9 de December de 2012 00:03

Manifestación de solidaridad antes del juicio

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En medio del alboroto de un centenar de personas que intentaba ingresar al Centro de Detención Provisional (CDP) de Quito, los amigos de los 10 detenidos en Luluncoto, un barrio del suroriente de Quito, respaldaron ayer el segundo día de la huelga de hambre.

Desde las 10:00, llegaron los familiares hasta San Roque, en donde se ubica el CDP. Estaban acompañados de miembros de organizaciones sociales de izquierda.

Dos pancartas en las que pedían libertad para ‘Los 10 de Luluncoto’ se exhibieron en la entrada del centro de detención.

Ramiro Vinueza, hermano de Víctor Hugo Vinueza, uno de los detenidos, aseguró que hoy también volverán a plantarse y “gritar para darles ánimo”.

Los siete hombres que se encuentran en el CDP y otras tres mujeres son acusados por la Fiscalía de supuestos actos terroristas. El 3 de marzo pasado fueron arrestados por miembros de la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado (Ulco) en un departamento ubicado en Luluncoto. En esos días se programaba en el país la Marcha Plurinacional por el Agua y la Vida.

El viernes, a tres días del juicio, el Ministerio del Interior envió un comunicado en el que aseguran que durante la operación llamada Sol Rojo encontraron evidencia que los inculpa.

Este Ministerio asegura que la Policía halló en esa casa “manuales para la fabricación de bombas, estrategias de combate y formación militar, agendas para la ejecución de llamadas (para alertar) de explosivos en protestas”.

Ese día, en una rueda de prensa se presentaron como evidencias varias agendas, cuadernos, computadoras, teléfonos, periódicos, y memorias de almacenamiento.

Al grupo, también, se lo relacionó con las detonaciones de bombas panfletarias en Quito, Guayaquil y Cuenca entre el 17 y 22 de noviembre de 2011.

Ciro Guzmán, uno de los cuatro abogados de los detenidos, dijo ayer en los exteriores del CDP, que la Fiscalía no ha presentado los materiales con los que se planificaban los supuestos ataques.

Según el abogado, mañana, en el primer día del juicio, pedirá que el Tribunal Tercero de Garantías Penales declare nulo todo el proceso. Esto con base en el argumento de que Vinueza, Cristina Campaña, Pablo Andrés Castro, Fadua Tapia, César Zambrano, Luis Merchán, Luis Gallegos, Cristhian Gómez, Yesenia Heras y Héctor Estupiñán fueron detenidos de forma arbitraria.

El abogado mostró un informe de cinco páginas. Dijo que se trata de una pericia o análisis informático a las computadoras del ex juez Juan Pablo Hernández, quien ordenó la prisión preventiva, y Diana Fernández, ex fiscal que dirigió el allanamiento.

Según el escrito, el perito Rafael Melgarejo señala, en los puntos 10 y 11, que no halló los oficios IP-1129-2011-DFL-F9, con fecha del 3 de marzo, en el que Fernández solicitó al juez la orden de detención de las 10 personas.

Guzmán asegura que a las 15:40 del sábado 3 de marzo la ex fiscal Fernández, ahora jueza del Tribunal Cuarto de Garantías Penales, no contaba con una orden judicial que legalice el allanamiento y el arresto.

El mismo informe concluye que tampoco se halló en la computadora del juez Hernández el oficio con el que ordenó la detención, explicó el abogado.

Cedhu habla de daños

El informe Psicológico y de Derechos Humanos de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) recoge los testimonios de todos los procesados.

En las versiones con todos los 10 detenidos se asegura que una veintena de agentes  mantuvo esposados y arrodillados a los hombres por horas.

Y que  luego de siete horas se les llevó hasta la Policía Judicial.

En este informe, se concluye que los procesados tienen sufrimiento mental severo.

Fadua Tapia es la única investigada  que está libre porque durante el arresto estaba embarazada. Ahora debe presentarse cada semana ante un juez.

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