31 de December de 2012 00:03

La independencia del sistema judicial genera dudas

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La audiencia será en 21 días. El Tribunal Tercero de lo Penal de Pichincha deberá conocer el juicio que por presunto terrorismo se sigue en contra de 10 jóvenes. Ellos fueron detenidos en el barrio Luluncoto, en marzo pasado.

En un informe, la Policía dice que páginas de redes sociales, una supuesta guía para elaborar bombas, documentos, conversación por chat, etc. los vincula con el denominado Grupo de Combatientes Populares (GCP).

Este caso se incluyó en el informe final de la Veeduría Internacional (VI) que observó la reforma judicial de 18 meses y que está a cargo del Consejo de la Judicatura de Transición (CJT).

Al referirse al caso Luluncoto, sobre presuntos delitos de sabotaje y terrorismo, la VI señaló: “Ponemos de manifiesto la inquietud por unos hechos cuya calificación jurídico-penal se sustenta en una antigua ley y con un supuesto de hecho que no se compadece mínimamente con la gravedad de la sanción prevista para tal conducta”.

Y fue precisamente la VI la que cuestionó la integración de la actual Corte Nacional de Justicia (CNJ), cuyo concurso dirigió el CJT y comenzó luego de que en la Consulta Popular del 7 de mayo del 2011, el 53,8% de la gente apoyara la reforma del sistema judicial propuesta por el Ejecutivo.

Pero la VI también se refirió a la independencia de la Justicia y habló de fortalecerla, “mediante la adopción de sistemas que consigan la erradicación de los intentos de control político, económico o mediático”.

Además, se aseguró que “la vulnerabilidad de los jueces en el ejercicio de la jurisdicción puede tener su origen no solo en otros poderes del Estado, sino también en sectores económicos, corporativos, mediáticos y los propios de quienes, sometidos a esa jurisdicción, pueden ejercer presión o amenaza para obtener resultados favorables a sus intereses”.

Pese a las observaciones, hasta el cierre de esta edición la Judicatura no se pronunciaba. Dos semanas después de que se hiciera público el informe final, el pasado jueves el presidente de la Judicatura, Paulo Rodríguez, aseguró que se pronunciará solo después de que conozca por completo el análisis presentado por el ex juez español Baltasar Garzón.

Cuando la Judicatura está a 26 días de que cierre su tarea, los trabajos de infraestructura tampoco han terminado, por ejemplo, en Santo Domingo, Guayas, Tungurahua, etc.

Según datos oficiales, entre el 26 de julio del 2011 y el 30 de junio del 2012, en el CJT se suscribieron 247 contratos por USD 247,5 millones.

Allí se citan, por ejemplo, los realizados por emergencia: 100 de bienes y servicios, 99 de obras y diseños, dos de menor cuantía y 22 de régimen especial.Precisamente en el tema de la infraestructura hubo observaciones de la VI y en su informe aseguró que el Consejo de la Judicatura debe publicar las fases precontractuales y contractuales, así como los avances de las obras, costos, valores unitarios de metro cuadrado de construcción y toda la información de los contratistas.

Incluso aseguró que en algunos casos se ha subcontratado y que estos últimos se han quedado sin los recursos suficientes para “cumplir a cabalidad las obras” previstas.

El 30 de enero, la Contraloría ordenó que se iniciara un examen especial a los procesos precontractuales, contractuales y de ejecución, adquisición de obras y prestación de servicios.

Al 20 de julio (fecha de constatación física) se determinó que los productos de las consultorías no se entregaron oportunamente “ya que se encontraron planos con fechas posteriores a las contractuales, sin firmas de diseñadores ni de autoridades de la Judicatura”.

Los datos

El Consejo de la Judicatura de Transición, que termina su período el 26 de enero, serán reemplazados por otros miembros que son seleccionados en este momento.

Los veedores locales a la reforma judicial deberán presentar sus informes hasta el 26 de enero, según el cronograma del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), ente que coordina a estos grupos.

Política / Enero 26

Posesión de la Corte Nacional

Los 21 nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia, entre ellos Mariana Yumbay, la primera mujer indígena en lograr ese cargo, se posesionaron en el Teatro Sucre. El nombramiento de los jueces fue cuestionado por el asambleísta de oposición Andrés Páez, quien denunció supuestas irregularidares.

Narcotráfico / Marzo 16

Miembro de mafia preso en Quito

Juan Carlos  Calle Serna, presunto narcotraficante y supuesto cabecilla de la organización Los Rastrojos, fue detenido por la Policía en un lujoso conjunto habitacional del sector de Lumbisí, en el nororiente de Quito. Según los agentes, en Ecuador el grupo tenía su base en Santo Domingo y Manabí.

Narcotráfico / Mayo 13

Nave mexicana se estrelló

Una avioneta con matrícula mexicana se estrelló en una colina ubicada a 600 metros de la carretera Coaque-Pedernales, en la provincia de Manabí. Los dos tripulantes fallecieron. Ellos tenían documentos del estado mexicano de  Sinaloa. Según la Policía, en la nave se hallaron USD 1,3 millones. Cerca de la avioneta estaban dos pistas aéreas abandonadas.

Política / Agosto 2

Detención de César Fernández

El ex gobernador de Manabí fue detenido por segunda vez y la Policía lo investigó porque presuntamente estaba involucrado en un hecho relacionado con drogas. Anteriormente, él ya había sido aprehendido por narcotráfico pero fue liberado en marzo del 2010. En esa fecha dejó el penal de Quito.

Justicia / Diciembre  13

Baltasar Garzón presentó su informe

En un documento de 132 páginas, el juez español Baltasar Garzón cuestionó la selección de seis  jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). La Veeduría Internacional, encabezada por Garzón, señaló que los magistrados recibieron puntajes antitécnicos y sin fundamento legal. Además, se habló de la independencia judicial en el país y se recomendó que esta sea garantizada.

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