21 de April de 2012 00:03

El Estado no visibiliza la violencia física y psicológica del mundo GLBT

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Su adolescencia fue un infierno. Israel, de 20 años, tiene temor de recordar los momentos de insultos y ofensas que debió pasar por su homosexualidad. Sus compañeros, en un colegio mixto de Quito, lo rechazaban y no tenía amigos. Las pocas amigas con las que se llevaba le decían que era “poco varonil” y les costaba aceptarlo en el grupo. Él siempre supo de su orientación sexual.

Sentado, en una silla, en una de las oficinas de la Fundación Equidad a la que él se refiere como su segundo hogar, recuerda escenas de cuando tenía 5 años, desde entonces -dice- no le atraían los juegos de niños. Se sentía mejor junto a las niñas.

En la Fundación es promotor de salud. Incentiva a otros jóvenes gays para que se realicen exámenes y reciban charlas sobre cómo cuidarse. Desde que aceptó su homosexualidad poco a poco su manera de hablar, de vestir y de comportarse cambió. Ahora su voz es suave y dice no sentir resentimiento por las épocas colegiales en que sus profesores decían a los alumnos que no se ‘desvíen’ nunca de su camino y todos lo miraban. “Siempre me sentí relegado, hasta humillado, pero no sabía qué hacer ni a dónde acudir”.

Según la Organización No Gubernamental (ONG) Corpovisionarios, liderada por el ex alcalde de Bogotá Antanas Mockus, la mayoría de quiteños es intolerante con los homosexuales. En una encuesta que ese grupo realizó en el 2009 se afirma que tres de cada cuatro quiteños no quisieran tener de vecinos a homosexuales.

La intolerancia también se vivió en Chile con el caso de Daniel Zamudio. Él tenía 24 años y el 27 de marzo falleció en el área de Terapia Intensiva de un hospital de Santiago tras permanecer internado 23 días. Un grupo de supuestos neonazis le arrancaron parte de una oreja, le dejaron caer repetidas veces una gran piedra en el estómago y en sus piernas y le fracturaron sus huesos.

Sus familiares contaban que las agresiones verbales y psicológicas de chicos de su edad fueron de siempre. Con Israel sucedió lo mismo. La gente se ha referido a él con términos fuertes. Su familia notaba su orientación sexual desde que era niño, pero tuvo miedo de afrontarlo. Israel recuerda el día en que se paró frente a su madre y le dijo que era gay. “Para mi mamá fue un ‘shock’”. El maltrato en su colegio no solo era verbal, sino físico. “Me empujaban, me pegaban, mis compañeros decían a los nuevos que no se me apegaran, porque les iba a contagiar”.

La situación de exclusión que vivió Israel no es la única. Pero en la Fiscalía y en la Policía no existen denuncias, no hay estadísticas de discriminación o de delitos contra la comunidad de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales (GLBT). Pocos son los hechos que llegan a tratarse en la Defensoría del Pueblo (DPE) y en las ONG de activistas de la comunidad. “Mucho juega el temor por recibir rechazo, malos tratos o insultos, esa es una de las razones por las que no denuncian”, sostiene Carla Patiño, directora nacional de Derechos Humanos de la DPE.

La funcionaria dice que en el 2009 se tramitaron cuatro casos de discriminación, pero no han recibido más denuncias. “En ese año, cuatro personas denunciaron los maltratos que sufrieron en los supuestos centros de rehabilitación que ofrecen curar la homosexualidad, algo que es ilegal”.

La homosexualidad en Ecuador estuvo penalizada hasta 1997. En marzo del siguiente año se reconoció el principio de no discriminación por orientación sexual y la Constitución (art.11) amparó el derecho a la libertad y diversidad sexual. “Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia (…) orientación sexual, portar VIH, discapacidad ni por otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La Ley sancionará toda forma de discriminación”.

Pero esto no se cumplió tampoco para Kléver C., quien fue despedido de su trabajo hace cinco semanas. Entre el calor y el humo de un bar gay de Quito, Kléver tomaba un daiquirí con su pareja cerca de la medianoche.

Aún molesto, cuenta que su jefe le dijo que lo despedía “porque es gay”. Él y otros trabajadores se enteraron que Kléver tenía una pareja del mismo sexo y no faltaban frases fuertes como “cuidado botes los platos porque tienes la mano virada”. Desde hace un año, cuando llegó de Manabí, trabajaba como mesero en un restaurante. Después de acabar el daiquirí se despide de su pareja y de la gente que conoce y que van a ese bar los viernes. El lugar está lleno de hombres, casi no hay mujeres. “Aquí es otro mundo. Un lugar donde uno es libre”, dice Kléver.

Con jean y zapatos deportivos blancos, él se sienta sobre una piedra, en el parque de La Carolina cerca de su casa para narrar más de su testimonio. No quiere ser fotografiado y prefiere que protejan su identidad. Dice que lo despidieron intempestivamente y no le pagaron un mes de sueldo. “La discriminación a los gays no se da solo en hombres sino también en mujeres. Nos dicen que somos locas, peluqueras, nos estereotipan. Soy un hombre al que le gustan los hombres, simplemente mi gusto sexual es diferente”.

Efraín Soria, presidente de la Fundación Equidad que lucha por la libertad de la comunidad gay, asegura que el año pasado 1 180 personas visitaron esta organización. De esa cantidad –afirma- el 38% de los que han revelado su identidad sufre discriminación. “Algunos manifestaron que tuvieron que cambiar de domicilio por causa de su orientación sexual e incluso les han solicitado la prueba de VIH, sus familiares y sus empleadores”. Pero solo el 8% de ellos ha denunciado el hecho ante las autoridades.

Israel y Kléver nunca lo hicieron. Carla Patiño considera que estas denuncias deben ponerse en la Defensoría o en las organizaciones que defienden a estos grupos. La idea -dice- es evitar que los casos terminen en un delito o en un crimen de odio. Eso fue precisamente lo que sucedió con Zamudio y conmocionó las redes sociales y la comunidad de gays.

Estadísticas

El número  de violencia contra los GLBT no está registrado en la Fiscalía ni en la Policía. En la Ley se tipifican como delitos de odio.

A la Comisión  Ecuménica de Derechos Humanos tampoco llegan las denuncias desde el 2009. En ese año trataron cuatro hechos.  

Según las ONG  de la comunidad, al menos hay dos casos por mes. 

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