Julio del 2010. Se aproximaba el verano y el profesor de Derecho de la Universidad de Nueva York recogía maletas, tras siete años de denunciar, sin protocolos ni diplomacia, la complicidad de los Estados en las ejecuciones extrajudiciales cometidas en África, Oriente Medio y Centro América.
Antes de dejar la ONU, Philip Alston investigaba al Ecuador. Documentó en el país lo ocurrido con muertes sin resolver y apuntó a la Fiscalía y a la Policía, como corresponsables de que Ecuador tuviera la tasa más baja por condenas de muertes en el mundo.
Entre otros motivos, cuestionó que la Policía explicara los crímenes sin resolver con una categoría: “ajuste de cuentas”.
Mayo del 2012. Ecuador devela que la tasa de homicidios bajó de 18 crímenes por 100 000 habitantes en 2010 a 16 homicidios en el 2011.
Mas, el llamado Estudio del Homicidio en el Ecuador, elaborado por la Policía con aval del Ministerio del Interior, otra vez considera al “ajuste de cuentas” como categoría válida para explicar la causalidad del crimen y le atribuye el 40% de homicidios del 2011.
¿Ajuste de cuentas? El informe Alston terminó en la basura. No se trata solo de tres palabras; estas implican encubrimiento. Con las morgues en manos difusas, con ese criterio, concluyó el relator Alston, los policías podrían abstenerse de investigar a los responsables de las muertes, porque se trata de ellos mismos o de otros oficiales.
Una ley del Talión que protege a criminales y justifica las muertes de las víctimas. Impunidad. Comodidad.
Sí, la tasa de homicidios se redujo. Ningún aliento, México también reportó 16 crímenes por cada 100 000 habitantes, pero allí la violencia -desde la incursión del Ejército hace seis años- escala por la guerra entre carteles.