El defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, dice que “aún hay una estructura de corrupción en los centros penitenciarios”. Él advierte que no existe control.
¿Cuál es la información que la Defensoría del Pueblo tiene sobre la situación carcelaria del Ecuador?
Es conocido el problema de los centros de privación de la libertad. Se viene arrastrando desde hace muchos años. Esto significa que hay que abordarlo con una política pública integral que pase por algunos órganos del Estado.
¿Eso no ocurre?
Creo que no existe una intervención de manera sostenida en los centros de rehabilitación social del país. Por ejemplo, la normativa sobre el Código de reducción de penas aún no está dictada. Esto tiene que salir con el Código Orgánico Integral Penal que lo está conociendo la Asamblea Nacional. Y ahí hay una responsabilidad de ese órgano.
En concreto, ¿qué se ha hecho en las penitenciarías en cinco años de Gobierno?
Me parece que se han dado avances importantes. Creo que se construyeron dos centros de rehabilitación social y se ha avanzado en la coordinación con los jueces de flagrancia, en el fortalecimiento de la Defensoría Pública. Se han dado estos pasos, pero sin duda son insuficientes. Aún falta trabajar más sobre la condición de las personas privadas de la libertad. Lamentablemente no hemos podido superar el problema de hacinamiento.
¿Qué hacer con eso?
Creo que se deben fortalecer los servicios de salud y de educación. Pero esto pasa por una política. Se haría mal intervenir en los centros con temas puntuales. No se trata de que el día de mañana pongamos dos o tres médicos en los centros carcelarios, se trata de hacer una política sostenida.
Usted ha recorrido las cárceles del país. ¿Qué ha podido observar en estas?
En Quito tenemos un penal que data desde hace 50 años, que tiene que cerrarse y construirse otro centro. En Guayaquil se aprovechó la construcción de La Roca, pero no es el modelo ideal de rehabilitación social. Es más bien un centro de seguridad y los de rehabilitación social conjugan seguridad con derechos humanos.
¿La Roca no conjuga eso?
Es un centro de seguridad.
Pero también se han registrado hechos violentos…
Hay que investigar e indagar a los responsables.
Los problemas en las cárceles contrastan con las dos declaratorias de emergencia en el sector y el anuncio de entregar al menos USD 100 millones. ¿No funcionaron estas medidas?
No es solo un tema de dinero. Creo que en esto se trata de apersonarse todos del problema. Usted ve que no se ha podido construir un centro de rehabilitación social para reemplazar al penal, puesto que existen muchas personas y comunidades que no admiten un centro en sus espacios.
Pero un informe de la Veeduría Ciudadana de centros penitenciarios, que ahora está en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, advierte una preocupación porque no se han transparentado estas emergencias.
Me parece que estos temas sensibles tienen siempre que ser validados previamente por el Estado. Las conclusiones que tiene una veeduría son las conclusiones que pueden llegar a la población civil, pero estas también deben tener validación oficial.
Los familiares de los internos dicen que no hay controles fuertes en las prisiones y que en el interior se vende y se consume droga con facilidad. ¿Qué sugiere para enfrentar ese problema?
Sé que este es un problema que se acarrea desde las décadas de los 80, 90 y la década anterior.
¿Cómo frenarlo?
Lo que hay que empezar es por cambiar los ámbitos burocráticos. Si usted tiene grupos que actúan en delincuencia, pero que se mezclan tanto con otros detenidos con ayuda de personas administrativas o guías penitenciarios, va a ser difícil frenar el problema. Entonces también pasa por un tema de corrupción que lamentablemente se ha enraizado más en esos centros, pero que hay que ir controlando poco a poco.
¿Tema de corrupción?
Pero por supuesto que aún hay una estructura de corrupción en los centros penitenciarios. Pero hay que cambiar y no tengo la menor duda de eso. No se olvide que hasta hace poco tiempo la dirección de prisiones era autónoma. Lo que se hizo, lamentablemente, fue acumular grupos que se habían tomado las situaciones de las cárceles sin control.
¿Grupos de detenidos o grupos de funcionarios?
Grupo de funcionarios que se encontraban ligados con otras personas más.
En la práctica, ¿qué significan esas estructuras de corrupción de las que habla?
La persona que ha entrado a un centro de privación de libertad sabe que ahí adentro también hay diferencias con respecto a las oportunidades. Hay muchos negocios o negociados inclusive al interior de los centros. Esto, muchas veces se lleva (adelante) por las propias personas privadas de la libertad. Habría mejores controles si es que no existiesen funcionarios que hayan facilitado o puedan facilitar eso.
¿Cómo se refleja esto en la práctica?
La conjugación de personas de todos los ámbitos para poder llevar adelante situaciones ciertamente delictivas como el tráfico de drogas, como el control de licores que no hay tampoco, como los negociados que hay en el interior. Pero creo que se han dado pasos serios para reformar.
HOJA DE VIDA
Ramiro Rivadeneira
Su experiencia. Es defensor del Pueblo en el período 2011-2016. Se graduó como doctor en Jurisprudencia y magíster en Ciencias Internacionales por la Universidad Central del Ecuador.Se ha desempeñado como asesor jurídico del Tribunal Constitucional del Ecuador, asesor del Ministerio de Justicia y fue subsecretario jurídico del Ministerio del Interior.
Su punto de vista. En los centros penitenciarios existen estructuras de corrupción.