10 de June de 2011 00:01

Murillo se activa con las tragedias de los ecuatorianos en el exterior

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El frío era intenso en Cuenca el pasado 22 de febrero. Cerca de las 03:00, los féretros con los cadáveres de los emigrantes María P., de 25 años, y de su hijo Bryan, de 2 años, llegaron a la morgue del Hospital Vicente Corral Moscoso.

Horas antes, los cuerpos habían llegado a Guayaquil desde EE.UU. Madre e hijo fueron asesinados el 11 de febrero y arrojados en un contenedor de basura en Brockton, Massachusetts.

Los padres de María P. estaban abatidos. En la sala de espera de la morgue ellos no sabían qué hacer para retirar los cadáveres. La mamá cubría parte de su rostro con una percudida chalina azul y su esposo vestía ropa raída.

Ellos acusaron al emigrante Luis G. como el posible autor de los crímenes. Él es de la misma comunidad donde vivía la mujer y el mismo día en que ocurrieron las muertes retornó a Ecuador con una identidad falsa. Cuatro días después fue detenido en Cuenca, en una oficina de correo, cuando intentaba retirar dinero.

Los ofrecimientos de ayuda legal y psicológica para la familia llegaron desde la Secretaría Nacional del Migrante (Senami). Pero los padres contrataron a Alfonso Andrade para enjuiciar a Luis G. A él le pagaron USD 500 que reunieron con giros enviados por familiares que viven en EE.UU.

Pero el día del velatorio, de forma sorpresiva, el ex titular de la Senami, Williams Murillo, llegó a la casa de la familia. “Recuerdo que nos dijo que él trabajó en la Senami y que podía ayudar para que el asesino se quede en la cárcel”, relata un familiar.

Ese día, Murillo entregó a los familiares de los fallecidos sus tarjeta de presentación con el membrete de su firma de servicio legal: ‘1700Migrantes’. Luego de varios días, Murillo regresó y habló con otro pariente. Entonces, la familia aceptó los servicios de su equipo.

Este no es el único caso en el que Murillo ha intervenido. Ha ofrecido sus servicios a otros ecuatorianos que viven en el exterior y ha tenido problemas.

Así llegó hasta las familias de Freddy L. (sobreviviente de la matanza de Tamaulipas), de Marcelo Lucero (asesinado por odio racial en EE.UU.) y de Enma C., quien perdió a su hijo de 7 años en la frontera entre México y EE.UU.

El ex funcionario de Gobierno admitió a este Diario que da asistencia legal, especialmente a los emigrantes. Actúa en casos de muertes, deportaciones, odio racial, detenciones en las fronteras, es decir, en todo lo relacionado con emigración. “Si son agarrados por Migración, la abogada da informes y como yo hablo inglés, hago los contactos necesarios en Estados Unidos, coordino directamente con las oficinas de Migración o, a su vez, delegamos a un abogado en Estados Unidos”.

Murillo enfatiza: “No tengo afán de lucro, sino de servicio. A las personas de escasos recursos económicos no les cobro, al resto sí y bien. Con eso financio los procesos legales de los primeros”.

Pero un familiar de María P. revela que entregaron USD 500 a Murillo a cambio de que asumiera el caso, tras prescindir de los servicios del abogado Alfonso Andrade. “Vendimos una vaconita maltona y otra parte pedí a un vecino, a quien pago los intereses”.

Hace un mes, 1700Migrantes remitió un boletín en el cual informaba que el Tribunal Penal de Azuay declaró a Luis G. culpable por el delito de suplantación de identidad y violaciones a la ley migratoria del Ecuador.

Murillo no pudo procesar a Luis G. por las muertes. Ese proceso se desarrolla en EE.UU. y no contempla una extradición del supuesto autor. Esa noticia desanimó a la familia, porque esperaba condena por el doble crimen.

Desde ese fallo abandonaron el proceso y prescindieron de los servicios de Murillo. “No tenemos más dinero. Nos pidieron otros USD 1 500 para conseguir que al culpable le impongan 20 años”.

Los padres de María P. viven de la agricultura y cuidan a otros dos nietos de la hija fallecida. Un familiar contó que el domingo último les visitó personal de la Senami y les ofreció ayuda.

Cuando se difundió la noticia de la matanza de emigrantes en Tamaulipas, casi al anochecer del 24 de agosto pasado, Murillo llegó a la comunidad natal de Freddy L. En el pueblo de calles de tierra y con baja iluminación habló con su esposa y otros familiares.

Les ofreció sus servicios como abogado de 1700Migrantes. Antes de marcharse les entregó su tarjeta. Ese fue el primer acercamiento y en diciembre pasado ya denunció que esta familia no ha recibido la ayuda prometida por el Gobierno: vivienda, trabajo, alimentación, atención médica…

En ese entonces, mencionó que era apoderado legal de la familia de Freddy L. La titular de la Senami, Lorena Escudero, lo desmintió y precisó que “esta familia llevaba una vida digna”.

Murillo dice que por asesorar a Freddy L. no ha cobrado. Este 2 de junio, tras obtener un “poder amplio y abierto” de Freddy L., abrió una cuenta bancaria con el nombre del sobreviviente y el suyo, para recibir ayuda económica.

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