23 de September de 2012 00:03

Líos por traslado de presos en caso Serrano

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Tras enterarse del supuesto traslado a otras cárceles del país de los detenidos por la muerte de Juan Serrano, de 36 años, hermano del ministro de Interior, José Serrano; padres, abuelos, hermanos, primos, tíos, sobrinos y abogados de los investigados estuvieron en vigilia en las afueras de la Cárcel de Cuenca, desde la noche del viernes.

El gobernador de Azuay, Humberto Cordero, confirmó que existe esa orden, que vino del Ministerio de Justicia y que el viernes no se cumplió porque no reunía las condiciones favorables, debido a la presencia de unas 150 personas que lo impidieron.

Los familiares ubicaron sus vehículos para evitar que los patrulleros se acerquen. Hubo cruce de palabras y reclamos de los familiares y abogados quienes exigían que les presenten la orden de traslado emitida por el juez competente, pero el documento no llegó.

Según Cordero, las transferencias son operativos rutinarios que los maneja el Ministerio de Justicia en coordinación con la Dirección de Rehabilitación. Para esta tarea se montó un operativo con más de 60 uniformados.

Juan Serrano, fotoperiodista, murió tras recibir una puñalada en el cuello el 2 de septiembre.

Las edades de los detenidos, entre los que se encuentran dos hermanos, están entre 18 y 22 años. El jueves, los padres de los hermanos publicaron una nota de pesar para la familia Serrano en un diario local y a la vez pedían justicia.

Los jóvenes fueron detenidos minutos después del hecho que ocurrió en el Centro Histórico. Para los padres, todo inició con una riña y de ninguna manera se trató de un asesinato planificado.

Ayer las familias seguían unidas para impedir el traslado. Juan Fernando Valarezo, abogado de uno de los detenidos, precisó que las diligencias solicitadas no son tomadas en cuenta. Por ejemplo, mencionó que solicitaron a la Fiscal a cargo de las investigaciones la reconstrucción de los hechos.

El viernes, los abogados y peritos de la Fiscalía analizaron ocho videos entregados por la Unidad Municipal de Tránsito. En ellos hay tomas registradas antes y después de los hechos, que muestran por dónde se movilizaron los cinco detenidos en dos vehículos.

Gina T. dice que el traslado de su hijo sería una violación a los derechos humanos. Para ella, la justicia debe imponerse solo para la persona que provocó esta muerte. Según Valarezo, se investiga bajo la figura de asesinato, cuando se trató de una riña con muerte.

Afuera de la cárcel, las familias cumplen turnos por horas para vigilar que no se lleven a los suyos. Pero el gobernador Cordero, señaló que el traslado era cuestión de horas, que solo esperaban reforzar las seguridades para no perder la cadena de custodia.

Negativa a defenderlos

El viernes, a las 18:00,    los jóvenes fueron informados que iban a ser trasladados a las cárceles   de Guayaquil y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Solo un abogado cuencano   defiende a un detenido. El resto consiguió defensores de Guayaquil. Más de 20 profesionales   se negaron a asumir las defensas.

En la audiencia  de  flagrancia del 2 de septiembre,   el juez de Garantías Penales, Fernando Loyola, dictó orden de prisión preventiva para los cinco detenidos.
 
También se dispuso  90 días para que la Fiscalía  investigue el crimen de Juan Serrano.  Luego vendrá la audiencia de formulación de cargos.

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