11 de June de 2010 00:00

Indagaciones contra policías por supuestas violaciones a DD.HH. se reabrirán

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Redacción Judicial

Las denuncias que por supuesta violación a los derechos humanos fueron archivadas por la Policía serán reabiertas. El Ministerio de Gobierno dispuso ayer que la Unidad de Asuntos Internos de la institución del orden “analice todos los casos, aún cuando hubiese transcurrido el tiempo procesal de investigación”.

El ministro Gustavo Jalkh dijo que esta decisión se tomó porque “se conocen denuncias de violación a DD.HH. que han sido cerradas sin una adecuada investigación o casos en que aparecieron nuevos elementos que puedan determinar posibles responsabilidades en policías”.

Para “hacer efectiva” la disposición, el funcionario suscribió el Acuerdo Ministerial 1435, fechado el 9 de junio. En el séptimo considerado del documento de dos páginas se indica que de no cumplir la disposición se puede fomentar “la impunidad y repetición de los hechos”.

El informe que la noche del lunes presentara la Comisión de la Verdad (CV) identificó a 458 personas como supuestas responsables de cometer crímenes de lesa humanidad entre 1984 y el 2008. La presidenta de la CV, Elsie Monge, señaló que229, de ese total, corresponden a policías en servicio activo y pasivo.

El Gobierno ordenó al comandante general de Policía, Freddy Martínez, la elaboración de un informe bimensual con resultados de las investigaciones del caso.

Hasta ahora ningún miembro del Mando de la Policía se ha pronunciado respecto a posibles torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales que habrían cometido elementos uniformados durante 25 años. Para las 16:00 de ayer estaba prevista una rueda de prensa de Martínez, para tratar otros temas, pero ese evento fue suspendido.

En la mañana, Jalkh recibió a cinco integrantes del denominado Comité Ecuatoriano contra la Impunidad (CEI). Allí, Mireya Cárdenas (ex Alfaro Vive Carajo) pidió sanciones a los policías que siguen en la entidad.

En la Comisión de la Verdad se desconoce cuántos de los involucrados aún están en actividad.

Monge planteó que se eliminen las prácticas de tortura en los cuerpos policiales. Alertó que las víctimas que dieron su testimonio en la investigación de la CV han recibido amenazas.

El primer caso se registró el martes, tras la presentación del proyecto de Ley de Víctimas en la Asamblea, cuando uno de los comandos de Taura (no se identificó) recibió una llamada telefónica en la que le alertaron de un juicio en caso de seguir con la denuncia.

Monge también denunció que la vivienda de un ex marino dado de baja, cuyo caso consta en el informe, fue baleado el miércoles. Por eso inició gestiones en la Fiscalía para que su unidad especializada brindara protección a las víctimas, familiares y testigos.

Hasta la tarde de ayer, en esta entidad no se recibía petición alguna. Cristian Lombeida, director nacional de la Unidad de Protección de Víctimas de la Fiscalía, señaló que si ingresan las peticiones se asignará “de inmediato protección policial las 24 horas”.

Monge y la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos, entidad que ella dirige y en donde permaneció ayer, tampoco tiene protección policial. Pero ella dice estar tranquila. “Esto ya es parte del compromiso que tenemos con el tema. Lo irónico es que las mismas precauciones que siempre sugerimos a las personas afectadas en sus derechos ahora las tenemos que aplicar nosotros”.

La Comisión de la Verdad remitió un pedido a la Fiscalía General del Estado para que fije fecha y hora para la entrega de los resultados de la investigación de posible violación desde el Estado a los DD.HH. entre 1984 y el 2008.

Reacciones

Miguel Orellana Arenas/ Ex secretario  presidencial y yerno de   Febres Cordero 

‘Es irrisorio que me involucren’

Formé parte del gobierno del presidente León Febres Cordero hasta el 4 de enero de 1987. Los sucesos de Taura acontecieron el 16 de enero de ese año. Es poco menos que irrisorio que se me pretenda involucrar en un caso en el que no tuve ni la más cercana participación, menos haber presenciado interrogatorios u otras acciones.

En lo relacionado al caso de Ricardo Arturo Jarrín (ex miembro de Alfaro Vive Carajo), la justicia ordinaria lo  sentenció. Mi función no tenía ninguna relación con lo investigado. Son los dos únicos casos en los que el informe de la Comisión de la Verdad me menciona.

Cualquier antojadiza pretensión de involucrarme en violaciones o acciones fuera de la ley tendrá  respuesta. No permitiré  que algún descalificado aspire a notoriedad política con base en escándalos montados y mentiras repetidas a través de los años.

 

José Bolívar Castillo/ Ex alcalde de Loja

‘Hay una línea izquierdosa en la CV’

Al pobre monseñor (Alberto) Luna lo utilizaron. Es probable que al señor (Pedro) Restrepo también. Ahí (en la Comisión de la Verdad) hay una línea izquierdosa detrás, presidida por Elsie Monge.

Fui alcalde de Loja de 1988 a 1992. Luego fui sucedido por la administración del doctor Jorge Reyes Jaramillo (1992-1996). Yo regresé a la Alcaldía en agosto de 1996 y continué hasta enero del 2005. Sin embargo, el informe señala sobre un joven violentado por responder al Alcalde de Loja.

Eso ocurrió el 1 de enero de 1994. Yo, para entonces, tenía un contrato de consultoría con el Banco Mundial. Estaba haciendo un trabajo en Quito. Elaboraba el Plan Nacional de Descentralización y Regionalización. Vine a la Comisión de la Verdad y nunca fui recibido. Mandé oficios y me negaron.

A Julio César Trujillo, quien fue mi maestro, lo llamé varias veces, y no me recibió. Hablé con monseñor Luna. Me dijo: ‘Chato’, estoy consciente de que esta es una patraña sucia contra vos.

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