Son tres ‘megaproyectos’. Se levantan en Guayas, pero ninguno está listo todavía. Esto ocurre pese a que el Consejo de la Judicatura de Transición (CJT) terminará sus funciones en enero próximo.
Las obras de mayor envergadura son la Unidad Judicial Sur, que costará USD 17,67 millones; el Complejo Judicial Norte, que estará compuesto de 11 bloques de edificios por 48 millones.
Además, el Complejo Judicial Penal, aledaño a la Penitenciaría del Litoral, en cuya construcción se prevé invertir 30 millones.
La Judicatura anunció que las dos primeras estarían listas en diciembre, pero hasta la fecha los trabajos todavía no terminan.
El programa de reestructuración de la Función Judicial prevé la construcción de 196 edificios judiciales en el país, que en total abarcarán un área de 1 117 345 metros cuadrados. En tanto, la remodelación de las construcciones existentes implicará la intervención de 306 546 m2.
En Guayas, para la inversión en nuevas oficinas y readecuación de las existentes se destinaron al menos USD 154,6 millones.
Mientras esas obras se levantan, los usuarios acuden a los juzgados temporales. Las dependencias judiciales, incluidas la Presidencia de la Corte Provincial y la Dirección Regional de la CJT en Guayas están repartidas en cinco edificaciones, en el centro y norte.
Solo una será permanente. Se trata de la Unidad Especializada en Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, que funciona en un inmueble incautado y que está ubicado en las calles Tulcán y Luque. En la edificación, remodelada casi íntegramente, atienden desde febrero pasado 22 juzgados. Ahí laboran 97 empleados.
Otra unidad judicial especializada, la de Delitos Flagrantes, funcionará de forma permanente, desde la próxima semana, en la planta baja del ex Cuartel Modelo de la Policía, en el norte de Guayaquil.
El vocal de la CJT, Fernando Yávar, recorrió la obra. El funcionario dijo que allí solo se atenderán los procesos por delitos flagrantes.
El área contará con 18 fiscales y ocho jueces de flagrancias, y un Tribunal de Garantías Penales.
Actualmente, las causas por delitos flagrantes se despachan en las dependencias de la Policía Judicial del Guayas. Las que funcionan en este lugar se cerrarán cuando se abran las nuevas.
Según Yávar, el diseño de la nueva unidad de flagrancias evitará que haya interacción entre los detenidos y las víctimas de delitos. “Habrá celdas para que permanezcan los detenidos hasta las audiencias. Los accesos para los sospechosos y para las víctimas de los delitos serán diferentes”.
En su informe final sobre la reforma judicial, el veedor Baltasar Garzón precisamente observó los trabajos de infraestructura que la Judicatura había impulsado y señaló que no ha podido verificar los procesos de contratación, tampoco los pormenores de las adjudicaciones y que eso se debió a que no se designaron los técnicos necesarios.
“Se observó que las edificaciones constituyen uno de los ejes más emblemáticos de la reforma (…) Sin embargo, se reparó en que algunas edificaciones no están lo suficientemente cercanas a la población usuaria”, aseguró Garzón.
Los usuarios dicen que los datos sobre los servicios provisionales es escasa. En el ingreso al edificio temporal de la Corte de Justicia, en el antiguo Macrohogar, un solo funcionario ofrece información a la gente. Martha G. aguarda en una fila. Espera que le indiquen el número de juzgado donde recayó la causa contra su hijo mayor, acusado del robo de un local comercial en noviembre.
“Primero me fui al Palacio de Justicia, en el centro, pero no sabía que estaba cerrado por remodelación. Después me fui a los juzgados de Antepara y 9 de Octubre, y no encontré nada. De allá me dijeron que venga para acá”, contó.
Rafael P. también estaba confundido. Caminó por las ventanillas de sorteo de los procesos y allí intentaba conocer el avance de una demanda que introdujo por un contrato falso. Pero la respuesta fue la misma de los últimos días: la causa aún no ha sido sorteada.
“Cuando uno pone una demanda no puede conocer cómo va la marcha del proceso. Eso sucede, por ejemplo, en los juzgados de Pichincha y 9 de Octubre”, dijo.
El Observatorio Ciudadano de Jueces y Servidores Judiciales, un ente no gubernamental con sede en Guayaquil, cuestiona que no se promueva adecuadamente entre los usuarios las instalaciones temporales. Miguel Montoya, vocero del Observatorio, dice que hay áreas que resultan incómodas.
Las obras judiciales El Complejo Judicial Penal se levantará sobre dos hectáreas de terreno y tendrá 30 juzgados de primer nivel, 14 tribunales y seis tribunales de la Corte Provincial de Justicia.
La obra tendrá dos edificios para la Fiscalía y la Defensoría Pública. Además, un centro de detención provisional, unidades de flagrancia y contravenciones.
En Guayaquil se procesan en promedio 14 causas diarias por delitos flagrantes. Actualmente hay seis fiscales y cuatro jueces.