19 de December de 2012 00:03

Juicio a ‘10 de Luluncoto’ se dilata en cortes

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El documento solo tiene una página. Está firmado por Carlos Villagómez, oficial mayor de la Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte de Justicia de Pichincha.

Allí, el funcionario anunció la suspensión de la audiencia que a las 13:30 de ayer debía desarrollarse para analizar el pedido de libertad que presentó la defensa de los ‘10 de Luluncoto’.

¿Qué sucedió? El presidente de esta Sala, Julio Arrieta, se excusó.

Hace ocho días, Vladimir Jhayya, juez del Tribunal Tercero de lo Penal de Pichincha tampoco asistió a la audiencia de juzgamiento de este grupo detenido el 3 de marzo.

Ese día, la Secretaria del Tribunal anunció que el magistrado había solicitado licencia médica.

Sin embargo, al siguiente día sí llegó a su despacho y atendió.

Mientras la defensa conocía la suspensión de ayer, el Gobierno presentaba una cadena en la que se mostraron supuestas evidencias en contra del grupo. Con música de fondo, una voz femenina detalló cómo se produjo la detención en el departamento de Luluncoto y se dijo que allí se hallaron “ocho computadoras, celulares, cuadernos, memorias y manuales para la fabricación de bombas, estrategias de combate y formación militar que vinculan a los detenidos como cabecillas e ideólogos de Grupo de Combatientes Populares (GCP)”.

También se mostraron fotografías del oficio en el que Mauro Vargas, jefe de la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado (Ulco), pidió a la Fiscalía que solicite a un juez una orden para allanar el departamento y arrestar a los 10 sospechosos.

El documento supuestamente presenta una irregularidad en la hora a la que lo recibió la Fiscalía, según la defensa de los detenidos.

Los abogados dicen que la hora señalada en el oficio es posterior al momento de la detención de los 10. Pero en la cadena se presentó un análisis del documento y se dijo que la hora había sido adulterada para cambiarla de 10:07 a 16:57.

En noviembre pasado, los abogados de los sopechosos solicitaron al Tribunal Tercero de Lo Penal que dispusiera la realización de un análisis de las computadoras de la Ulco, de la Fiscalía y del Juzgado Vigésimo Segundo de lo Penal para determinar en qué máquinas se realizaron los oficios en los que se pidió el allanamiento y detención y en el que se dispuso el operativo. El Tribunal ordenó el peritaje en dos providencias emitidas el 19 y el 27 de noviembre.

Ciro Guzmán, abogado de tres de los sospechosos, mostró un informe de cinco páginas. Dijo que se trata del análisis a las computadoras del ex juez Juan Pablo Hernández, quien ordenó la prisión preventiva, y Diana Fernández, ex fiscal que dirigió el allanamiento.

Según el escrito, el perito Rafael Melgarejo señala que no halló los oficios en el que Fernández solicitó al juez la orden de detención.

Guzmán aseguró que a las 15:40 del 3 de marzo, la ex fiscal Fernández, ahora jueza del Tribunal IV de Garantías Penales, no contaba con una orden judicial que legalice el allanamiento y el arresto.

El mismo informe concluye que la orden tampoco se halló en la computadora del juez Hernández.

No obstante, el 14 de diciembre pasado, el Tribunal revocó las providencias en las que ordenó la realización del análisis informático.

Esto significa que los documentos que ponían en duda los operativos no se incluirán en el proceso.

Un informe policial señala que durante los operativos se encontraron cuadernos que detallan acciones subversivas que iban a ser ejecutadas en el 2012. Además, que en la revisión de correos electrónicos y los celulares del grupo se halló evidencia que relaciona con las bombas panfletarias.

Se referían a los aparatos explosivos que detonaron entre el 19 de noviembre y el 22 de diciembre del 2011 en Quito, Cuenca y Guayaquil. La Policía ha atribuido la autoría de los atentados al GCP.

¿Qué es el GCP? En su portal oficial, el grupo se autodefine como “una organización político-militar” que tiene “la gran responsabilidad de educar, organizar, movilizar y combatir política y militarmente a las masas de los principales centros urbanos del país”. El grupo surgió en 1992.

Este Diario intentó hablar con gente cercana al grupo. Una persona que tiene contacto con dos mandos medios se comunicó por la Red, pero respondieron que “debido a la coyuntura era muy difícil que algún integrante hablara”. Se referían al caso de los “10 de Luluncoto”, pues la Policía dice que ellos los identifican como “líderes provinciales del GCP”.

En la última parte de la cadena, se dice que el Gobierno “debe precautelar la seguridad de todos y que deja en manos de la justicia”.

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