23 de March de 2011 00:00

Mauricio Gallardo: La ampliación o reducción temporal de la caducidad de la prisión preventiva no es la solución

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Mauricio Gallardo dice que la ampliación o reducción temporal de la caducidad de la prisión preventiva no es la solución a los problemas de la Función Judicial.

¿Usted considera que impedir la caducidad de la prisión preventiva es una solución a los problemas de inseguridad que hay en el país?

Cuando el Gobierno lanzó su propuesta, nosotros (Asamblea Permanente de Derechos humanos, APDH) emitimos un comunicado en el que señalamos que la ampliación o reducción temporal de la caducidad de la prisión preventiva no es la solución.

¿Por qué?

fakeFCKRemoveEl problema no se centra en el tiempo, sino en los artilugios que desde afuera, la administración de justicia y los propios abogados hacen para demorar el proceso y se ejecute la caducidad preventiva. Hay un principio de derechos que se estaría violentando porque nadie puede estar detenido sin sentencia indeterminadamente. Entendemos que hay un derecho fundamental de la víctima a que haya un tratamiento efectivo en el debido proceso y ágil en las demandas que la persona ofendida y violentada tiene.

¿Cuál sería la solución frente a esa problemática?

Mejorar los procesos de justicia. Eso significa poner en el sistema de justicia mecanismos administrativos y luego de sanciones para que los jueces que no den la sentencia en su debido momento puedan ser castigados de forma drástica y contundente, porque ahí existe una doble violación.

¿Qué violaciones?

Una al no dar la sentencia. La otra al no garantizar a la víctima el derecho de que una demanda sea procesada en tiempo justo y que dé una respuesta.

Pero el anexo de la pregunta 1 propone sanciones.

Claro, creemos que ahí está.

Es decir, ¿ustedes (como APDH) solo se oponen a una parte de la pregunta 1, pero aprueban la otra?

Tal como está planteada la reforma constitucional se acerca un poco más. Creemos que hay todavía algunas falencias en lo que se refiere a la identificación de cuáles son los delitos graves y menores que podrían ser manejados también de forma arbitraria. Eso nos parece que es una debilidad peligrosa si es que no hay una determinación justa y exacta.

¿Qué hacer en ese tema?

Se necesita una determinación más precisa. Si bien es cierto se plantean algunas líneas como para el tema de asesinato y violación, hay otro tipo de cosas que, por ejemplo, están en nuestra realidad y que no han sido tratadas.

¿Cuáles?

Estos últimos apresamientos que nosotros decimos que es criminalización a la protesta social, que son catalogados de terrorismo. ¿En qué anal van a estar? Aparentemente con la pomposidad que se lo dice, a lo mejor podría ser considerado como un delito grave o ¿cómo? Esos dos temas son importantes de determinar.

¿Se debe mantener la caducidad de prisión preventiva?

Claro, porque es una garantía constitucional. Alguien que no es juzgado no puede permanecer aprehendido. Eso es evidente y es una garantía, pero por otro lado, esta ha sido históricamente vulnerada por quienes dilatan el proceso y pueden hacerlo.

¿Cómo afrontar los problemas con la delincuencia?

Los crímenes y delitos que existan deberán ser juzgados de manera oportuna por jueces y por profesionales que hagan su labor en el debido proceso. ¿Qué significa eso? Los delitos deben tratarse en esos marcos de constitucionalidad, de derecho y de respeto.

Consulta PREGUNTA 5

¿Está usted de acuerdo en enmendar el numeral 9 del artículo 77 de la Constitución de la República incorporando un inciso que impida la caducidad de la prisión preventiva cuando esta ha sido provocada por la persona procesada y que permita sancionar las trabas irrazonables en la administración de justicia por parte de juezas, jueces, fiscales, peritos o servidores de órganos auxiliares de la Función Judicial, como establece el anexo 1?

Tres puntos de vista ciudadanos

César Albán /Abogado penalista

 ‘Con la Ley se pueden evitar problemas ’

La norma jurídica existe y hay preceptos penales para regular este tipo de actitudes como las que ocurren en la Función Judicial. Con un correcto manejo de la norma legal, los problemas se podrían evitar.

Uno de los principios de la criminología es el fundamento elemental del Derecho Penal, el cual no necesariamente busca medidas más severas o trata de recluir a las personas s para evitar los delitos. No es solo cuestión de abrir un referendo, sino de buscar soluciones a los problemas estructurales de una institución pública.

Carlos Pozo / Ex presidente de la Corte

 ‘El narcotráfico se ha beneficiado’

Creo que el narcotráfico se ha favorecido con esta norma constitucional, que no es obra del presidente Correa. Lo que hizo la Asamblea de Montecristi fue copiar lo que dice el artículo 24 de la Constitución de 1998.

Esta señala que la prisión preventiva no podrá excederse de seis meses en las causas por delitos sancionados con prisión, ni de un año en delitos sancionados con reclusión. Montecristi repite la norma. En el país, la seguridad jurídica es estropeada cada vez que se reúne un Congreso o una Asamblea.

Gonzalo Realpe / Abogado penalista

 ‘Las cárceles podrían saturarse’

La caducidad de la prisión preventiva es una medida que tiene la mayoría de los países civilizados. En las naciones subdesarrolladas que no la tienen, las cárceles se convierten en bodegas humanas.

Eso no es conveniente en temas de DD.HH. La solución es nombrar más jueces y dar más dinero a la Función Judicial para que despachen más rápido las causas. Si es que se suspende esa disposición constitucional, las cárceles se van a saturar de detenidos y habrá muchísimos problemas. Eso es muy grave para el país.

 

 

 

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