Las dos personas fueron inculpadas por un asalto violento en un bus. Una de ellas -según testigos- llevaba un cuchillo en la mano y robó un celular. Fueron detenidas el mismo día y el caso no hubiese pasado de ser un registro más de la crónica roja a no ser por dos hechos muy resaltados mediáticamente: los jóvenes vestían el uniforme de su colegio fiscal y no habían asistido a clases.La respuesta oficial fue inmediata: la Policía detendrá a los colegiales que deambulen en horas de clase.La medida -hay que reconocerlo- muestra que desde el poder se admite que la inseguridad es un tema cotidiano en Ecuador. Pero la solución propuesta es desproporcionada: la criminalización de los alumnos, de todos, incluso de sus hijos. Lo evidente es que no existe una política integral de seguridad. Esta resolvería el tema desde todas las aristas, más profundas y duraderas: cambios en la educación; dotación de servicios en zonas pobres; oportunidades culturales, sociales y políticas para jóvenes; generación de empleo para padres desesperados o endeudados… Esos no parecen temas para delegar a la Policía.Pero el Estado, históricamente, no ha encontrado otra solución a la inseguridad que la respuesta punitiva. Mientras eso ocurre, la comunidad se enfrenta a diario, en el barrio, con el verdadero crimen organizado en sus distintos matices. Señores, los narcos, los traficantes de personas, los chulqueros y los sicarios ya no son solo personajes de telenovelas extranjeras.Los palos de ciego en la estrategia parche del Estado son una buena noticia para las mafias: más distracción policial para enraizarse.