La Fiscalía General del Estado defiende su trabajo. En un comunicado difundido el jueves señala que entre enero y septiembre de este año, el organismo registró 168 780 “hechos presumiblemente delictivos”.
Según el comunicado, la Fiscalía inició indagación previa en el 80% de casos. Se desestimaron o archivaron 59 217 casos, se formularon cargos en 18 733 y se emitieron 12 620 dictámenes.
De las 8 369 acusaciones formuladas por la Fiscalía -dice el documento- los jueces han llamado a juicio en el 92% de los casos y se han dado 4 056 sentencias condenatorias.
No obstante, el trabajo de la Fiscalía fue criticado por el relator de la ONU, Philip Alston, durante su última visita al país, entre el 5 y el 15 de julio pasados.
Dijo que el organismo “parece más preocupado por las relaciones públicas que por la condena de autores de graves crímenes”.
La impunidad -destacó el relator en su informe de nueve páginas- se debe a que los testigos tienen temor a poner denuncias y a rendir testimonios. “Casi todos los testigos y las víctimas con los que hablé personalmente temen por su propia vida”.
Esa situación es mucho más grave en las zonas fronterizas, donde la ausencia del Estado ha sido notoria desde hace varias décadas, y ese vacío es llenado por grupos ilegales armados.
El jurista Farith Simon sostiene que en el actual sistema las víctimas de la delincuencia en el país y los testigos están desprotegidos, tienen pocas garantías para seguir los procesos.
Esa falencia ha tratado de suplirse con el programa de Protección de Testigos, que cubre a 3 625 personas, y es impulsado por la Fiscalía. Su presupuesto aumentó este año a USD 1 millón, en comparación con los fondos que se manejaban el año anterior: USD 90 000.