Las calles lucen casi vacías. Es mediodía y la gente de Selva Alegre descansa en el exterior de sus casas de madera y techos de cinc. No tienen trabajo desde hace un año, cuando la actividad que emprendían fue suspendida, tras operativos de las Fuerzas Armadas.
A la parroquia del fronterizo cantón de San Lorenzo (Esmeraldas) llegan autoridades de los ministerios de Seguridad y de Ambiente para presentar a delegados de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) un proyecto gubernamental que busca dar trabajo a 160 mineros desempleados, agrupados en tres asociaciones.
Hasta mayo del 2011, la mayoría de lugareños se dedicaba a la búsqueda de oro; en minas ilegales, desperdigadas junto a los ríos de la frontera con Colombia. Era su principal sustento, pero el Ejército destruyó 178 retroexcavadoras, porque en la zona se registró un serio impacto ambiental (fuentes de agua contaminadas con arsénico y mercurio) y, según Seguridad, actividad criminal.
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El Ministerio de Seguridad halló un posible vínculo entre la minería ilegal y el lavado de activos, financiado por grupos armados ilegales del vecino país. Ese posible nexo, en la frontera común de Colombia y Ecuador, inquieta a los cuatro países de la CAN.
El viernes, luego de la visita, los cuatro países de la Comunidad acordaron establecer medidas de cooperación para “combatir el lavado de activos y delitos conexos provenientes de la minería ilegal”. Lo hicieron al suscribir el Acta de Quito, tras el taller Internacional de Intercambio de Información para el Control de la Minería Ilegal.
El ex director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Gustavo Iturralde, habló de la gravedad del nexo entre minería ilegal y la operación inusual de recursos en la frontera, antes de que renunciara a la entidad responsable del control de lavado, el jueves.
Según Iturralde, “hay compra de oro que por la vía del contrabando se va hacia Colombia, en Colombia hay compañías mineras constituidas pero que no están en producción y sin embargo resultan exportando oro hacia los Estados Unidos (…). Pagan allá los valores que corresponden y ese oro es después reexportado a Colombia y vuelve a ser fundido”.
Para los mineros de Selva Alegre, dice la viveministra de Seguridad, Gloria Polastri, hay un proyecto del Plan Ecuador, que contempla activar 11 minas, bajo regulación.
Para los mineros, nada se asemeja con la actividad de antes, cuando operaban minerías ilegales en al menos 500 piscinas en la frontera. “Ya no tenemos para comer”, relata una moradora, madre de cuatro hijos, quien no conoce otra labor que ‘batear’, como llaman los pobladores al oficio de buscar oro en los ríos. “Desde que tengo uso de razón me he dedicado a este negocio. A veces en un día nos generaba USD 300, ahora solo se vive de los pocos ahorros”.
Por grano, refieren los mineros, en San Lorenzo o en Eloy Alfaro les pagaban USD 6. “No sabemos qué gente nos compraba, muchos no eran de aquí”, admite un minero, quien espera laborar en la primera mina legal, Anayacu.
La comercialización de metales y piedras preciosas en Ecuador requiere una legislación mayor para reducir el riesgo de lavado, precisa el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), en su informe de evaluación de diciembre del 2011.
“Las actividades y profesiones no financieras designadas (agentes inmobiliarios, venta, comercialización de piedras preciosas, etc. ), con excepción de los casinos, no forman parte del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, enfatizó el Gafisud, el cual determinó que durante el 2010 Ecuador reportó USD 1 643 millones por lavado de activos.
En Selva Alegre el calor es intenso y el recelo a dar detalles sobre los responsables de las extintas minas, general. “Ellos hacían los agujeros con máquinas y nosotros bajábamos con la batea. Nos compraban ahí o en los otros poblados, era rentable”.
¿Quiénes? Los mineros evitan responder. “Algunos recibían amenazas”, dice un habitante. “Los compradores de oro en Ecuador vendían los granos en Colombia y con ello podían justificar el dinero obtenido de otros delitos como el narcotráfico”, asegura el general Santiago Parra, director de Carabineros y Seguridad Rural de Colombia.
Según el funcionario, esa es una de las razones fundamentales para detener la explotación en las zonas ecuatorianas, donde “los grupos irregulares (de Colombia) obtienen mano de obra y beneficios para sus negocios ilícitos”.
En el Acta de Quito, los países de la CAN acordaron analizar el “intercambio de información y experiencias de FF.AA. y Policía de cada país, sobre las acciones de apoyo para control o erradicación de la minería ilegal en el ámbito de sus competencias”.
Asimismo, resolvieron estudiar experiencias de desarrollo socioeconómico de los países de la comunidad, para enfrentar el problema. Y analizar incluir el delito como una nueva forma de crimen transnacional, a fin de desarrollar un marco normativo.
Encargaron a la Secretaría General de la CAN preparar un proyecto con base en el Acta para difundirlo antes del 15 junio.