2 de March de 2012 00:01

Motín en Quito desnuda crisis carcelaria

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La celda quedó a oscuras, se llenó de gas y las dos mu-jeres se asfixiaban poco a poco. Intentaron salir pero no podían ver.

Una de ellas vomitó y cayó al piso. La otra la tomó de los brazos y llegaron al patio del pabellón B del ex penal García Moreno.

En otra celda, Rocío y Carolina (nombres protegidos) escuchaban llorar a niños. Los presos tosían y corrían. La noche del miércoles, en la prisión hubo problemas, pero no fue en el único lugar. Igual sucedió en las cárceles 2 y 3 del complejo penitenciario de San Roque (centro de Quito).

Los policías, vestidos con camuflaje, cascos y fusiles, desalojaron a unas 150 personas que se quedaron en las cárceles en apoyo a los detenidos. Pero no solucionaron el inconveniente. La tarde de ayer, un cabecilla de la protesta anunciaba por teléfono que no hay acuerdos con el Gobierno. Y recordó los pedidos: tramitar las rebajas de penas, evacuar las prelibertades, incorporar a los detenidos en el debate de la Ley de Código Penal Integral y que se mejoren las condiciones en las cárceles.

La mañana de ayer fue tensa en el penal. Solo podían entrar los funcionarios del Ministerio de Justicia y del Interior. En el García Moreno, los prisioneros se reunieron con los directores de las cárceles, luego un dirigente anunció: “La situación no se ha logrado solucionar hasta el momento”.

Afuera de la prisión nadie sabía qué pasaba. Rocío y Carolina, las dos mujeres que se asfixiaron, volvieron a la prisión. Estaban molestas, al igual que otras 10 mujeres que llegaron al penal. Todas hablaban del “atropello y la prepotencia” de esa noche. “No les importó que había niños”, dijo una de ellas. “Ni mujeres embarazadas. Igual nos pegaron y nos trataron mal”, siguió otra.

¿Cómo viven los presos? La respuesta de las mujeres fue al unísono: mal. “Unos duermen en el piso. Están amontonados unos sobre otros”, contó Carolina.

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Un informe levantado a diciembre del año pasado por la Veeduría Ciudadana al sistema penitenciario de Ecuador, refuerza esta versión. Allí se dice que “la infraestructura de los centros de rehabilitación es obsoleta o funcionan en casas adaptadas”.

Otra revelación: “Los centros soportan una sobrepoblación, lo que produce hacinamiento; los servicios de agua y luz están en pésimas condiciones como consecuencia del deterioro”.

Este documento, que en la portada incluso indica que fue elaborado con el apoyo de la Secretaría de Pueblos, un organismo de Gobierno, ahora está en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Silvia Salgado, la legisladora socialista, preside este órgano que ayer convocó a los familiares de los internos. La parlamentaria dice estar preocupada: “Recordemos que estaba declarado en emergencia (el sistema carcelario) y no se ha solucionado el problema central, el estructural”.

En el informe de la veeduría hay revelaciones contundentes sobre la emergencia y se advierte que en las autoridades “hay indiferencia para transparentar los estados de emergencia”. Fueron dos y en ellos se invirtieron al menos USD 100 millones. La primera declaratoria ocurrió en junio del 2007 y allí se asignó un presupuesto de USD 60millones para infraestructura. La segunda ocurrió el 31 de agosto del 2010, por al menos USD 40 millones más.

En el Ministerio de Justicia no hay explicación a estos temas. Ayer, hasta se minimizó lo que sucedió en el penal. A las 09:00, la Dirección de Comunicación difundió un comunicado y en una página se afirmó que los detenidos son “manipulados por ex funcionarios de la antigua Dirección Nacional de Rehabilitación Social que fueron separados de la institución y que intentan impedir el proceso de cambio que se ha iniciado en esta administración”.

No hubo más pronunciamiento, hasta que a las 17:30 se convocó a una rueda de prensa

Allí, la ministra de Justicia, Johana Pesántez, volvió a minimizar lo que sucedió. Incluso aseguró que no se lanzaron bombas lacrimógenas y que las asfixias se produjeron por el agua que los bomberos usaron en la protesta.

32 heridos en el penal

El enfrentamiento entre policías y detenidos dejó 32 heridos. Asó lo dijo el Ministerio de Justicia. 10 reos fueron trasladados al Hospital Eugenio Espejo.

Rommel Martínez, gerente de esa casa de salud, indicó que ellos tenían heridas leves y que fueron dados de alta de inmediato. Pero aclaró que uno presentaba heridas por perdigones en su rostro.

En este hecho, también fueron afectados 22 policías y dos se recuperaron en el hospital de esa entidad. En la mañana, los visitó el comandante general de la Policía, general Patricio Franco.

El oficial felicitó a los uniformados “por el valor” y garantizó la mejor atención médica para su recuperación. Uno de los uniformados contó que recibieron la orden de no utilizar ningún tipo de gas ni de armamento, pero que al llegar a la entrada de la cárcel se encontraron con “todo tipo de proyectiles”. “Los presos abrieron la llave del cilindro de gas para evitar que entremos; estaban descontrolados”, comentó.

El uniformado sostuvo que al entrar uno de los manifestantes lo golpeó en la pierna izquierda con una varilla que contenía electricidad. Eso hizo que se desangrara y fuera trasladado al hospital en una ambulancia. El segundo policía fue sacado inconscientemente por los bomberos. “Recuerdo que intentaba sacar a una niña, pero fui golpeado con una botella en la cabeza”, relató ayer.

El reclamo penitenciario

Gritos adentro y afuera de la cárcel. La mañana de ayer, los detenidos estaban colgados de las mallas. “Queremos mayor atención”, gritaba uno. “Somos humanos, no animales”, decía otro.

Afuera más comentarios. “Hay muchos que están enfermos y no les atienden”, contaron Rocío y Carolina. Minutos después, un hecho que reforzó esa versión. A Lorena C. no le recibieron el medicamento para su hijo. Un policía le dijo que no había quién le pase la funda. A él lo hirieron en la operación policial del miércoles.

La ministra Pesántez dijo que no dialogará con personas “manipuladas” por gente de DD.HH.

Un sistema con vacíos

En el informe  de actividades de la Veeduría Ciudadana al Sistema Penitenciario  se menciona que hay una debilidad para incorporar en los planes, programas o proyectos, “las expectativas de los privados de la libertad y sus  familiares para  crear un sistema más humano, real y sostenible con sus necesidades”.  

Como uno de los  “nudos críticos”, según la veeduría, hay una ausencia en la aplicación de políticas de rehabilitación social (educativos y laborales) para la reinserción de los detenidos.

La veeduría considera  que se evidencia una crisis administrativa en la que se delegan funciones y responsabilidades a personal que “desconoce o que está alejado de la realidad del sistema penitenciario”.

Asimismo, los veedores   aseguran que hay escasos espacios para actividades laborales, educativas, culturales e incluso lugares para visitas íntimas, lo cual contradice el “derecho a la intimidad personal”.


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