11 de May de 2010 00:00

Justicia civil para policías y militares

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Redacción Judicial

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Los juzgados penales del país ahora tienen más juicios por resolver. Desde este año comenzaron a recibir las causas policiales y militares, que anteriormente se tramitaban en la Policía y en las FF.AA.

El cambio se produjo con base en la denominada Unidad Jurisdiccional, que establece la Constitución. Según el artículo 188 de la Carta Magna, aprobada en Montecristi, “(') los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional serán juzgados por la justicia ordinaria. Las faltas de carácter disciplinario o administrativo serán sometidas a sus propias normas de procedimiento”.

Con ese mandato, desde el 11 de enero en la Policía dejaron de operar la Corte Nacional Policial, 13 juzgados penales y cuatro fiscalías, que ventilaban juicios penales de uniformados.

Algo similar ocurrió en las FF.AA. La Corte Nacional Militar, 13 juzgados de Instrucción y nueve de Derechos de las tres ramas remitieron las causas a la justicia ordinaria.

325 acciones penales de las dos instituciones, que durante el 2009 quedaron pendientes de resolver, pasaron a la justicia ordinaria. El juez duodécimo de lo Penal, Pablo Almeida, reconoce que esta decisión aumentó el trabajo en los juzgados ordinarios, especialmente por las nuevas causas que se iniciaron desde este año.

Este juez, por ejemplo, ya ha recibido 50 casos (militares y policiales) desde febrero, los cuales se suman a 450 civiles. “Te metiste a soldado y ahora tienes que aprender”, señala Almeida, al referirse a la nueva carga de trabajo.

El presidente de la Asociación de Judiciales de Pichincha, Fidel Chiriboga, cuestiona “la falta de previsión” al momento de aprobar la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial, que también determina la Unidad Jurisdiccional. El judicial dice que no se tomaron en cuenta la infraestructura ni el presupuesto (para contratación de jueces). “Esto ha traído como consecuencia la agudización de la crisis judicial”.

El Juzgado Octavo Penal de Pichincha recibió en enero 21 causas policiales y en marzo, tres militares. En el primer trimestre, cada juzgado penal (23 en Pichincha) tramita un promedio de 400 casos de civiles. El director nacional del Consejo de la Judicatura (CJ), Gustavo Donoso, reconoce que anualmente cada juzgado recibe hasta 1 000 causas, pero que solo se despachan entre 300 y 350.

Según el funcionario, el número de juicios militares y policiales es mínimo. “No es tan grande el volumen como para desestabilizar a la justicia ordinaria penal. No creo que haya sido tan grande como para caotizar”.

Jaramillo pide agilidad en la creación de nuevos juzgados, aunque dice que el presupuesto de la Función Judicial es mínimo. Para el 2010, Finanzas destinó USD 273 millones, en los que se incluye el contrato de personal (en el país existen 578 vacantes).

Donoso reconoce que en este momento no hay dinero para incluir 120 funcionarios (90%) civiles, que dejaron de laborar en los juzgados y tribunales de las instituciones del orden. Quienes eran policías y militares en servicio activo pasaron a asesorar en los comandos provinciales y en el trabajo operativo en las unidades, se informó en las cortes.

Guido Mantilla, por ejemplo, era ministro Juez de la Corte de Justicia Militar y ahora es coordinador nacional de la Unidad de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura.

Desde enero, el personal civil ya pasó a la Función Judicial, pero aún reciben sueldos de sus instituciones. Donoso prefiere no adelantar los cifras de cuánto costaría incluir al nuevo grupo.

Ayer, en la Corte Militar, se informó que este órgano ahora solo conoce las faltas disciplinarias y administrativas. El vicealmirante Oswaldo Viteri sigue como presidente. Ayer se reunió con tres ministros jueces más.

Una fuente señaló que se analizó el mecanismo para cerrar definitivamente a este organismo.

No se descarta que hasta mañana, militares y policías se reúnan con miembros de la Judicatura. La idea es analizar los mecanismos para el traspaso de todo el personal, la fijación de recursos económicos y las nuevas competencias.

En las cortes policiales del Primer Distrito, los uniformados informan que las causas ahora están en el Palacio de Justicia.

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