A pesar de que el Consejo de la Judicatura en Transición (CJT) terminará sus funciones en enero, no todo lo planificado se cumple. En Tungurahua, la construcción de dos edificios donde funcionarán las unidades de lo Civil y de lo Penal tiene retrasos. Estas debían entrar en actividad en enero del 2013. Pero a la fecha, las edificaciones cuentan apenas con el 12% de avance en la obra física.
Según funcionarios del CJT, la adquisición de los terrenos y los procesos judiciales para la declaratoria de utilidad pública, impidieron que los plazos se cumplieran. En marzo, los inmuebles debieron iniciarse, pero se aplazaron para noviembre de este año.
Los constructores prevén que la Unidad de lo Penal estará lista para marzo y la de lo Civil para noviembre del 2013. Según información oficial, en ambas infraestructuras el Consejo invierte USD 33 400 000. Con el dinero se financiará la infraestructura, el mobiliario y la nueva tecnología.
Mientras esas obras avanzan, las ocho plantas del actual edificio de la Corte de Justicia, en las calles Sucre y Guayaquil, centro de Ambato, están saturadas. Esta fue construida en 1978. Pese a las adecuaciones efectuadas en este año, con el de piso y la pintura, los espacios en los juzgados no cambiaron. Las salas son estrechas. Carpetas con juicios están apilados en perchas y en el suelo.
Algo similar ocurre en los despachos de los jueces. En las secretarías no hay lugar para las audiencias judiciales. Rodrigo Naranjo, jurista ambateño, dice que los cambios en la Función Judicial son lentos, no hay progresos.
Cita, por ejemplo, que el Juzgado Séptimo de lo Penal es el que más problemas tiene. “Los trámites se estancan en los mandos medios y se impide avanzar a buen ritmo. Llevo dos meses tramitando un divorcio por mutuo acuerdo y no se da paso a la audiencia”.
Lamenta que los plazos para la construcción de los nuevos edificios no se hayan cumplido. “Nos afecta debido a que el actual edificio es muy pequeño para acoger a cientos de personas que diariamente acuden a la entidad. Las audiencias se realizan en los mismos juzgados, eso es estresante”.
La unidad de lo Penal funcionará en el barrio La Universal, en el oriente de Ambato. Cuenta con calles asfaltadas y amplias. Cerca del sitio se levantan el Mercado América, el Centro de Rehabilitación Social (CRS) y la Terminal Intercantonal de Buses. Es viernes. 70 personas apuran el trabajo. Ellos funden los cimientos de hormigón armado para un edificio de 2 000 metros cuadros (m²) en tres plantas. Allí funcionarán los tres juzgados de garantías penales y dos tribunales penales. Además, cinco salas de audiencias. Mauricio Herdoíza, gerente de la Constructora Pladeco, encargada de la obra, dice que suscribió el contrato en noviembre. Cuenta con el 12% de obra física. “El plazo vence en junio del próximo año, pero planteamos terminar un mes antes”.
El edificio se alza en un terreno de 4 800 m². Contará con un parqueadero para 120 vehículos y costará USD 3 400 000.
A 5 kilómetros de allí, en la ciudadela El Tropezón, en las avenidas Miguel de Cervantes y Manuelita Sáenz, al sur de la ciudad, se construye el complejo de la Unidad de lo Civil. Las vías de acceso son de cuatro carriles.
Allí se prevé que funcionen los ocho juzgados de lo Civil, dos de lo Laboral, dos de Tránsito, uno de Inquilinato, cinco de la Niñez y Adolescencia, así como los jueces de contravenciones de tránsito.
Esteban Naranjo, técnico de la empresa OR Construcciones, afirma que serán 14 000 m² de construcción. El precio bordea los USD 12 millones y finalizará en noviembre del 2013. “Dispone de tres torres de cinco pisos cada una y espacio para 250 autos”.
Oswaldo Rodríguez, constructor, dice que el plazo es de 11 meses. El avance es del 10%.
Precisamente una de las observaciones del último informe de la Veeduría Internacional tiene relación con las obras de infraestructura. Este organismo señaló que la Judicatura debe publicar las fases precontractuales y contractuales, así como los avances de las obras, costos, valores unitarios de metro cuadrado de construcción y toda la información de los contratistas. Incluso aseguró que “algunos contratistas han subcontratado” y que hay casos en que “han dejado a los subcontratados sin los recursos suficientes para cumplir a cabalidad las obras”. Por eso recomendó que se realicen fiscalizaciones físicas de la infraestructura, pero también del cumplimiento de contratos.
Mauro Real, director del Consejo de la Judicatura en Tungurahua, explica que las fechas determinadas para la finalización de las dos grandes obras, no se cumplieron por los problemas durante el proceso de la adquisición de los terrenos. “En Ambato el suelo es reducido, eso impidió encontrar el espacio adecuado. Luego de finalizado el proceso, iniciamos los trabajos”. El funcionario dice que la labor del Consejo de la Judicatura culminará en enero, pero que 18 meses no son suficientes para cambiar un sistema. “La Función Judicial ha tenido inconvenientes por un largo tiempo, actualmente son superados”.