden las cosas. Se me acercaron con dos cuchillos y me exigieron entregar la cartera, porque pensaban que tenía dinero”.

En la Defensoría del Pueblo se dice que todos los departamentos judiciales deberían tener un equipo de ayuda psicológica, médica y de trabajo social. Pero un funcionario del Juzgado de La Mariscal confirmó que no existe una cobertura así.

En los Tribunales de última instancia, los problemas se repiten. Durante las audiencias, las víctimas también se enfrentan a los supuestos victimarios. Guillermo Durán, juez del Tribunal Primero de Garantías Penales, dice que las seguridades es cuestión de la Policía y que, “desafortunadamente, en un sistema oral”, en las estrechas salas tienen que comparecer las dos partes. ¿Hay casos excepcionales en que las víctimas pueden enviar grabaciones y así no revictimizarlas?, el juez responde que no y que todos tienen que estar allí para que el Tribunal vea “qué es lo que realmente pasó”.

Bajo este escenario, Alston dice, en su informe, que la inseguridad de las víctimas y testigos “es enorme”. Añade: “En vista del aumento y el poder de la delincuencia organizada y de la utilización de sicarios, es absolutamente necesario contar con un programa eficaz de protección de testigos para luchar contra la impunidad”.

A esto se suma -según el funcionario- que los testigos también son reacios a confiar en el programa, porque su seguridad depende de la Policía y “piensan que los agentes colaboran con las demás unidades del servicio”.

Alston destacó que “el Gobierno aumentó considerablemente la financiación del programa (de protección) en el 2011, de USD 90 000 a 1 millón (de los 5 millones solicitados)”.

Freddy L., quien continúa con la protección de la Fiscalía, incluso denunció que los gendarmes que los cuidan golpearon a sus familiares. Aquello fue desmentido.

Sobre otras las entidades


  • Defensor del Pueblo. "Sin capacidad para exigir medidas oficiales o imponer sus decisiones. Ni siquiera puede forzar a las autoridades a dar información".
  • De los tribunales . "Se criticó mucho al Poder Judicial, por su susceptibilidad al soborno y a otros tipos de influencia ilícita, en particular en los casos relacionados con la delincuencia organizada y con funcionarios".
  • De la Fiscalía. "Si bien en Ecuador muchos fiscales son personas dedicadas, algunos interlocutores señalaron su total desconfianza".

Reacciones

Marco Freire /Fiscal de Pichincha

'Los testigos protegidos también deben colaborar'

No comparto ese criterio (de Philip Alston). Los testigos protegidos deben colaborar con la cobertura que da la Fiscalía y el cuidado es con técnicas de seguridad.

No sé por qué se habla de corrupción, qué corrupción puede haber allí. Lo que hacemos es ubicarlos (a los afectados) en un lugar que nadie conoce.

Les damos alimentación, medicinas, vestimenta. En la Fiscalía se ha desterrado en un 98% la corrupción. No hay gente que venga a quejarse, más bien han llegado a felicitarnos. Con el caso de Manta a lo mejor hubo un descuido o negligencia de la víctima. Quizá se confió en que no iba a pasar nada.

Jaime Hernández / Defensor Pueblo

'El Estado debe garantizar la protección a la víctima'

Respecto de la denuncia del Relator Especial de que el crimen organizado crece en Ecuador, creo que es un problema de crisis social. En vez de atender a los diversos sectores sociales, se ha agudizado y eso genera aumento de la delincuencia. Y no venga a decir que es problema de derechos. Sobre las observaciones a la protección de víctimas y testigos, creo que falta una política.


El Estado debe garantizar eso y la Constitución lo establece. La gente tiene temor a denunciar. Nadie quiere comparecer, porque sabe que se compra un lío. En los juzgados deberían tener psicólogos, trabajadores sociales que ayuden. Hay que evitar que los afectados se revictimicen.

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