Si en su informe semestral de las actividades en el Yasuní el Ministerio de Justicia contemplaba incluir fragmentos de la última resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las dos niñas taromenane, lo mínimo esperado eran respuestas a los señalamientos de ese Tribunal.
El documento de la Corte-IDH fue emitido el 31 de marzo y es uno de los insumos del informe de Justicia difundido hace una semana en la Asamblea. En este, la Cartera de Estado destaca cómo la Corte-IDH reconoce que Ecuador ha mitigado la situación de gravedad en la que se encontraban las dos niñas taromenane, arrancadas hace más de un año, en una incursión waorani, de la Zona Intangible, territorio de los pueblos ocultos del Yasuní.
La Corte-IDH aceptó la tesis de Ecuador y no dio paso al pedido de la Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH), que buscaba medidas cautelares a favor de las pequeñas.
Pero la Corte-IDH dijo más. En la resolución de marzo, el Tribunal hizo un exhorto al Estado ecuatoriano para que, a la mayor brevedad posible, se concretara la reunificación de las dos niñas taromenane, hermanas, huérfanas. Una vive en Orellana. La otra, ‘rescatada’ por la Fiscalía, en Pastaza.
La Corte manifestó inquietud porque el Estado se negó a dar a la CIDH información completa de las dos niñas. Justicia, a cargo del Plan de Medidas Cautelares para los no contactados, adeuda explicaciones. ¿Cómo se definió un presupuesto de USD 5 millones para cuatro años de protección? ¿El empleo de drones es la mejor fórmula de monitoreo? ¿Cuál es el protocolo a seguir si se producen avistamientos de pueblos ocultos en los bloques 31 y 43 del Yasuní? El informe remitido a la Asamblea no lo precisa.
Lo que ocurre en el Yasuní no es ajeno para el Sistema Interamericano de DD.HH.
En su resolución, la Corte-IDH es clara: el pedido de medidas cautelares para las niñas se archivó, pero eso no libera al Estado de una eventual responsabilidad si el caso llega a esa Corte. A tenerlo presente.