27 de June de 2012 05:36

Las medidas antilavado no bastaron al GAFI

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El plazo para los bancos vence el 19 de noviembre próximo. Hasta entonces, las entidades financieras del país deberán, por ejemplo, adecuar y aprobar el Manual de prevención de lavado de activos y el financiamiento de los delitos.

Esta circular de la Superintendencia de Bancos se difundió el martes de la semana pasada, precisamente cuando el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) analizaba en Roma la situación de Ecuador sobre la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

En ese documento de dos página firmado por Ligia Cobo, intendenta general, se dice que las entidades financieras también deberán establecer un perfil transaccional. Es decir, determinar el comportamiento de los clientes: montos que depositan o retiran, lapsos en los que realiza una transacción, canales utilizados (por ventanilla o Internet), etc.

Ayer, en el sistema bancario hubo preocupación por la decisión del GAFI. Esto lo reconoció el presidente de la Asociación de entidades financieras, César Robalino. “Esto preocupa, porque implicará una serie de complicaciones para Ecuador en lo internacional. La banca ecuatoriana tiene líneas internacionales de sus pares de Europa, EE.UU., Japón. Se abren cartas de crédito de importación para materias primas como fertilizantes, por ejemplo. La preocupación es que ahora comiencen a recortar las líneas de crédito”.

Por eso -dice- los bancos empezaron a moverse en el extranjero, para entregar información detallada y explicar los controles internos que se han incorporado.

En la Superintendencia de Compañías también se tomaron resoluciones (24 de mayo).

Allí se definió que en el momento de su inscripción y hasta el 31 de cada mes, las personas jurídicas que se inscriban en el Mercado de Valores deberán revelar el domicilio o residencia y la identidad de sus accionistas, partícipes o socios.

Según el documento, este proceso permitirá“identificar hasta la última persona natural”.

“El Consejo Nacional de Valores ha dispuesto transparentar la información de quienes, como personas jurídicas y/o naturales, participan en la constitución de los negocios fiduciarios”, señaló la Superintendencia de Compañías, a través de un comunicado.

El 15 de diciembre, el GAFI ya alertó de que los fideicomisos necesitaban de una legislación para frenar riesgos de lavado.

Según la Superintendencia de Compañías, las nuevas obligaciones rigen también “en el caso de que los accionistas que posean socios, miembros o partícipes de una sociedad en el extranjero”.


Puntos de vista

José  Repetto
Especialista en seguros

‘La inclusión en la lista es vergonzoso para los ecuatorianos’

Es lapidario para el país estar en esta lista. Limita al Ecuador al acceso a créditos internacionales y  a los ecuatorianos les obliga  a cumplir con trámites que antes no los tenían que hacer. Para quienes estamos en el negocio de los seguros, y que mantenemos relaciones con todo el mundo, cada vez que realicemos un negocio tendremos que someternos a un chequeo exhaustivo que antes no teníamos. En definitiva, es algo desastroso y vergonzoso para el país.


Rodrigo Aucay  

Pres. Red Nacional de Cooperativas

‘Nos están tomando como conejillos de indias en este sistema’

La decisión del GAFI no es acertada.No es verdad que en el país se pueda blanquear dinero. Donde se hacen las grandes fortunas es en los países desarrollados. Obviamente la inclusión en esa lista afecta a la imagen del Ecuador. Y particularmente nos impacta ya que para   la economía popular y solidaria, al  venir creciendo y  buscando ampliarse a negocios externos, una noticia de esta naturaleza debilita la imagen. Nos han tomado como conejillos de indias.

Las alertas  a Ecuador

El  15 de diciembre pasado,  el  Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) señaló que las obligaciones legales para controlar el lavado de activos en las empresas de couriers que envían remesas al Ecuador son casi inexistentes.
 
El ente   estableció    que los   fideicomisos,  el arribo de remesas (dinero generado por emigrantes); la operación de casinos y salas de juego requieren una legislación mayor, para reducir el riesgo de lavado.  

Según el organismo,   igual ocurría con   el trabajo   de agentes inmobiliarios; la comercialización de metales y piedras preciosas y   el servicio de administradoras de fondos.

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