18 de December de 2010 00:00

La muerte de Edwin Barros afectó su imagen

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Redacción Cuenca

Edmundo Merlo, jefe del Comando de Policía del Azuay.

Su reacción ante el operativo policial donde falleció Edwin Fernando Barros Velín, de 21 años, fue criticada por las autoridades políticas en Cuenca. A Edmundo Merlo, jefe del Comando de Policía del Azuay, lo señalan por supuestamente no haber dispuesto una vigilancia especial sobre los agentes inculpados en la persecución que segó la vida del universitario.

El coronel llegó a Cuenca en octubre del 2009 y desde entonces ha reaccionado con ambiguedad en casos polémicos e incluso el 30 de septiembre, durante la insurrección policial, dio declaraciones que pusieron en duda su subordinación al Mando policial.

El gobernador, Leonardo Berrezueta; el prefecto, Paúl Carrasco; y el alcalde cuencano, Paúl Granda, presionan ahora para su relevo. Incluso, una de las últimas disposiciones del ex ministro del Interior, Gustavo Jalkh, fue solicitar al comandante de Policía, Patricio Franco, el cambio de toda la cúpula de la Fuerza en Azuay.

Los hechos que detonaron la reacción oficial están vinculados con las secuelas del operativo del 2 de diciembre. Esa madrugada, Barros murió por un impacto de bala. Él y cuatro amigos viajaban en su Chevrolet Trail Blazer. Tres uniformados en un patrullero les ordenaron que se detuvieran.

Según la versión de los universitarios, Barros no lo hizo porque habían ingerido licor y temían ser apresados. Los uniformados pidieron ayuda a otros policías y en las inmediaciones de la fábrica Continental Tire Andina (llantera) se registró una balacera.

Por ese hecho, 23 uniformados son indagados, de los cuales Juan Carlos A. y Dennis Y., tienen prisión preventiva. Los dos están en el Comando de Policía, en un inicio fueron llevados a las cárceles de varones y mujeres, pero la Ley Orgánica de la Policía establece que los uniformados deban guardar prisión provisional en el reparto policial al cual pertenecen.

Berrezueta dice que él ordenó a Merlo que vigilara a todos los investigados. Sin embargo, Juan Carlos A. no se presentó el jueves 9 a una audiencia en la Fiscalía de Azuay y fue considerado prófugo.

El representante del Ejecutivo dijo que Merlo no acató sus órdenes ni las de la fiscal, Margarita Cordero. Juan Carlos A. recién se entregó el miércoles 15. Su abogado defensor, Teodoro Galarza, argumentó que no había llegado a la audiencia porque la mañana del 9 había salido franco.

Tras la crítica, Merlo solo avivó las llamas. Dijo que no podía detener al agente porque en el momento que salió franco no pesaba sobre él ninguna orden de prisión. “Si él (Gobernador) cree que soy el responsable de la fuga que me lo demuestre en derecho, qué es lo que no acaté, qué no cumplí y cuál es mi participación dentro del hecho. Tengo la frente limpia y he cumplido lo que como Comandante me compete”.

Cuando se produjo el operativo y la muerte del universitario Edwin Barros, Merlo estaba de vacaciones. Su cargo había sido asumido de forma temporal por Rodolfo Cadena, jefe del Tercer Distrito de Policía de Azuay.

Sin embargo, el lunes 6, al reintegrarse, Merlo minimizó lo ocurrido con Barros. Evitó pronunciarse sobre el tema, según dijo, porque el caso estaba en la Fiscalía. Cuatro días después, cuando Cuenca había reclamado por lo ocurrido, la imagen de la Policía se había deteriorado y la Gobernación había pedido su relevo, Merlo decidió romper el silencio.

Su pase no se definía hasta ayer. Berrezueta espera que se concrete hasta la próxima semana. La tarde del jueves, el coronel dijo que no sabía por qué ya hablaban de su cambio si no ha sido notificado por sus superiores.

En sus intervenciones, y pese a que se comprobó que los jóvenes no estaban armados, Merlo aseguró que no habrá espíritu de cuerpo, pero no cuestionó la persecución, que movilizó a una veintena de agentes. Aseguró que no podía adelantar si hubo uso progresivo de la fuerza ni por qué se dieron los disparos. “Eso le compete aclarar a las autoridades que avanzan en la investigación”.

Merlo también tuvo una actuación ambigua el 3 de julio, cuando otra persecución policial causó la muerte de Carlos Salamea en el centro de Cuenca. Él fue secuestrado por un grupo de delincuentes que había robado una agencia del Banco del Austro. Salamea fue obligado a conducir su vehículo en el escape. Tras una persecución policial, fue tomado como escudo humano y murió con varios impactos de bala, tres de ellos en el pecho (frontales).

Ese día, uniformados incluyeron a Salamea como uno de los supuestos delincuentes, ante la protesta e indignación de la familia. Berrezueta ofreció indagar. Un mes después, Merlo admitió el error y la inocencia de Salamea.

Pero su relación con el Gobierno se tensó el 30 de septiembre. Mientras avanzaba la sublevación en Quito, Merlo decía en el Comando de Azuay que “el personal policial no labora ocho horas diarias, sino hasta 16, dependiendo de las circunstancias”.

“Pienso que el malestar es generalizado, no solo de clases y policías, sino de toda la institución policial. Todos estamos conscientes de esta situación. Puede que unos hayan defendido y los otros no, nosotros al frente de la institución tenemos que saber mantener la calma”, señaló Merlo ese día.

Por esa declaración, la Comandancia de Policía dispuso que cumpliera dos días de arresto. Hace más de un mes acató la sanción en el Comando del Azuay.

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